El 7 de octubre de 2020, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sorprendía en el Congreso de los Diputados anunciando la derogación de la reforma de la ley del aborto firmada por el Partido Popular en 2015, según la cual se impedía a las menores de edad interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.
Era la primera vez que la ministra ponía sobre la mesa la reforma de la ley del aborto. Durante este año y medio, ha ido añadiendo nuevas vertientes y matices. Ahora, el equipo de Irene Montero ultima un borrador que presentará a Pedro Sánchez.
El proyecto de la reforma de la "Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" se quiere presentar como un trabajo en equipo del Gobierno de coalición, aunque Montero está llevando la voz cantante.
Así lo confirman distintos sanitarios que han acudido a las reuniones de la ministra con el sector. Todos aseguran que Montero está liderando el borrador de una reforma que en algunos puntos gusta al PSOE, pero en otros no. Se trata de una ambiciosa modificación legislativa que influye en otros departamentos como Educación, Sanidad o, incluso, Hacienda.
Por ejemplo, hace apenas una semana la ministra de Igualdad anunciaba que establecerá la distribución gratuita de tampones y compresas en las escuelas e institutos para reducir "esa brecha que muchas veces genera situación de pobreza".
Esta medida se unirá al acuerdo alcanzado por el Gobierno de establecer el IVA superreducido para esos productos de higiene femenina. De ser así, el IVA de las compresas, los tampones y productos similares bajarían al 4%.
Puntos comunes PSOE-UP
La amplitud de matices que pretende introducir la reforma legislativa (que van desde controlar la práctica del aborto hasta el derecho reproductivo, pasando por cómo y dónde parir) hace que Montero tenga muchos aspectos que negociar con el PSOE. En algunos está de acuerdo con sus socios del Gobierno y en otros no.
Uno de los puntos de coincidencia es la persecución de la gestación subrogada, que Irene Montero definió en el mes de octubre como "explotación reproductiva".
En ese momento, y acompañada de la expresidenta Carmen Calvo, Montero aseguró que la futura ley del aborto perseguiría la gestación subrogada como un tipo de "violencia contra las mujeres".
Además, la reforma de la "Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" pretende incluir la necesidad de añadir al CV educativo la asignatura obligatoria de "educación sexual y afectiva".
Este punto también es algo en lo que Montero coincide con el PSOE. Precisamente con este partido tendrá que negociar el equipo de Igualdad, pues la socialista Pilar Alegría es quien encarna la cartera de Educación.
Del mismo modo, Montero quiere eliminar la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación. Una modificación que se incluyó en la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015, firmada por el PP.
Diferencias PSOE-UP
Las principales discrepancias entre los socios del Gobierno se centran en la práctica clínica de los médicos. Desde el PSOE no han comulgado con la necesidad de hacer un listado de médicos objetores, ni son partidarios de eliminar los 3 días de reflexión que tiene la madre antes de abortar.
Tampoco están muy a favor de las iniciativas más 'alternativas' de Montero, como la opción de dar a luz en casas de partos. Un espacio sanitario que, por ahora, no existe en España. La propuesta de este tipo de instalaciones llegó al Ministerio de Igualdad en una de las múltiples reuniones que han tenido con profesionales sanitarios y fue bien recibida, tanto por enfermeros como por médicos.
Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, asegura que pueden ser una forma de atención siempre que estén basados "en la evidencia científica" y avalados por una serie de estándares de calidad.
En estos momentos, la Asociación de Matronas de Europa ya ha aprobado la que podría ser la base científica de estos futuros centros de nacimiento en España. Estos espacios –en el resto del mundo suelen ser de titularidad privada y gestionados por matronas– tienen como principal atractivo ofrecer a las madres protocolos específicos para el desarrollo del parto natural.
Sobre el listado de médicos que se niegan a practicar abortos, Cobo pide un diálogo "calmado" con los órganos deontológicos. Reconoce que la existencia de estas listas de objetores no es algo sobre lo que se puedan posicionar en contra, puesto que el Tribunal Constitucional ya las ha considerado "adecuadas".
Aun así, insiste en que fuera de la "discusión jurídica" está la "utilidad" o el hecho de que las listas "no se utilicen de una manera adecuada". Pero, para eso, insiste Cobo en que habrá que afrontar el debate deontológico.
Además, los términos semánticos de la futura ley pueden acarrearle a Montero enfrentamientos con Carolina Darias. Los médicos ya han mostrado a la ministra de Sanidad su disconformidad con que se hable de "violencia obstétrica machista" cuando un profesional incurre en una mala praxis durante el parto.
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