El Gobierno está volcado este miércoles en la negociación con ERC para poder salvar este jueves el proyecto de ley de vivienda en el Congreso.
El texto será sometido a votación por primera vez en el Pleno para que inicie su trámite en las dos Cámaras. Los independentistas catalanes tienen en su mano tumbar la norma y, por el momento, la rechazan de forma radical por entender que afecta a competencias de la Generalitat.
El PP, Cs, PNV, PDeCAT y Junts han registrado enmiendas de totalidad pidiendo la devolución de la iniciativa al Gobierno, mientras que ERC ha registrado una enmienda a la totalidad para sustituir la ley del Ejecutivo por un texto alternativo.
Primero se votarán en bloque las enmiendas de devolución y luego la de totalidad de ERC. Si el grupo de Gabriel Rufián se une a las de devolución, la norma habrá terminado su camino parlamentario nada más iniciarse. Su intención es bloquear el texto.
El Gobierno espera seguir negociando con ERC hasta el mismo momento de la votación. Las conversaciones se hacen contrarreloj. Actualmente el Ejecutivo tiene recurrida la Ley catalana de Vivienda ante el Tribunal Constitucional y los independentistas catalanes exigen la retirada de este recurso o que, al menos, el nuevo texto que llega al Congreso, ampare sus posiciones.
El proyecto de ley tuvo un camino tortuoso dentro del propio Gobierno, porque fue una exigencia de Unidas Podemos y contó con la resistencia del PSOE. Finalmente, se pactó el texto enviado a las Cortes, pero Unidas Podemos mantiene la sospecha de que los socialistas pueden intentar bloquearlo en el Congreso.
Por el momento, el Ejecutivo no ha logrado ningún apoyo a su proyecto de ley. Sus socios parlamentarios habituales consideran que afecta a competencias autonómicas y que por eso no pueden apoyarla.
Objeciones del CGPJ
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 1 de febrero el proyecto de Ley de Vivienda. Lo hizo sin atender las graves salvedades que detectó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su dictamen preceptivo.
El informe del Poder Judicial al anteproyecto contenía una seria crítica a la interferencia que, a su juicio, se producirá en las competencias de las Comunidades Autónomas, con una "clara limitación" de las facultades que les corresponden y sin que para ello exista una justificación.
El dictamen, lleno de argumentación jurídica y de referencias a la jurisprudencia del Constitucional, parte del recordatorio de que la vivienda constituye una materia de titularidad autonómica. Y que, por tanto, el anteproyecto del Gobierno central debería "ceñirse al ámbito incidental de las competencias estatales".