La "isla energética" de Sánchez en peligro: pelea en el Gobierno por quién paga la rebaja de la luz

Bruselas ponía tres pegas al documento técnico enviado por Madrid y Lisboa, de las que ya informaba este periódico el pasado martes: quién paga, cómo evitar distorsiones en el mercado, y el efecto precedente para otros países.

La pugna en el Gobierno se centra en el primero de ellos, determinar quién asume el coste de rebajar la factura de la luz. Podemos exige que "todo" el coste se cargue a las empresas eléctricas, y el PSOE busca otras vías, que pasarían por un nuevo "déficit de tarifa", más o menos encubierto.

Lo cierto es que las negociaciones entre el Gobierno de España, el de Portugal y la Comisión Europea se han atascado, y Moncloa ya no tiene todas consigo de que vaya a conseguir un "éxito" en la traslación de la llamada "excepción ibérica".

Las desavenencias en el seno del Ejecutivo, unidas a las dificultades del tira y afloja con Bruselas y a la vigilancia del resto de Estados miembros de la UE pueden complicar aún más la situación.

Fuentes de Moncloa siguen siendo optimistas y aseguran que la Comisión Europea "tiene muy claro que esto está respaldado por el Consejo, y eso tiene un peso político". Pero lo cierto es que lo de "excepción ibérica" y lo de "isla energética" no aparece por ningún punto del documento de conclusiones del Consejo [consúltelo aquí en PDF]. Aunque es verdad que el texto acordado el 25 de marzo puntualizaba que se tendrán en cuenta las "circunstancias nacionales".  

Los precios de la electricidad en España siguen altísimos -este miércoles, la media fue de 230 euros el MWh, con picos superiores a los 260-, lo que tira de la factura eléctrica y explica el dato confirmado por el Instituto Nacional de Estadística: la inflación de marzo fue, efectivamente, del 9,8%.

Los escollos

Según las fuentes consultadas, Bruselas quiere aclaraciones sobre el método que pretenden implantar los gobiernos de España y Portugal para que no haya "contagios" al mercado francés; además la Comisión advierte de que una intervención dura -por las distorsiones o por su permanencia en el tiempo- sería un "mal precedente" que la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quiere evitar. Sobre todo, si la Unión acuerda finalmente el embargo total a los combustibles fósiles procedentes de Rusia.

Éste es el núcleo del problema para Bruselas, esencialmente, a medio plazo. Después de casi dos décadas de negociaciones para implantar el mercado único eléctrico -que no se logró hasta el Reglamento 2019/943, hace menos de tres años-, la Comisión y el Consejo no se pueden permitir que éste salte por los aires. "Y muchos países que dependen al 100% del gas ruso levantarían la mano, pidiendo su propia excepción".

El Gobierno de Pedro Sánchez está de acuerdo -"por ética y por lógica económica"- con la prohibición a nivel comunitario de la compra de gas y petróleo que financien la invasión de Vladímir Putin. Pero la posición oficial española es la de "neutralidad solidaria"... es decir, no impulsarlo, al menos, públicamente. "Comprendemos que hay países que sufrirían mucho las consecuencias, porque dependen mucho del gas ruso", explican a este diario dos ministros.

Pero donde está el meollo de la cuestión para España, en realidad, es en la bronca interna del Gobierno de coalición. La primera pregunta del equipo de Vestager al Ministerio de Transición Ecológica fue: "¿Y esto quién lo paga?".

El problema es que en Madrid no hay una respuesta clara: el lado socialista apuesta por un mecanismo en el que los propios consumidores sean, en diferido, los que asuman la diferencia entre el tope y el precio de mercado en un nuevo cargo en la factura. Pero el ala de Unidas Podemos apuesta por "cargarlo a los beneficios caídos del cielo" que reciben las eléctricas "por la sobretarificación de la que disfrutan, gracias a que los españoles pagan chocolate a precio de caviar en su recibo".

La propia vicepresidenta Teresa Ribera explicaba hace unos días que el mecanismo de compensación "lo pagaremos los consumidores", aplazando el pago de la diferencia entre el tope que se consiga arrancar a la Comisión y el precio de mercado. Pero, aunque sostiene que ese coste "supondrá menos que el modelo actual", los socios minoritarios del Ejecutivo lo rechazan de plano. "Todo debe ir a las cuentas de las eléctricas", explican las fuentes moradas.

La batalla ideológica

El número dos de la ministra Ione Belarra -a la sazón, secretaria general de Podemos- es Nacho Álvarez, y es él quien está negociando con el equipo de Teresa Ribera con dos objetivos: "Que el tope al gas acabe siendo lo más parecido posible a los 30 euros que propuso el Gobierno a Bruselas, y que todo se financie a cargo de los beneficios multimillonarios de las eléctricas y no de los españoles".

La clave es la palabra "todo". Y es que Unidas Podemos ve la oportunidad para recuperar una de banderas: la lucha contra las grandes energéticas españolas, sobre todo, las multinacionales eléctricas.

Dado que el PSOE se ha negado hasta ahora a imponer a las eléctricas un "impuesto especial", como reclamaba Unidas Podemos, el partido morado quiere resarcirse ahora con una victoria ideológica: "Se notaría la utilidad de que estemos en el Gobierno", explica un portavoz de la formación.

"Ése es el lío, exactamente", concluye, "de dónde sale el dinero". Y ése es, pues, el motivo principal del retraso en la respuesta de Bruselas... que es la propia Comisión la que está aguardando aclaraciones.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta Ribera rechazan hacer declaraciones: "Nosotros entregamos el documento técnico y no vamos a dar más detalles", se limitan a decir a este periódico. "Estamos negociando, intercambiando información a tres bandas con Bruselas y Lisboa y no responderemos a ninguna pregunta".