Unidas Podemos, Bildu e Izquierda Unida, integrados en el Grupo de la Izquierda Unitaria, ahora llamado The Left, en el Parlamento Europeo, maniobran para que la Eurocámara no condene a Vladímir Putin por sus "injerencias en Cataluña". El grupo de la izquierda radical ha solicitado una votación por partes del informe final sobre Injerencias extranjeras, que llega este miércoles al pleno de Estrasburgo.
La intención de los eurodiputados de estas formaciones, según las fuentes europeas consultadas, es suprimir el párrafo BG del informe final, al que ha tenido acceso este periódico en exclusiva. Dentro del apartado de consideraciones, este apartado hace referencia a los "contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España".
El texto que buscan eliminar, de la mano de la extrema derecha de Identidad y Democracia (ID), añade que estas injerencias "demostradas" requieren de "una investigación". Además, constata que "forman parte de una estrategia más amplia de Rusia para desestabilizar la Unión".
Las enmiendas al texto se votarán este martes en el pleno de Estrasburgo, al que asistirá el expresident huido de la Justicia española, Carles Puigdemont, a partir de las 20.00 horas. El grupo de ultraderechistas, en el que están la formación francesa de Marine Le Pen (Agrupación Nacional) y la italiana de Matteo Salvini (Lega), entre otras, ha reclamado una votación por separado del párrafo, para impulsar su eliminación completa.
Mención aparte tiene la postura del portavoz de Vox en el Parlamento Europeo. El pasado 25 de febrero, Jorge Buxadé votó a favor del compromiso 170a que menciona contactos de secesionistas catalanes con oficiales rusos. Sin embargo, a la hora de tomar postura sobre el documento completo, votó en contra del informe final de INGE.
Conclusiones del informe
Los trabajos de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea (INGE) fueron encargados por el pleno el 18 de junio de 2020, y comenzaron el 23 de septiembre del mismo año.
Las conclusiones de la ponente del documento, la democristiana letona Sandra Kalniete (Partido Popular Europeo) reflejan "la realidad, el alcance y la extrema sofisticación de la infinidad de formas adoptadas por las agresivas operaciones de injerencia decididas y financiadas por agentes extranjeros contra la Unión".
El texto advierte "con preocupación" de "la rapidez de la adaptación, la volatilidad y la aceleración de este fenómeno a través de nuevos agentes, discursos y herramientas en el plazo de un sólo año", cuando fue redactado.
El párrafo en cuestión que luchan por eliminar los eurodiputados del socio minoritario del Gobierno de Pedro Sánchez, y su aliado independentista vasco junto a los líderes ultraderechistas, señala textualmente a la Rusia de Putin como un agente que "pretende establecer contactos con partidos, personalidades y movimientos".
El objetivo, apunta el documento, es "apoyarse en agentes de dentro de las instituciones de la Unión para legitimar las posiciones rusas y los Gobiernos interpuestos y presionar para que se atenúen las sanciones y se mitiguen las consecuencias del aislamiento internacional".
Además, identifica partidos concretos que "han firmado acuerdos con el partido Rusia Unida" del presidente ruso, como "el austriaco Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), el francés Rassemblement National (Le Pen) y la Lega italiana". Según el documento, esas formaciones "se enfrentan ahora a acusaciones de los medios de comunicación de que están dispuestos a aceptar financiación política de Rusia", aunque el texto no lo da por confirmado.
Asimismo, advierte de que otros partidos europeos, como el alemán Alternative für Deutschland (AfD), los húngaros Fidesz (del primer ministro Viktor Orbán)y Jobbik y el Partido del Brexit en Reino Unido "mantienen también un estrecho contacto con el Kremlin y que la AfD y Jobbik también han trabajado como 'observadores electorales' en las elecciones controladas por Kremlin, por ejemplo en Donetsk y Luhansk".
Éstas son las regiones en las que el régimen ruso financió grupos mercenarios en 2014 para generar una falsa guerra civil con inspiración prorrusa.
El trabajo operado por estas formaciones en esas dos regiones, conocidas como el Donbás y hoy una de las excusas esgrimidas por Putin para su invasión, consistió en "legitimar las elecciones patrocinadas por Rusia" tras la ocupación y en los recientes procesos de la misma Rusia.
De hecho, antes del ataque a suelo ucraniano, las autoridades del Kremlin entregaron cientos de miles de pasaportes de Rusia en las dos provincias. La estrategia buscaba legitimar la "defensa" de ciudadanos rusos en suelo ucraniano, que estarían siendo objeto de "un genocidio" orquestado por "el Gobierno nazi" de Volodímir Zelenski en Kiev.
Finalmente, la mención a España y a la injerencia rusa durante el 'procés' independentista catalán de 2017 se expresa, de la mano del Brexit, en los siguientes términos: "Las conclusiones sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España, así como entre funcionarios rusos y el mayor donante privado para la campaña salida del Reino Unido de la Unión Europea, requieren una investigación en profundidad y forman parte de la estrategia más amplia de Rusia para aprovechar todas y cada una de las oportunidades para manipular el discurso con el fin de promover la desestabilización".
"Exagera la amenaza rusa"
El informe, de 71 páginas, incluye una especie de voto particular de una de las miembros de la comisión. Es precisamente Clare Daly, del partido irlandés Independents 4 Change, e integrada en The Left, junto a Podemos, Bildu e IU. En tres párrafos, la eurodiputada irlandesa establece la enmienda a la totalidad del texto, a los trabajos de la comisión y a la misma Unión Europea y sus fundamentos.
Daly admite que "las injerencias extranjeras suponen un grave perjuicio social y merecen especial atención". Sin embargo, aclara que "no son nuevas ni se producen exclusivamente en Europa". De hecho, asegura que "entre los ejemplos de injerencia en los procesos democráticos en la Unión, el más relevante y sistémico es el de
grandes concentraciones de capitales, tanto extranjeros como europeos, que influyen en la elaboración de la legislación y la definición de políticas".
En su opinión, "esto hecho apenas ha sido reconocido por la mayoría en la Comisión INGE, que prefiere mantener una narrativa engañosa sobre una Europa víctima de adversarios geopolíticos malintencionados".
La política irlandesa acusa a sus compañeros de haber "utilizado la investigación para exagerar la amenaza de la injerencia rusa y china", de ignorar las causas materiales de la crisis de la legitimidad política en Europa, de "estigmatizar los desacuerdos con la política exterior oficial de la Unión" y de establecer "motivos de seguridad para limitar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales".
Su conclusión es que el informe resultante "carente de equilibrio y objetividad, ya que constituye en sí mismo desinformación". Pero no se queda ahí, y llega a sugerir que el Parlamento Europeo abraza la guerra plegándose a los intereses de los lobbys de Bruselas.
Esto sería así, según la postura de la representante del grupo de Podemos, Bildu e IU en la Comisión INGE, por el predominio en este informe de "conocimientos especializados" procedentes de "los grupos de reflexión atlantistas y de la OTAN, que presionan en favor de intereses que se benefician del conflicto".
Estos mismos grupos de presión, apunta Daly, deberían "considerarse en sí mismos una forma de injerencia extranjera". En definitiva, diagnostica que "la orientación política a la que el presente informe vincula a la Unión supone un perjuicio grave y duradero para el carácter democrático de las sociedades europeas.
Y sentencia: "Las generaciones futuras se arrepentirán de este documento".
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