Moncloa rechaza que vaya a haber ninguna dimisión por el llamado caso Pegasus.

Admite el Gobierno, eso sí, que el presunto espionaje a más de 60 políticos, líderes y activistas del separatismo catalán publicado en la revista The New Yorker "ha arrojado sombras de duda" en el proceder de las instituciones del Estado. Pero afirma categóricamente -por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños- que "el Ejecutivo está muy tranquilo, y no tiene nada que ocultar" cuando se le pregunta por si algún "ministro responsable del CNI asumirá responsabilidades políticas".

A la misma hora en que se celebraba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, todos los socios del Gobierno, desde Unidas Podemos -el socio menor de la coalición- hasta ERC y Bildu -los supuestos pilares de la "mayoría de legislatura"- comparecían juntos en el patio del Congreso, de la mano del resto de grupos pequeños que completan las votaciones.

Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG hacían "una declaración conjunta denunciando la práctica del espionaje político" del llamado 'caso Pegasus'.

Entretanto, Bolaños se afanaba por explicar en público las cosas que le contó el domingo a Marta Vilagrà, consejera de Presidencia de la Generalitat. 

Todos los aliados de Pedro Sánchez -menos el PNV- daban así por buenas no sólo las informaciones de la citada revista estadounidense -repletas de inexactitudes y sin prueba alguna más que un presunto estudio a distancia de una universidad canadiense a los móviles presuntamente infectados con el programa de espionaje- sino las sospechas de que el virus informático se lanzó desde el CNI... o peor, que se hizo sin autorización judicial.

Aunque en realidad, la ofensiva morada contra el partido mayoritario del Gobierno está desatada en las últimas fechas.

Por poner sólo un ejemplo de cada uno de los últimos cuatro frentes, baste decir que en el caso Pegasus, Unidas Podemos se ha puesto del lado de las presuntas víctimas que ponen en duda la democracia y no de su socio, que niega tener "nada que ocultar". En el decreto sobre la remodelación de la Monarquía, aprobado este martes en Consejo de Ministros, la formación morada ha elegido proclamar su posición "contra el blanqueamiento" a Felipe VI.

Además, respecto al acuerdo con Marruecos, los de Yolanda Díaz presentaron una iniciativa parlamentaria contra la política exterior del presidente. Y en lo tocante a la guerra en Ucrania, este lunes se impulsaba "una cumbre por la paz y no la cumbre de la OTAN", que se celebrará en Madrid en un par de meses.

Bildu, ERC y los secretos

De vuelta al escándalo auspiciado por la Generalitat, que también a la misma hora anunciaba la "restricción" de sus relaciones con Moncloa, el ministro para todo de Pedro Sánchez pedía "ir paso a paso, porque lo primero aclarar los hechos". Bolaños calificaba su reunión del domingo con Vilagrà de "buena" porque "el diálogo es lo mejor cuando hay discrepancias", más allá de que el resultado de su cita en Barcelona haya sido ninguno.

"Nosotros estamos comprometidos", admitió, "porque entendemos la inquietud de las personas afectadas", dijo dando por buena la información publicada -al menos, en parte- "y la preocupación de la ciudadanía, que exige transparencia y ejemplaridad de las instituciones".  Y para ello, defendió, "lo mejor es que sea el Congreso el que pueda tener acceso a esa información".

Precisamente este martes, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, cambiaba la normativa para la constitución de la comisión de gastos reservados -la conocida como "de secretos oficiales"-, que no se había constituido en todo lo que va de legislatura.

Para ello, se rebajará la mayoría de tres quintos requerida hasta ahora para el acuerdo, y se dará entrada "a todos los grupos", como dijo el ministro Bolaños. Es decir, que ERC como Bildu, con grupo propio en el Congreso, estarán representados... y esto es una línea roja para el Partido Popular... antes compartida con el propio PSOE.

"Allí será donde los ministros con conocimiento de los hechos den todo tipo de explicaciones y donde los grupos podrán preguntar y exigir todo tipo de información", explicaba el titular de Presidencia.

Lo cierto es que tanto ERC como Junts y PDeCAT han reclamado que el foro donde se "esclarezca lo ocurrido en el CNI" sea una comisión de investigación "con luz y taquígrafos". Pero Bolaños lo ha descartado: "No serviría de nada, porque los comparecientes tendrían que negarse a declarar asumiendo las obligaciones de la ley de secretos oficiales y la del CNI".

Foco al CNI

La norma que regula a los servicios de Inteligencia data del año 2002, y fue producto del consenso entre PP y PSOE durante los Gobiernos de José María Aznar. Con ella no sólo se cambió el nombre del antiguo Cesid, sino que se le dotó de un control judicial extremo "mucho mayor que el de las democracias de nuestro entorno", según las fuentes conocedoras consultadas.

Esos requerimientos legales y la información que publicaba hoy EL ESPAÑOL -según la cual los magistrados del Tribunal Supremo encargados en estos 20 años de dar las autorizaciones para este tipo de pinchazos afirman que nunca han dado permiso para un espionaje masivo-, sumados a las argumentaciones de Bolaños son las que ponen el foco en algún tipo de descontrol en el seno del Centro Nacional de Inteligencia. "Es el propio CNI el que ha pedido iniciar un proceso de control interno", ha remarcado el ministro.

"El objetivo que tenemos es el de que no quede ninguna duda de que nuestras instituciones actúan con arreglo a la ley, sea quien sea y piense lo que piense la persona afectada por sus actuaciones", insistía. 

Los trabajos de aclaración se harán "con celeridad", según fuentes de Moncloa. Es decir, que Sánchez quiere que se constituya esta misma semana la comisión de secretos en el Congreso "con las puertas y las ventanas abiertas para toda la información que se requiera".

Eso sí, Moncloa también pone cortafuegos aquí: no será la ministra de Defensa la compareciente, sino Paz Esteban López, la directora del CNI.