Su periplo comenzó el miércoles pasado, cuando recibió al primer ministro croata, Andrej Plenković, en Moncloa, y luego aterrizó en Bratislava para reunirse con el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger.

Al día siguiente, viajó a Bucarest, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro de Rumanía, Nicolae Ciucă, y a continuación, con el presidente, Klaus Iohannis. El viernes, Sánchez tuvo ya programa doble y recargado... el principal de la gira.

Por la mañana, en Roma, una cumbre a cuatro con el italiano Mario Draghi, el portugués António Costa y el griego Kyriakos Mitsotakis. Y por la tarde, ya con el arreglo cerrado con Marruecos -el sacrificio del Sáhara a cambio de pacificar la vecindad sur-, y el acuerdo de los antiguos PIGS -que ahora son la posible solución para Europa-, viajó a Berlín para pelearle a su amigo, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, lo que se vaya a decidir en el Consejo Europeo del jueves y el viernes que viene.

El mensaje principal del Gobierno español en estas visitas era la oferta de soluciones para el mercado energético. Sin embargo, de fondo y vinculado a este plan, iba otro mensaje: "Los gobiernos europeos podemos intentar ayudar a los más vulnerables, acoger refugiados y proteger a nuestras empresas, pero no tendremos margen fiscal para ello si no atacamos el fondo del problema"... que está derivando en un estallido social en España que sólo puede empeorar.

Encontrar una receta con la que solucionar el impacto de la crisis del gas en la electricidad no es fácil. De momento, el Gobierno español ha tenido que dar marcha atrás con la idea de poner un tope de 180 euros/MWh al precio mayorista de la electricidad. Su otra gran propuesta, la de sacar el gas del mix de formación de precios de la energía, tampoco cuenta hoy con los apoyos necesarios para prosperar.

El canciller alemán encabeza el grupo de Estados miembros de la UE que, desde el centro y el norte del continente, no quiere oír hablar de las soluciones españolas... aunque ya sean de toda la Europa mediterránea. No les gusta el desacople del gas en el mix de precios energéticos y recelan de que el sur de Europa gane competitividad.

Y en cuanto a la petición de ayudas, la del dinero europeo a través de la emisión de un megafondo de deuda mancomunada, como "lección aprendida" de la pandemia, la respuesta es jamás... de momento.

Marc Rutte, primer ministro de Países Bajos se mantiene firme en recordar que los NextGeneration EU fueron un "one shot" (una y no más, en traducción libre). Pero Sánchez responde que "recordemos cómo reaccionamos contra la Covid, juntos somos más fuertes".

Los frugales ven en ese argumento tanto oportunismo español como de los "siempre manirrotos del sur", y por eso en la gira de Sánchez no se le abrió la puerta holandesa, ni la sueca, ni la austriaca, ni la danesa. Y si se pregunta en Moncloa por la cojera de la gira respecto a esos destinos, la respuesta es... el silencio.

Hoy, la deuda pública española roza el 120% del PIB; el gasto público, al margen de los fondos europeos, es superior en un 21,7% al de 2018; una cuarta parte de la población española vive en riesgo de exclusión social; y continuamos a la cabeza del paro en Europa, tanto en cifras absolutas como en desempleo femenino o juvenil.

"Es evidente que estos desequilibrios y nuestra posición como últimos en todas las clasificaciones no puede ser achacable íntegramente a la crisis internacional", argumenta Mario Garcés. En conversación con este periódico, el portavoz económico del Partido Popular lamenta que "España tiene un margen fiscal de respuesta deteriorado, fruto de la cronificación de un gasto público que Sánchez no tiene intención de reducir".

Por qué nos dicen 'no'

Que el frente en el norte de Europa -con Holanda y Alemania a la cabeza- acepte intervenir el mercado para desvincular el precio de la electricidad del gas parece muy complicado.

Pese a que los Veintisiete forman un mercado único de energía, la mayoría de los países del centro y norte de Europa operan con contratos de gas negociados a largo plazo porque es su principal fuente de suministro energético. Mientras, Italia, Portugal o España lo hacen expuestos a precios diarios, lo que está complicando su gestión de esta crisis energética.

"Para el norte, intervenir en los precios de unos contratos ya firmados es impensable, entre otros motivos, por el daño a la seguridad jurídica que supondría la decisión para sus mercados", explica a este periódico el economista y analista, Javier Santacruz.

En este contexto, los encuentros que está manteniendo Sánchez estos días para buscar aliados con los que ejercer presión frente al norte en el próximo Consejo Europeo no son aleatorios.

La alianza más evidente para España es la de Portugal, puesto que ambos países comparten el mercado eléctrico ibérico y, por tanto, deben acudir a Bruselas de la mano.

En el contexto de esa alianza, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, abrazó en un primer momento la idea del Ejecutivo de António Costa de establecer un tope la electricidad en el mercado mayorista de 180 euros/MWh. Sin embargo, este lunes reculó al constatar que no contaba con apoyos suficientes para que prosperase.

La idea lusa planteaba un problema de difícil solución para los países del norte, ya que las centrales de ciclo combinado (que son las que utilizan gas) podrían dejar de acudir al pool a vender energía para evitar pérdidas. Y sin su aportación se podrían producir los temidos 'apagones'.

La respuesta a esta amenaza pasaba por compensar económicamente a esas centrales con cargo a un fondo europeo o a un déficit eléctrico europeo. Es decir, con más deuda pública. Algo que hubiera podido encajar dentro de ese megafondo europeo para energía, defensa y ayuda a Ucrania que impulsa Sánchez de la mano de Italia y Francia. Con el argumento de las "lecciones aprendidas" de la pandemia.

Bloque Mediterráneo

Pese a que España han tenido que rectificar con este tope a los precios, el mercado eléctrico ibérico defenderá en el Consejo Europeo intervenir en el mercado mayorista para desacoplar los precios del gas. Y en esto, sí contará con aliados. 

Italia -que en 2001 formó un eje con Francia para mostrar una visión europea distinta a la de Berlín- es uno de los países que está reclamando desacoplar el gas del precio de la electricidad descarbonizada. A esta reclamación se ha unido Grecia, como quedó escenificado en el encuentro de mandatarios en Roma de este viernes.

Mientras, otros países más pequeños con los que ha establecido contacto el presidente de España -como Rumanía y Eslovaquia- cuentan con una composición en su mix energético muy parecida a la española. Esto puede favorecer encontrar puntos de interés común, pese a que geográficamente estén más lejos. 

Por último, Irlanda -país que el presidente del Gobierno visitará el próximo martes para ver al primer ministro, Micheál Martin- es un país muy avanzado en energía eólica, igual que Finlandia (un Ejecutivo con el que ya hubo un encuentro oficial hace un mes).

Además de establecer topes al gas, el Gobierno español está defendiendo que la UE haga compras conjuntas y organice unas reservas comunes, un stock conjunto de gas para reducir la vulnerabilidad de Europa ante países poco (o nada) fiables, como Rusia.

Ganar "margen fiscal"

Aunque para España es urgente poner coto a las subidas de la electricidad, el Gobierno tiene otra prioridad igual de urgente para su sostenimiento: conseguir más margen para la consolidación fiscal que iba a tener que emprender en 2023, ahora que el BCE, además, rebajará su programa de compra de deuda.

España iba a ser uno de los últimos países del euro en recuperar el PIB previo a la pandemia. Los economistas consideraban que no sería posible lograrlo hasta finales de este año o comienzos de 2023. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha empeorado todas las previsiones para la recuperación. Y por si fuera poco, ha acelerado los planes del BCE de ir dejando de apoyar a los Estados con sus compras de deuda pública para paliar el daño de la pandemia.

Para Garcés, "Sánchez sí que está aplicando las lecciones aprendidas de la pandemia" con una respuesta de doble acción: "Por un lado, la externalización del problema, diluyendo su responsabilidad política y atribuyendo los desequilibrios a la guerra".

Y por otro, continúa, "esa búsqueda de la 'solución europea' que pasa por intentar conseguir que no se reiteren los estímulos fiscales del Banco Central Europeo, que las políticas de reequilibrio se aplacen, y que la UE siga proveyendo fondos para sostener sus gastos extraordinarios".

De hecho, este jueves, 15 de los 19 panelistas de Funcas actualizaron sus previsiones y restaron un punto de PIB al crecimiento esperado para este año, hasta el 4,6%. Es una cifra muy lejana al 6,5% que se promete en los Presupuestos Generales del Estado.

En este incierto contexto macroeconómico, Madrid y Roma lideran el bloque de gobiernos que pedirán más margen a Bruselas para la consolidación fiscal. A través de un nuevo fondo común, de la suspensión un año más del pacto de estabilidad, o (mejor) combinando ambas medidas. Sin embargo, no será fácil que lo consigan.

El Banco de España ya ha advertido al Ejecutivo que tendrá que "focalizar" y ser "granular" con sus ayudas para paliar los efectos de esta crisis energética que ha desbordado la inflación. Y ha urgido a Sánchez a que presente ese plan de consolidación fiscal al margen de lo que diga Bruselas, dado el impacto que tendrá en el coste de los intereses de la deuda el giro dado por el BCE.