Yolanda Díaz, "la mejor ministra de Trabajo", sufrirá huelga de todos los sindicatos en su Ministerio

La imagen de Yolanda Díaz como "la mejor ministra de Trabajo de la historia", construida por Podemos sobre su capacidad de alcanzar grandes acuerdos con los agentes sociales, se tambalea.

Los ocho sindicatos con representación en su Ministerio (encabezados por CCOO, UGT y CSIF) han convocado para el 30 de marzo una huelga del personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: acusan a Yolanda Díaz de incumplir los compromisos adquiridos el pasado 7 de julio sobre incremento de plantilla y mejora de sus condiciones laborales.

Los sindicatos denuncian que la falta de medios va a impedir vigilar el cumplimiento de la reforma laboral, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 3 de febrero y que constituye uno de los principales retos del actual Gobierno.

Están convocados a esta huelga los más de 2.900 empleados adscritos en toda España al organismo autónomo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (incluyendo inspectores, subinspectores, personal laboral y administrativo). 

El PSOE frena a Díaz

Eso sí, los sindicatos sospechan que Yolanda Díaz no es la única responsable de estos incumplimientos, y que el PSOE le está parando los pies en el seno del Gobierno para impedir que despegue su liderazgo político.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 ya incluyeron un incremento del 12,5% de la partida destinada a Inspección de Trabajo, hasta los 197,81 millones de euros, con el fin de atender el aumento de plantilla pactado y la mejora de sus retribuciones. 

Sin embargo, ninguna de estas dos medidas se ha podido desarrollar hasta ahora porque las mantiene bloqueadas el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, según denuncian los sindicatos.

"La información que nos transmiten desde el Ministerio es que el canal de comunicación está completamente roto con Hacienda, que se niega a autorizar todas las mejoras pactadas", explica a EL ESPAÑOL Josetxo Gandara desde el sindicato CCOO.

Lucha contra el fraude

"Tenemos pocas dudas de que todo sería más fácil si Trabajo estuviera en manos del PSOE", añade. Pero también reprocha que el departamento que dirige Yolanda Díaz haya sido incapaz de mantener el pulso frente a Hacienda, para defender las mejoras pactadas hace ya ocho meses con los sindicatos.

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció el pasado 16 de noviembre un ambicioso Plan Estratégico de Inspección de Trabajo para el período 2021-2023, que multiplicará las campañas para detectar el fraude entre los autónomos, en la agricultura y el transporte. También pretende reducir la precaridad laboral entre las empleadas del hogar y reducir la siniestralidad en sectores como la construcción y la industria.

Entre otras novedades, el Ministerio de Yolanda Díaz anunció la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación y una Unidad Especializada contra el Fraude Transnacional. Además, el Ministerio se propone recurrir a avanzadas técnicas de big data e Inteligencia Artificial para detectar el fraude en las contrataciones.

Los representantes sindicales no dan crédito a estos anuncios, puesto que el organismo autónomo carece incluso de un departamento propio de informática para resolver las necesidades más elementales de su personal.

Ataque de los 'hackers'

"Durante los dos últimos años la pandemia de coronavirus ha obligado al personal a recurrir con frecuencia al teletrabajo", recuerda Josetxo Gandara desde CCOO, "algunos inspectores están trabajando con portátiles que tiene más de 10 años de antigüedad, en los que ni siquiera pueden actualizar el software porque el sistema operativo es incompatible".

Otros empleados han estado trabajando desde casa con su propio ordenador personal, con el riesgo que esto implica al manejar información sensible y confidencial sobre las empresas a las que inspeccionan.

El portal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió el 9 de marzo de 2021 un ataque informático que tumbó todos sus sistemas y bloqueó las gestiones telemáticas. Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo señalan que el servicio se pudo restablecer con normalidad en 48 horas, gracias a la ayuda del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI.

Sin embargo, los sindicatos denuncian que a raíz de aquel ataque informático el personal de Inspección de Trabajo sufrió todo tipo de problemas técnicos para trabajar en red durante más de cuatro meses. Por ello califican de auténtica "ciencia ficción" el anuncio de que el organismo autónomo va a recurrir al big data y a la Inteligencia Artificial para luchar contra el fraude.

Falta personal y medios

En los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio, Yolanda Díaz se comprometió a ampliar la plantilla de la Inspección de Trabajo en 495 empleados en un plazo de tres años. Al menos será un respiro, aunque las necesidades reales del servicio exigirían ampliar la plantilla hasta al menos 4.300 profesionales (frente a los cerca de 2.900 actuales), señala CCOO.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda mantiene bloqueado tanto este aumento de plantilla como la mejora de retribuciones que se pactó en julio para que este destino resulte más atractivo para los funcionarios. El acuerdo buscaba así frenar la fuga de profesionales sufrida durante los últimos años hacia otros departamentos de la Administración o hacia el sector privado.

El sindicato CCOO advierte que, sin el aumento de personal previsto, será inviable cumplir el nuevo Plan Estratégico de Inspección de Trabajo que prevé multiplicar las campañas en sectores tan diversos como la agricultura, la industria y la construcción.

La falta de medios, denuncian los sindicatos, también va a impedir llevar a cabo las inspecciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la reforma laboral, que elimina los antiguos contratos por obras y servicios para transformarlos en indefinidos o fijos discontinuos.

La reforma laboral peligra

La nueva normativa también obligaría a multiplicar las inspecciones para comprobar que las empresas y autónomas no encadenan más contratos temporales de los permitidos, y que no se supera la duración máxima estipulada para cada modalidad. Pero todo ello está en peligro debido al incumplimiento de los pactos firmados el pasado mes de julio.

La huelga del próximo 30 de marzo estará precedida por concentraciones que se celebrarán el día 22 en los centros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de toda España.

Las convocatorias están respaldadas por los ocho sindicatos presentes en este organismo: CCOO, UGT, CSIF,  Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Federación Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (FESESS), Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), indicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y salud (SISLASS) y la Confederación Intersindical Galega (CIG).

La aprobación de la reforma laboral -que en contra de lo prometido sólo deroga parcialmente algunos preceptos de la norma aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012- debía ser el gran logro político de Yolanda Díaz, convertida en el principal activo político y electoral de Unidas Podemos.

El voto del diputado Casero

Sin embargo, ya en aquel momento el PSOE comenzó a puentear a la ministra de Trabajo. Mientras Yolanda Díaz intentaba preservar la "mayoría de investidura" para sacar adelante esta norma, el PSOE vetó las contrapartidas que ofrecía a ERC y Bildu.

Los socialistas armaron una mayoría alternativa que debía contar con el apoyo de Ciudadanos, PDeCAT y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Los cálculos del PSOE se vinieron abajo cuando los dos diputados de UPN rompieron la disciplina del partido y votaron no a la reforma laboral, que salió adelante gracias a una auténtica carambola: el "error" del diputado y secretario de Organización del PP, Alberto Casero, en el voto telemático.

Ahora, los sindicatos sospechan que el PSOE vuelve a torpedear la labor de la vicepresidenta Yolanda Díaz impidiéndole, desde el Ministerio de Hacienda, cumplir los compromisos adquiridos con la plantilla en julio de 2021.