El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha escuchado a los enfermeros. Concretamente, a los que lideran el Sindicato de Enfermería SATSE y que, hace más de dos años, llevaron ante las puertas de todos los partidos políticos y consejerías su ley antiagresiones.
La norma es muy ambiciosa y con aspiraciones de ser única en todo el país, eliminando las desigualdades a la hora de luchar contra las agresiones físicas y verbales en el ámbito sanitario. Contempla medidas como dotar de seguridad a los médicos y enfermeros que acudan a hacer visitas a un domicilio privado o que, si un paciente agrede a un sanitario, esto quede registrado en su historial médico.
Tras años guardada en los cajones de las administraciones, este abril los integrantes del Partido Popular han querido elevarla hasta la Cámara Baja. Lo han hecho en forma de proposición no de ley y, aunque esto no obliga a su puesta en marcha, ha sido considerado como un paso "importante" por la profesión.
El Sindicato de Enfermería SATSE ha destacado la "sensibilidad demostrada por el Partido Popular ante el grave problema de la violencia en el ámbito sanitario". "Confiamos en que se llegue a un consenso entre todos los partidos durante el debate de las enmiendas a la norma y pueda ser una realidad lo más pronto posible", han declarado.
La norma redactada por el sindicato, a cuya redacción íntegra ha tenido acceso EL ESPAÑOL, consta de 17 artículos y siete disposiciones adicionales en las que se desgranan medidas y actuaciones de las Administraciones públicas y privadas para erradicar las agresiones a médicos y enfermeros.
Tiempos de espera
Entre sus medidas de carácter estructural está la de generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera e instalar "botones del pánico". Estos son dispositivos sonoros de alarma en las consultas que el sanitario activa cuando se ve amenazado por un paciente y que le ponen en contacto, directamente, con efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o la seguridad privada del propio centro.
Del mismo modo, habrá medidas de carácter activo como incluir en la historia clínica del paciente sus antecedentes "como sujeto activo de violencia sanitaria y otros detalles de la agresión que permitan identificar su gravedad".
También se solicita que se considere accidente laboral las consecuencias que tenga para el sanitario (tanto en el ámbito de la salud física como psíquica) un acto de violencia sanitaria. Sin importar si estas lesiones son de carácter permanente o transitorio.
Formación "adecuada" en defensa personal, asistir con medidas de seguridad a pacientes que han agredido a un compañero o acudir con la policía o la guardia civil a una visita domiciliaria de un paciente condenado por violencia, son otras de las medidas que se debatirán en el Congreso.
En total, son más de 50 propuestas que deberán de ir acompañadas de una memoria económica y una mejora presupuestaria del sistema sanitario. Y es que, el sindicato alega que es precioso incrementar las plantillas para reducir los tiempos de espera y, correspondientemente, la crispación del paciente.
Denuncia
Uno de los principales problemas que se da en el sector sanitario es la falta de denuncia por parte del profesional. SATSE también prevé eso en su ley y propone que exista un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima que haga funciones como tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia.
En muchos casos, el profesional agredido debe quedarse en el centro de salud en el que le han pegado o insultado, lo que le obliga a volver a atender a su agresor. Ante esos dilemas, el sindicato solicita que el profesional sanitario pueda pedir un traslado de su centro, si lo desea.
Para ello, la ley hace obligatorio que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria "pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad".
Las cifras
La preocupación de la ciudadanía por las agresiones a los profesionales sanitarios ha ido aumentando conforme han pasado los años. En los últimos tiempos, las organizaciones colegiales, los sindicatos y organismos como la Policía Nacional elaboran sus informes anuales para visibilizar la situación.
Por ejemplo, el último balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante el 2021 elaborado por la Policía Nacional elevaba el número de estas denuncias a 225. Se había producido un aumento del 14% de las denuncias de agresiones respecto a las presentadas el año anterior.
Por otro lado, el Consejo General de Médicos (que se hace eco también de las agresiones que no llegan a denunciarse) reflejaba que 2021 había sido el segundo año con más número de ataques, solo por detrás de 2019 (677).
Se registraron un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5.649 agresiones y dispara esta violencia contra los médicos al 39%, la segunda mayor por detrás de la de 2019.