La UE pide a Sánchez que deje de dar beneficios a presos de ETA que no colaboren con la Justicia

Este periódico ha accedido al primer borrador de su informe, muy crítico con "la falta de justicia" para las víctimas. El dictamen, de 39 páginas y redactado en inglés, también subraya "el alto nivel de impunidad" y la necesidad de que "las autoridades españolas" tomen acciones "para resolver casos pendientes".

El documento destaca que el hecho de que "ningún antiguo miembro de ETA ha colaborado hasta la fecha en la resolución de casos abiertos", como una de las las razones clave para "este significativo porcentaje de asesinatos que no han sido resueltos por los cuerpos de seguridad o la Justicia".

Esta conclusión de los eurodiputados encaja con la información publicada este jueves por EL ESPAÑOL que desvela la complicidad entre altos cargos del Ministerio del Interior y el entorno de la izquierda radical vasca a la hora de beneficiar a los presos etarras. Todo, en el contexto de una política sistemática, denunciada por las víctimas, de acercamiento de presos, traspaso de competencias en Prisiones y concesiones de beneficios penitenciarios.

La delegación de la Eurocámara estaba formada por un representante de los cuatro principales grupos: la popular francesa Agnès Evren; el socialista maltés Alex Agius Saliba; el liberal rumano Vlad Gheorghe; y el conservador polaco Kosma Złotowski.

Jorge Buxadé (Vox-Esp), Vlad Gheorghe (Ren-Rum), Maite Pagaza (Cs-Esp), Alex Agius Saliba (S&D-Mal), Agnès Evren (EPP-Fra), Cristina Maestre (PSOE-Esp), Dolors Montserrat (PP-Esp) y Kosma Złotowski (ECR-Pol). EP

El socialista maltés, en un momento de las entrevistas con asociaciones de víctimas, afirma haber quedado impresionado por "los continuos efectos devastadores de los ataques terroristas" sobre ellas.

En sus conclusiones, los eurodiputados señalan lo incongruente de esta impunidad, ya que "se ha constatado la existencia de instrumentos jurídicos y jurisprudencia interna del propio Estado español que podrían conducir al esclarecimiento de muchos de estos asesinatos".

Y se preguntan, concretamente la representante francesa, "por qué tantos casos siguen sin resolverse". Sobre todo, porque, apuntan, se podría lograr presionando a los etarras presos, "a través de la responsabilidad directa de los líderes que ostentaban el control real de la organización y de los crímenes".

Después de sus trabajos, en un tour intenso de visitas y entrevistas, los miembros de la delegación llevan más de cuatro meses trabajando en las conclusiones de sus trabajos. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe final, todavía sujeto a enmiendas, en el que destacan las prolijas descripciones, las justificaciones, los datos y, sobre todo, las conclusiones y recomendaciones.

Beneficios y homenajes

Entre ellas, el Parlamento Europeo urge "a las instituciones competentes a que los beneficios penitenciarios que puedan otorgarse a los condenados por terrorismo estén ligados a su cooperación en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento, como muestra adicional de su verdadero arrepentimiento". 

Y además, reclama el cumplimiento de las "disposiciones establecidas en la resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2018", a resultas de los trabajos del Comité Especial sobre Terrorismo 2018/2044.

Esto en un aspecto que consideran fundamental los eurodiputados -de todas las sensibilidades políticas, recordemos-, que reclaman prohibir los ongi etorri. Es decir, modificar el Código Penal para "tipificar como delito el enaltecimiento de un acto específico de terrorismo en tanto humilla a las víctimas y provoca una victimización secundaria al lesionar su dignidad y su recuperación".

A ese respecto, Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero y presidente de Dignidad y Justicia, explica -como recoge el dictamen- que "nadie podía imaginar que los terroristas que atacaron el Bataclan en París [...] serían honrados cuando salieran de prisión".

Según Portero, los ongi etorri son "una forma de terrorismo que se esconde tras las siglas de un partido político llamado EH Bildu, sucesor de Batasuna, que es capaz de influir en las decisiones políticas del Gobierno".

El 44% sin resolver

El eurodiputado conservador polaco Złotowski advierte del peligro de esta posibilidad, ya que cree "muy típico de las fuerzas de izquierda cambiar las tornas [como] la forma más efectiva de lograr la paz nacional". Rememorando "similitudes" con la era comunista de su país, donde "las autoridades vendían un pasado y un futuro glorioso, pero la realidad era repugnante".

En su opinión, ese tipo de aproximación a hechos terribles, como el terrorismo concentrado en una parte de la sociedad contra la otra, facilita visiones voluntaristas: "Las ideas de que 'como estamos luchando por la paz, las pocas víctimas no cuentan porque al final ganamos todos' acaban por negar a las víctimas, pero las familias de estas víctimas viven y sus vidas han cambiado". 

Un policía ante los restos del coche bomba del atentado de en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, a 14 de julio de 1986. EP

Según los testimonios recabados por este periódico, los cuatro miembros del Parlamento Europeo quedaron "impresionados" no sólo por el hecho de que haya 379 asesinatos de ETA sin juicio ni culpables conocidos, sino porque estos casos supongan "el 44% de los crímenes" de la banda en su "casi medio siglo de acción terrorista".

Además, les llamó la atención el parón en los avances policiales y judiciales desde que hace ahora 10 años, la banda terrorista anunció el fin de sus atentados, secuestros y extorsiones. No en vano, el informe recoge que "desde 2011", cuando la organización asesina vasca anunció "el fin de las acciones armadas", solamente "se han producido 11 detenciones relacionadas con delitos de ETA".

Junto a estos cuatro eurodiputados extranjeros, compartieron visita y entrevistas con todas las fundaciones públicas y privadas, las autoridades policiales, judiciales, administrativas y fiscales -además de con las víctimas del terrorismo agrupadas en distintas asociaciones-, cuatro representantes españoles. 

Además de las impulsoras principales, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua y la actual presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara (PETI), la popular Dolors Montserrat, formaron parte de la delegación como "miembros de oficio" la socialista Cristina Maestre y el portavoz de Vox, Jorge Buxadé.

La delegación atendía una demanda de la asociación Dignidad y Justicia, cinco años después de ser presentada por uno de sus representantes, el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias.

La petición

En su petición (n° 1525/2016), tal como recoge el informe en sus primeras páginas, "el peticionario alega que en España aún quedan 379 asesinatos sin resolver perpetrados por la banda terrorista ETA". El borrador del dictamen destaca que "esto significaría que casi la mitad (más precisamente el 44%) de los asesinatos perpetrados por ETA no han tenido justicia".

La demanda, presentada a la Eurocámara en 2016, denunciaba el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una "investigación oficial, eficaz e independiente", por lo que no es capaz de enjuiciar a los autores ni de indemnizar a las familias de las víctimas. E instaba al Parlamento Europeo y a la comisión PETI a examinar este asunto.

El peticionario reclamaba al Parlamento que pidiera al Gobierno español una explicación satisfactoria de por qué hay tantos asesinatos sin resolver perpetrados por ETA. Y solicitaba además a la Eurocámara que formulara recomendaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez instando a las autoridades a tomar todas las medidas que sean necesarias para investigar, enjuiciar, imponer las sanciones apropiadas y para proporcionar verdad y reparación, de conformidad con los estándares internacionales.

Delitos de expresión

Es por eso que otra de las conclusiones del informe -todavía en fase preliminar- incide más prolijamente en los hechos más actuales relacionados con ETA: primero, las dificultades -materiales, legales y jurídicas- para seguir adelante con casos estancados, entre ellas, "la de convertir las pruebas policiales o de inteligencia en pruebas judiciales", como lamenta el general de brigada Valentín Díaz Blanco, de la Guardia Civil.

Segundo, la ausencia de colaboración de otros países. Notoriamente, Cuba y Venezuela. Pero también socios de la UE como Bélgica, a la que citan varios de los eurodiputados "por haber dejado pasar hasta 20 años hasta autorizar la extradición" de un etarra.

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). ADP

Y finalmente, los homenajes públicos a los asesinos, secuestradores, extorsionadores y líderes terroristas, a su salida de prisión tras cumplir condena se suelen amparar en el derecho a la libertad de expresión.

La polémica sobre los delitos de este tipo se debate en la actual reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y no hay unidad de criterio sobre los llamados delitos de expresión ni siquiera en el seno del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, enfrentados por sus diversas concepciones. En todo caso, son los agentes de la autoridad, jueces y policías, los que se dicen "atados de manos" para prevenir, prohibir o actuar contra estas exaltaciones del crimen.

Reformar el Código Penal

El Parlamento Europeo señala que el Gobierno de Sánchez debe "promover, a través de todas las instituciones competentes, que se evite la exaltación pública de los terroristas condenados al salir de prisión, por el dolor y la victimización secundaria que ello conlleva para las víctimas del terrorismo".

Y para "prevenir la humillación de las víctimas a través de tales actos", plantea una reforma del Código Penal que separe claramente estas dos ofensas: la glorificación del crimen y la victimización secundaria, para clarificar "el tipo penal en una futura reforma legislativa nacional" que permita prohibir los ongi etorri.

La eurodiputada socialista Maestre se pregunta por la impunidad, los "posibles fallos del Estado y de las normas del Estado de derecho". A la pregunta de qué se puede hacer para hacer frente a esta situación, subraya que "los condenados por terrorismo que regresan a trabajar como servidores públicos, a pesar de sus condenas, pueden aumentar la victimización".

A la espera de oficializar el dictamen, los eurodiputados siguen trabajando en el informe, que incluye una serie de 28 "acciones recomendadas a las instituciones europeas". Y finalmente, asume la solicitud de que se informe a Dignidad y Justicia de cualquier avance en la investigación, al tiempo que deja abierta la puerta a nuevas iniciativas ante el Gobierno de España, ya que establece que los trabajos de la misión "permanecerán abiertos".