“Una cosa es apoyar al Gobierno en un tema de Estado como afrontar una guerra y otra es apoyar un decreto con medidas económicas concretas para los próximos años”. Esta es una de las expresiones de parlamentarios del PP sobre el pacto propuesto por el Gobierno con medidas concretas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Este miércoles, las tres vicepresidentas del Gobierno y el ministro de Presidencia se reunirán con una delegación del PP, encabezada por Cuca Gamarra, en el inicio de una ronda con los partidos para pactar el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el 29 de marzo. Ese decreto incluirá medidas como la bajada de impuestos a los combustibles y sobre el precio de la luz, entre otras.
La primera dificultad para el PP es la del calendario y la falta de un liderazgo claro hasta el congreso del 2 y 3 de abril. La máxima autoridad orgánica en este momento es Gamarra, como coordinadora general, pero en la práctica es Alberto Núñez Feijóo quien dirige el partido.
Aunque el aún presidente gallego es formalmente candidato a presidir el PP, el pasado domingo lideró a los barones en la Conferencia de Presidentes en el acuerdo de La Palma que negoció él mismo con Félix Bolaños.
Formalmente aún no ha tomado posesión y, sobre todo, no tiene un equipo propio en esa negociación que se inicia hoy.
El decreto se aprobará en Consejo de Ministros cinco días antes de su toma de posesión como líder de la oposición y tiene en su mano iniciar su mandato con un pacto de Estado de calado o ejerciendo la oposición desde el primer día. En las siguientes semanas el decreto tendrá que ser convalidado en el Congreso.
Feijóo puede dar la vuelta a la estrategia de Pablo Casado, que sólo inicialmente apoyó decisiones como el estado de alarma o apostar por la continuidad en el no a casi todo. Y lo tiene que hacer incluso sin haber llegado formalmente al despacho de la sede de Génova, frente al tópico que señala que todo trasatlántico necesita espacio para virar.
"Propuesta trampa"
En esa situación de incertidumbre, hay parlamentarios del PP que recelan de una oferta-trampa del Gobierno de Pedro Sánchez, por entender que puede pretender desactivar la oposición si de inicio pacta medidas de política económica.
Además, esas medidas son las que, precisamente, permiten el margen de maniobra para denunciar los malos datos económicos. Hasta hace poco casi todos los diputados del PP hubieran hablado de “propuesta trampa” de Sánchez.
Según esta versión, convalidar el decreto puede servir al Gobierno para blindarse de los previsibles pésimos datos económicos de los próximos meses y, sobre todo, de las protestas sociales de multitud de sectores afectados.
Esa posición está condicionada también por la existencia de Vox y su estrategia para liderar las protestas en la calle. El partido de la extrema derecha ha convocado una manifestación para el 19 de marzo y cada miércoles pregunta al Gobierno en el Congreso sobre la inflación y el precio de la luz.
Un pacto del PP con el Gobierno podría dejar todo el espacio de la oposición a Vox, especialmente, en un asunto muy sensible para todos los ciudadanos y, especialmente, para el potencial electorado de los populares.
Feijóo siempre mantuvo que el PP debía mantener una posición de partido de Estado para diferenciarse de Vox. Pero lo decía en privado y cuando no era aún líder de la oposición.
Si el PP no pacta el decreto, el PSOE tendrá hecho el discurso de sostener que "el nuevo PP es como el viejo PP" y "el moderado Feijóo" no es tal, como mostró con el pacto con Vox en Castilla y León.
Con Podemos y Bildu
Feijóo tiene poco más de un año para fijarse como líder de la oposición y candidato a las generales frente a Pedro Sánchez.
Además, en el PP hay casi unanimidad en considerar inevitable un acuerdo inminente con el Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto pase el congreso nacional. Ese pacto, por cierto, debe ser asumido por los “apoyos externos” del PP que antes aplaudían que Casado bloqueara el acuerdo con Sánchez.
Otro factor es el de la incomodidad de votar medidas económicas y fiscales con Unidas Podemos y, posiblemente, con otros socios del Gobierno como ERC o Bildu. Los diputados del PP que apoyarían ese decreto se han hartado de aplaudir cuando los populares arremetían contra esos pactos de Sánchez y le pedían que sacara a Unidas Podemos del Gobierno.
Respecto al fondo, el Gobierno quiere pactar la reducción de impuestos que, precisamente, había pedido antes Feijóo y que fue incluido en el acuerdo de La Palma. Pero los populares querrían que, de la misma manera, se incluyera una reducción de gasto público que, hoy por hoy, el Gobierno no está dispuesto a conceder. Con esta petición, el PP evitaría ser corresponsable de hipotéticos recortes que deban acometerse.
De hecho, Gamarra respaldó la petición de Isabel Díaz Ayuso de eliminar los 20.000 millones de euros de igualdad, aunque esa cantidad sea hasta 2025 y aunque incluya permisos de maternidad y paternidad, ayudas para guarderías y complementos de pensiones, entre otras.
La tesis del PP, expuesta este martes en Madrid por Feijóo, es que la mala situación económica y los datos adversos como la inflación o el precio de los combustibles no tienen su causa en la guerra de Ucrania, sino que son previos. Su argumento es que el Gobierno se refugia en la guerra para justificar su inacción previa.
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