Aragonès escenifica un frente con el resto de socios de Sánchez contra el “espionaje del CNI”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y los socios parlamentarios y de Gobierno de Pedro Sánchez han exigido en el Congreso explicaciones y responsabilidades por el presunto espionaje masivo a 60 personas vinculadas al independentismo catalán.

“Es el mayor escándalo de espionaje de la democracia”, ha asegurado Aragonés, que ha querido escenificar su enfado en una reunión en el Congreso de los Diputados con los partidos catalanes que han sido objeto del espionaje. También ha participado Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición y que apoya la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso.

El presunto espionaje ha afectado a más de 60 personas, entre las que se encuentran cuatro presidentes de la Generalitat, dos del Parlament, abogados y parlamentarios. Para ello se habría usado el programa Pegasus que sólo está al alcance de los gobiernos y se produjo sobre todo en 2020, cuando Pedro Sánchez ya estaba en la Moncloa.

Los portavoces que han participado en la reunión se han referido al CNI como posible autor del espionaje, dado que el Gobierno ya ha negado que la policía y la Guardia Civil han asegurado que carecen de esos medios, pero no lo ha hecho respecto a los servicios secretos, Además, entienden que no es verosímil que ningún otro Estado tenga interés en espiar a 60 personas vinculadas al proceso independentista.

Únicamente, Jaume Asens y Pablo Echenique, de Unidas Podemos, han introducido la variable de las “cloacas del Estado” como autoras del espionaje. Es decir, una especie de acción incontrolada de los aparatos del Estado, al margen del Gobierno.

Yolanda Díaz ha pedido información a Moncloa y hasta ahora sólo han recibido el compromiso de que lo explicarán, sin detalle alguno.

El presidente de la Generalitat ha pedido “transparencia”, una “investigación del Gobierno con participación de personas independientes” y “la depuración de responsabilidades”.

El también dirigente de ERC ha evitado dar por rota la relación con el Gobierno de Sánchez, pero ha asegurado que “en una legislatura debe haber un mínimo de confianza mutua que ahora es de cero. Es necesario que se restaure el juego limpio, porque es inviable continuar la confianza y la relación”.

Aragonès está a la espera de ser convocado por Sánchez para recibir explicaciones. Sin embargo, el Gobierno mantiene que es imposible dar tales explicaciones porque se trata de un asunto bajo secreto y que, por tanto, no puede ser desvelado.

El Gobierno, en principio, considera que debe rechazarse la petición de comisión de investigación por afectar a asuntos clasificados y, por eso, la bloqueará junto a PP y Vox.

El presunto espionaje ha afectado a más de 60 personas, entre las que se encuentran cuatro presidentes de la Generalitat, dos del Parlament, abogados y parlamentarios. Ese programa interviene los móviles y es capaz de grabar voces y vídeo y entrar a todos los archivos. Es decir, que afectaría a muchas más personas que los propietarios de los aparatos intervenidos.

Varios portavoces y el propio Aragonés se han referido expresamente a “vulneración de derechos como el de participación política” porque el espionaje permitía acceder a todos los documentos políticos manejados, así como a las estrategias de los afectados.

"Hay dos opciones, que esto se haya llevado a cabo de manera ilegal, con lo cual el ministerio de Defensa e Interior deberían hacer una investigación a fondo y se deberían depurar responsabilidades, deberían rodar cabezas. La otra opción es que se haya hecho con cobertura legal, en cuyo caso se debería pedir como mínimo perdón a las personas afectadas y se debería garantizar que esto nunca vuelve a ocurrir en España", ha asegurado Echenique, portavoz de uno de los partidos que forman parte del Gobierno.