Todos los partidos, salvo Vox, han aprobado este jueves la creación de una comisión para investigar la pederastia en la Iglesia, que coordinará el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, junto a un grupo de expertos. La novedad es el apoyo del PP, que en la era de Pablo Casado rechazó esta iniciativa al considerar que la investigación de los abusos sexuales a menores debían extenderse "a todas las instituciones". 

Tras una negociación que ha durado varias semanas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han logrado in extremis un acuerdo y han decidido apoyar la propuesta de PSOE y PNV de vehicular esta comisión a través del Defensor del Pueblo, así como la comparecencia en el Congreso de las víctimas que quieran hacerlo "con luz y taquígrafos". 

"Hemos llegado a un acuerdo que cumple con nuestras principales reivindicaciones", ha confirmado este jueves el presidente de Unidas Podemos y de los comunes en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, en rueda de prensa junto a representantes de ERC y EH Bildu poco antes de la votación en el Congreso.

Asens ha asegurado que "habrá una verdadera Comisión de la Verdad" para esclarecer los abusos sexuales en la Iglesia que tendrá "poderes" para "obligar" a sus miembros a "cooperar".

"Hoy es un día importante en la lucha contra la impunidad de los abusos sexuales de los menores en la Iglesia", ha dicho, para remarcar que habrá comparecencias en el Congreso con "luz y taquígrafos" y que la comisión que investigará estos abusos "no será opaca". 

Ángel Gabilondo

Fue el pasado 26 de enero cuando Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registaron en el Congreso de los Diputados una petición conjunta para crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica, que calificaron de "hechos abominables".

El objetivo era la creación de una comisión parlamentaria para "conocer toda la verdad, reparar a las víctimas, depurar responsabilidades y que esto no vuelva a suceder nunca más".

Sin embargo, el PSOE registró su propia investigación con una proposición no de ley en la que se pidió al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, liderar una investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia Católica a través de una comisión en la que habría expertos independientes y representantes de los obispos.

Esta propuesta fue apoyada desde el inicio por PNV y ahora, más de un mes después, por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu y el resto de partidos, salvo la ultraderecha de Vox.

El PP se suma al acuerdo

Desde el inicio, PP y Vox se mostraron en contra de crear esta comisión pidiendo que se investigara "todos los abusos a menores y no sólo los ocurridos en el seno de la Iglesia Católica", haciendo referencia a los casos de abusos de menores tuteladas en Valencia y Baleares.

"Se tiene que investigar todo, hasta el Papa lo ha dicho y el PP se sumará a todas las iniciativas internas que la Iglesia decida hacer. En el Parlamento, lo que pedimos es que la investigación se haga a todos los casos de pederastia en todas las instituciones, ya sea la Iglesia, o instituciones políticas como en Valencia y Baleares", dijo Pablo Casado el pasado 31 de enero. 

Hoy, el PP se ha sumado al apoyo a la iniciativa de una comisión coordinada y dirigida por el Defensor del Pueblo.

Desde Vox, José María Sánchez ha declarado que esta comisión es relativa a "una cuestión de la mayor gravedad moral, como es la de los abusos sexuales en la infancia y adolescencia, que no debe ser objeto de un tratamiento político en el peor de los sentidos".

La 'auditoría' de la Iglesia

Mientras se pone en marcha esta comisión a través del Defensor del Pueblo, la Iglesia Católica española se someterá a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno. 

La auditoría la realizará el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para dar "un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia", dijo Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopa, el pasado 22 de febrero.

Esta auditoría, según explicó, Javier Cremades, socio del despacho de abogados, "se hace para colaborar con el Gobierno también" para analizar "cómo este trabajado se puede cordinar con el de ellos". "Se trata de establecer un puente con las autoridades, y utilizar indistintamente todos los instrumentos disponibles para avanzar en la investigación", declaró. 

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