Moncloa trata de mantener las aguas en calma con los agentes sociales, mientras intenta embridar las causas y efectos de la crisis económica. De las primeras, las hay que no están en su mano, como la voluntad de Vladímir Putin por mantener su ofensiva bélica en Ucrania. De los segundos, hay uno en concreto que implica un encargo: el de Pedro Sánchez a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para que consiga impulsar un "pacto de rentas" en el que "todos pierdan para que todos ganemos".

El Gobierno pretende que empresas y trabajadores acuerden un reparto de los costes del frenazo. Por un lado, las compañías deben renunciar a parte de sus márgenes y, con ellos, a un porcentaje de los beneficios previstos y de los dividendos a repartir entre sus accionistas. Y por otro, los trabajadores deben asumir una pérdida de poder adquisitivo, al menos momentánea, frente a la inflación.

Porque el IPC descontrolado es, a la vez, causa y consecuencia de esta crisis. Y sólo embridándolo a través de un acuerdo transversal se puede intentar evitar "los efectos de segunda vuelta" que supondría un alza salarial generalizada acorde al 10% que hoy refleja la subida de precios interanual.

Y en este punto, el Estado funciona como empleador y los funcionarios y empleados públicos deberán apretarse el cinturón "como el resto de trabajadores", tal como confirman fuentes del Consejo de Ministros a este periódico.

En el año 2023, los Presupuestos que ya se empiezan a esbozar en las oficinas del Ministerio de Hacienda, prevén fijar la subida salarial de la función pública en el 2,5%, como mucho. "Cuando se cierre el acuerdo entre los agentes sociales, nos basaremos en esa cifra para los funcionarios", admiten las citadas fuentes del Ejecutivo.

El 2,5% es el porcentaje sugerido desde el Ministerio de Economía a sindicatos y empresarios, que se reúnen discretamente desde hace ya más de un mes para tratar de "aportar certidumbre" a la senda económica, golpeada en esta legislatura por dos crisis exógenas: la pandemia, primero, y la guerra, después. 

Lentejas a precio de caviar

La causa principal de la subida de precios -no deja de insistir Moncloa- son las tensiones en los mercados de la energía. "El mal diseño del mercado único europeo" de la Unión Europea está "sobrerretribuyendo unas tecnologías sobre otras y haciendo que los consumidores paguen lentejas a precio de caviar", explican otras fuentes del Gobierno.

En la última semana, se ha relajado en parte el precio del gas en los mercados mayoristas, con costes de alrededor de 100 euros el MWh. Pero hace un mes se pagaba hasta cinco y seis veces más caro: esto repercutía en los precios de todas las fuentes de generación eléctrica, y se transmitía al circuito económico elevando el IPC al 9,8% y la inflación subyacente (la que deja fuera la energía y los alimentos frescos) al 3,4%. 

Además, Moncloa todavía no ha recibido respuesta de Bruselas a su propuesta de topar el precio del gas; el decreto de respuesta a los efectos de la guerra espera, con dudas, su convalidación en el Congreso la semana que viene; y un par de días después, a lo sumo, está prevista la revisión, a la baja, de las previsiones económicas de Calviño para este año 2022.

Así, Sánchez trata de superar esta tormenta perfecta, sorprendiendo este lunes con una entrevista en un medio hasta ahora esquivado (Antena 3) para "marcar la agenda de vuelta de Semana Santa". Y se encomienda al fin de las mascarillas y a lanzar ataques al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo: y es que el PSOE se ha vuelto a ver rebasado en las encuestas -menos en la del CIS- porque la oposición ha tomado la iniciativa.

19.500 millones en pensiones

Fue precisamente a preguntas de Susanna Griso cuando Sánchez dejó caer que los funcionarios deberán pagar su parte de la factura de la crisis. "Las pensiones subirán como marca la ley, eso no se discute", respondió el presidente, "otra cosa son los trabajadores de la función pública", apuntó.

Sentado en uno de los salones de Moncloa, Sánchez pidió calma: "Aún quedan meses para que acabe el año, veremos cómo evoluciona la economía". Pero dejó claro que no añadirá una subida acorde al IPC de los sueldos de los casi tres millones de funcionarios y personal laboral públicos a la factura de 19.500 millones adicionales que se prevé en las pensiones... y eso si no se impone Bruselas y obliga a aplicar alguno de los escenarios que ya estudia el ministro Escrivá.

Entretanto, Moncloa trata de unir el nombre de Feijóo a "ultraderecha", "recortes" y "corrupción", mientras el nuevo líder del PP marca su propia agenda. Este martes, el presidente popular no fue a Valladolid y evitó la foto con Santiago Abascal en la toma de posesión del primer gobierno de coalición entre el PP y Vox. Precisamente, por sus citas con los agentes sociales: dos pájaros de un tiro.

"Nos alegramos de que el líder del principal partido de la oposición se haya reunido con ellos, pero sólo si es porque se quieren sumar a la senda del acuerdo fijada por este Gobierno", argumentó la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Isabel Rodríguez trató de atacar por el tercer y último flanco: "No parece que vaya a tener éxito... porque bajar impuestos en momentos de dificultad sólo significa ahondar en recortes e injusticias. Es decir, lo contrario de lo que propone este Gobierno: menos paro, más trabajo indefinido, más Salario Mínimo, y más Ingreso Mínimo Vital".