Más de 40.000 personas han llegado ya a España huyendo de la guerra de Ucrania, según los datos que maneja el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá. La previsión es que en breve esa cifra pueda superar los 80.000 y el Gobierno trabaja con la posibilidad de que puedan llegar más si se prolonga el conflicto..
Según esos datos, en este momento ya se ha tramitado la documentación de unos 17.000 para que puedan tener permisos de residencia y de trabajo, y otros 20.000 han pedido ya cita a través del teléfono habilitado por el ministerio.
El Gobierno ha puesto en marcha un operativo para poder recibir a los refugiados, con la prioridad de atenderles a la llegada y facilitarles casi de forma instantánea la documentación, como paso previo a una segunda fase de acogida y seguimiento.
Según los datos del Gobierno, ya han salido de Ucrania más de tres millones de personas. En los últimos días ha bajado el ritmo -que llegó a ser de 200.000 diarios el 6 y 7 de marzo-, a unos 50.000 en este momento.
A Alemania han llegado ya 226.000 refugiados y países próximos a Ucrania como Moldavia han pedido ayuda para hacer frente al flujo de entrada, por lo que en las próximas semanas es previsible que lleguen muchos más a España.
Los fríos datos oficiales señalan que el 37% de los ucranianos que vienen a España son niños. Del 60% de adultos, el 30% hombres y 70% mujeres. La edad media es de 26 años.
Más del 50% tienen estudios superiores y el 80% han cursado educación secundaria. El 21% de los atendidos no disponen de alojamiento y el 24% solicitan acogida.
Escolarizar a 40.000 niños
Esos porcentajes sugieren un problema próximo al que el Gobierno intentará hacer frente con la colaboración de las comunidades autónomas: la escolarización de más de 40.000 niños ucranianos. También requieren atención sanitaria.
Según el ministerio, el reparto no puede ser uniforme entre comunidades, porque la inmensa mayoría se distribuyen en zonas concretas en las que ya hay colonias de ucranianos desde hace tiempo.
De hecho, en España había antes de la guerra unos 120.000 ucranianos, con presencia elevada en zonas concretas como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Murcia. Por eso, la mayoría de los que llegan acuden a esos lugares en los que ya tienen familia o conocidos. Para el resto, el Gobierno trabaja en planes de acogida.
El Gobierno ha establecido los llamados CREADE (Centros de Recepción, Acogida y Derivación) en Madrid, Barcelona, Alicante y, en breve, en Málaga. En Madrid es el centro de formación de la Seguridad Social, en Barcelona la Fira, en Alicante la Ciudad de la Luz y en Málaga el Palacio de Ferias.
Los que se alojan en el centro pueden estar hasta 72 horas antes de ser derivados a lugares de acogida.
De los que llegan al centro de Pozuelo, un 40% necesitan acogida, un 25% en Barcelona y menos de un 10% en Alicante, dada la importancia de las redes familiares. Oenegés de referencia en los CREADE son ACCEM en Madrid-Pozuelo, Cruz Roja en Barcelona y Alicante, y en Málaga, que abrirá en unos días, será CEAR.
En los CREADE trabajan más de 400 personas entre Ministerio de Inclusión, Policía, entidades, ACNUR y Seguridad Social.
Este periódico visitó el viernes el centro habilitado en Madrid, donde hay unas 400 plazas para atención inicial. Con ayuda de Policía Nacional y personal de ACCEM, los refugiados reciben atención y la tramitación urgente de los permisos de residencia y trabajo.
El Gobierno utiliza como instrumento legal una directiva europea aprobada en 2001 para el conflicto de Kosovo, pero que nunca se llegó a aplicar por falta de acuerdo. La directiva permite traer a ucranianos o residentes de largo plazo en Ucrania. El último Consejo de Ministros aprobó ampliarlo a desplazados de guerra, tengan las nacionalidades que tengan.
Planes de acogida
El Gobierno ha puesto en marcha, con la colaboración de 19 oenegés, planes que incluyen pisos de Sareb o establecimientos públicos. Las plazas de centros de acogida estaban ya cubiertas por la llegada reciente de refugiados sirios y afganos.
Sobre la acogida, la dificultad que ha encontrado el Ministerio es que hasta ahora hay amplia experiencia en acogimiento de menores, pero no de adultos. Por eso, el Gobierno cuenta con colaboración de la Fundación La Caixa, habituada a análisis de idoneidad para estos casos. En un día, han llamado ya más de 600 familias para interesarse por ese acogimiento altruísta y por un mínimo de seis meses, pese a haberse puesto en marcha sólo en cuatro provincias de momento.
Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos no intervienen porque no han llegado menores no acompañados, salvo casos muy concretos como un grupo de niños de un orfanato que llegó recientemente a Asturias.
Sí deben las administraciones locales y regionales encargarse de la educación y la sanidad. Para ambos casos, el acuerdo de la Conferencia de Presidentes incluye que el Gobierno central hace frente a esos gastos con fondos europeos.
Con Madrid el Gobierno tuvo un roce porque el Gobierno regional publicó que los refugiados tenían que hacer un trámite adicional para acceder a servicios que con la protección temporal ya tienen garantizados. El secretario de Estado de Migraciones remitió una carta al Ejecutivo de Ayuso, que dio marcha aduciendo que el registro en el hospital Zendal era voluntario.
Los cálculos oficiales son de un gasto total para atender a los refugiados ucranianos de más de mil millones, con unos 70 euros al día por cada uno.
El sistema de acogida prevé ayudas para las familias de refugiados, tanto en primera como en segunda fase (servicio jurídico, atención psicológica, aprendizaje del español, dinero de bolsillo, ayudas al alquiler…). No pueden recibir el Ingreso Mínimo Vital porque está previsto para las personas con más de un año de residencia, pero al cabo de ese periodo sí podrían percibirlo.
Fuentes del Gobierno alertan del peligro de la “solidaridad espontánea”, al haber detectado mafias que operan en la frontera de Ucrania. Por eso aconsejan que todo el operativo se deje en manos de las organizaciones habituadas a este tipo de actuaciones.