Moncloa vigilará que Vox y Mañueco no usen fondos de Igualdad para su ley de "violencia intrafamiliar"

Este martes, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros consistió, esencialmente, en una batería de ataques al presidente autonómico reelecto del PP y a su nuevo socio, de la formación de Santiago Abascal.

Pero sobre todo, al flamante líder del Partido Popular, el gallego Alberto Núñez Feijóo, al que de nada le sirvió el gesto de no acudir a la investidura de su compañero, el lunes en Valladolid. "Es preocupante que su primera decisión haya sido abrirle las puertas de par en par a la ultraderecha".

Lo cierto es que Mañueco dejó muy claro en su discurso de investidura que no daría "ni un paso atrás" en los derechos adquiridos. Los fundamentales y, en concreto, los de las mujeres y los menores amparados por "la ley autonómica contra la violencia de género". Pero el hecho de que anunciara también que "antes de agosto" estaría en el Parlamento regional la norma "contra la violencia intrafamiliar" auspiciada por Vox ha servido al Gobierno de Pedro Sánchez como munición.

"¿Qué va a significar eso, que pondrán al mismo nivel violencias que no lo son?", se preguntaba en alto un miembro del Gobierno a la salida de la reunión semanal con el resto del Ejecutivo. En conversación con este diario, explicaba con detalle qué significará esa vigilancia y "sus consecuencias".

Según una fuente de Moncloa, el problema de desdibujar un problema específico como es la violencia machista es que eso "se traduce en vidas humanas".

"Es más de 80 a 20"

"Si lo metiéramos en el mismo saco, las denuncias al año por delitos de violencia contra la mujer son más del 80% y las de otro tipo de agresiones dentro del ámbito familiar no llegarían al 20%", explica este miembro del Ejecutivo.

"En esa concepción que quiere imponernos Vox, entran violencias de nietos a abuelos, de hombre contra hombre, de padres a hijos, multitud de tipos y situaciones", continúa. "Sin embargo, ataques de un agresor varón contra su pareja o expareja son más de cuatro veces más que todos esos juntos. ¿De verdad van a insistir en que no es un asunto a tratar por sí mismo?".

La clave estará, pues, en lo único que puede fiscalizar Moncloa: las políticas de protección social son competencia de las Comunidades Autónomas, pero se financian a través de los fondos que entrega cada uno de los Ministerios a la región para el cumplimiento de los programas públicos. Concretamente, en el año 2021, el Ministerio de Igualdad entregó a Castilla y León casi 7,4 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, de otros 402.662 euros para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, incluidos los y las menores a su cargo; otros 72.037 euros para la puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas; y otros 327.239 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

Es decir, en total, más de 8,2 millones de euros "que no podrán ser desviados".

Con estas advertencias, el Gobierno de España quiere demostrar que es una auténtica preocupación la entrada de un partido como Vox en las políticas públicas, "y no sólo un argumento para la controversia política". Así, además de la labor de control y denuncia que pueda liderar Luis Tudanca desde la oposición en el Parlamento regional, el Ejecutivo de Moncloa se concentrará en la fiscalización del dinero público.

"¿De qué lado estamos?"

"Es que no se entiende lo del PP", sentenció Isabel Rodríguez desde la sala de prensa de Moncloa. "¿De qué lado estamos, del de los países modernos o de los de la extrema derecha? Feijóo se han posicionado del lado incorrecto".

Otro alto dirigente del PSOE explica a este diario que "tramitar esta ley cambia absolutamente el concepto de protección de la mujer". Y esto obligará a este nuevo PP, "que se parece demasiado al anterior", a explicarse "con claridad" porque la convivencia de esas dos leyes "es lo que choca". 

En el discurso de Moncloa no encaja, para explicarlo, el sentido de que el PP le haya dado el sí a esta norma impulsada por Vox, "que lo único que quiere hacer es desdibujar e invisibilizar un problema que es real", el de la violencia machista. Pero, más allá de la ideología, "el problema estará en la gestión de las normativas, en cuál prevalecerá jurídicamente y con qué recursos se dota cada una de las gestiones".

Y es que los fondos no son infinitos, como bien sabe Moncloa, inmersa en graves tensiones con sus cuentas públicas. "La sociedad democrática que nos hemos dado ha ido avanzando en conquistas sociales, y eso es lo que hoy hay quien quiere atacar", explicaba la ministra portavoz en la rueda de prensa. "Y la prioridad de este Consejo de Ministros es defender a España de quien quiere acabar con los derechos fundamentales, y los de las mujeres en particular".