El Gobierno se resiste ante las autonomías a cumplir el compromiso de La Palma de bajar impuestos

Para eso ha cargado su agenda de reuniones en Europa y ha movilizado a casi todos sus ministros.

El Gobierno no tiene una posición definitiva, pero se inclina a día de hoy por dar ayudas a los afectados y no bajar de forma general los impuestos a la energía y los combustibles, pese a que lo pactó con las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de La Palma. Por el momento, en el acuerdo cerrado ayer con los transportistas, el Ejecutivo se compromete a subvencionar con 500 millones de euros el gasóleo de estos profesionales, en lugar de reducir la fiscalidad del combustible.

Este lunes, las tres vicepresidentas y la ministra de Hacienda se han reunido con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial y con los agentes sociales, y tampoco les ha expuesto medida definitiva alguna para hacer frente, por ejemplo, a la subida de los combustibles y la energía y al aumento de la inflación.

Sin embargo, los representantes de varias comunidades dedujeron de las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la idea del Gobierno no es aprobar una bajada genérica de impuestos a la energía, sino dar ayudas.

"No vamos a bajar los impuestos, preferimos dar ayudas”, asegura un consejero que dijo una de las vicepresidentas en la reunión. Todas las comunidades gobernadas por el PP, más Cataluña, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana pidieron la bajada de impuestos, tal y como se pactó en la Conferencia de Presidentes hace diez días.

En esa reunión celebrada en La Palma el Gobierno pactó con las comunidades autónomas una declaración en la que se hablaba claramente de “las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear”. De esa reunión, el presidente de la Xunta de Galicia y virtual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió satisfecho por haber logrado por escrito el compromiso del Ejecutivo de que habrá "rebajas fiscales”.

En esa reunión no hubo representación de Unidas Podemos que, como explicó Yolanda Díaz, rechaza esas rebajas fiscales y prefiere actuar sobre las eléctricas. Y el problema, precisamente, es encajar el acuerdo de rebaja fiscal cerrado con las comunidades con la posición de Unidas Podemos que lo rechaza y que quiere que el plan tenga respaldo del bloque de la investidura.

No hay posición definitiva

El pasado miércoles Unidas Podemos presentó a la parte socialista del Gobierno una serie de propuestas como, por ejemplo, la creación de bonos para familias y empresas y la reducción de beneficios a las eléctricas, manteniendo los impuestos. 

Fuentes del partido morado explican que desde la parte socialista del Gobierno no ha habido aún respuesta, ni se ha empezado formalmente la negociación sobre esas medidas y, por tanto, sobre el decreto que se aprobará el 29 de marzo.

De hecho, Yolanda Díaz, pese a que participa en las reuniones con partidos y agentes sociales en nombre del Gobierno, aseguró este lunes que tiene pendiente una conversación con Sánchez sobre el Sáhara, pero también sobre la crisis económica y social y sobre la política energética.

La explicación del Gobierno es que están “trabajando internamente”, es decir, que aún no tiene una posición definitiva para negociar con los grupos parlamentarios.

En todo caso, aunque no ha presentado ninguna propuesta formal, el Gobierno ha ido modificando su posición en las últimas semanas. De hecho, el miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, habló en rueda de prensa en el Congreso de reducir los precios y no de bajar impuestos. Luego la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, habló de poner un tope de 180 euros al precio de la electricidad y este lunes el Gobierno ha rectificado. También ha barajado otras opciones como la aprobación de bonos al consumo, pero tampoco lo ha concretado.

Esta indecisión y falta de propuestas provoca malestar en diferentes partidos, incluso los socios del PSOE, por entender que sólo muestra el interés de Sánchez de ganar tiempo a la espera del Consejo Europeo de este fin de semana.

“Luego querrán un acuerdo a toda prisa con la amenaza de una derrota parlamentaria en la convalidación y con el chantaje de que si no se convalida se deja sin ayudas a quien lo necesita”, asegura el portavoz de uno de los partidos que habitualmente apoya al Gobierno.

“Es la misma trampa de Sánchez de siempre: hace ver que quiere pactar e impone un trágala para poder decir que el nuevo PP es como el viejo PP, que no quiere ningún acuerdo con el Gobierno”, asegura un dirigente del Grupo Parlamentario Popular.

El pasado miércoles, el Gobierno se reunió con el PP, el PNV y Ciudadanos con la pretensión de buscar un pacto de Estado ("acuerdo de país", según Pedro Sánchez) para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Ese día, las tres vicepresidentas y el ministro de Presidencia no presentaron tampoco ninguna propuesta y quedaron en contestar a las que presentaron los partidos, pero aún no ha habido ninguna respuesta del Gobierno. Ni siquiera ha vuelto a citar a los partidos para negociar.

El PP defendió en esa reunión la bajada general de impuestos, en la misma línea defendida por Alberto Núñez Feijóo en la Conferencia de Presidentes en nombre de todas las comunidades presididas por el PP.

El acuerdo debería estar concluido el 29 de marzo, día en el que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto ley que, posteriormente, ha de ser convalidado por la mayoría del Congreso.

Este martes está previsto que el Gobierno continúe la ronda con los partidos con Junts per Catalunya, PdeCAT, Más País, Compromís, BNG y Bildu. Y el miércoles serán ERC, Unidas Podemos y PSOE,