Puigdemont formará parte de la comisión del Parlamento Europeo que investigará Pegasus

Sobre todo, por el hecho de que durante el proceso de constitución de esta comisión hubo tres miembros de la Eurocámara que se mostraron especialmente interesados en "pedirse" esta comisión: Diana Riba (ERC), como vicepresidenta segunda; Jordi Solé (ERC); y el ex president Carles Puigdemont (Junts).

"Durante seis meses, la información que reveló 'The New Yorker' ha permanecido embargada hasta que, precisamente estalló la semana pasada", explica un alto funcionario de las instituciones europeas, en conversación con este periódico.

"Eso no es casual, estaba todo preparado", añade. Y sin embargo, la REPER (Representación Permanente de España ante la Unión Europea) no había preparado documentación al respecto. "Ni siquiera, para contrarrestar la desinformación del independentismo", abunda esta fuente.

Tanto es así que otro de los eurodiputados españoles que más interés demostró por formar parte de los 38 representantes sentados a los trabajos que, durante el próximo año hará esta comisión, es Juan Fernando López Aguilar. Él mismo admite que parte de su trabajo será "evitar la propaganda que llevan haciendo toda la legislatura contra España los separatistas aquí, en Bruselas y Estrasburgo".

Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia y presidente de LIBE en el Parlamento Europeo. PE

El exministro de Justicia en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero es, además, presidente de LIBE (la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior). "Tendremos que escuchar cómo tratarán de igualarnos a los atentados contra el Estado de derecho en Polonia y Hungría", pero él mismo lo rechaza de inicio.

Amparo judicial

"Sé que lo harán porque, de hecho, yo he sido el ponente de las sanciones por el artículo 7 a ambos países, que han reconocido haber usado Pegasus para espiar a políticos de la oposición, activistas y periodistas". El Gobierno polaco, incluso también, para espiar a jueces. "Eso son ataques verdaderos a las libertades, a los valores y principios del artículo 2 del Tratado", y no lo que podría haber hecho España, insiste siempre en condicional. 

"Lo que te puedo decir", explica en conversación con EL ESPAÑOL, "es que cualquier uso de ese software se ha tenido que hacer siempre con autorización judicial".

¿Se ha tenido que hacer o, de hecho, se ha hecho? "A eso, respondo dos cosas. No puedo confirmar ni descartar que se haya hecho, como con responsabilidad, hacen los ministros que tienen conocimiento de este tipo de información". Eso, por un lado. Y por el otro, "es que no cabe otra cosa, porque en caso contrario, sería un delito gravísimo".

El exministro recuerda la reforma del CNI, a inicios de la primera década de este siglo. Durante los Gobiernos de José María Aznar se alcanzó un consenso entre PP y PSOE para cambiar toda la estructura de los servicios de Inteligencia españoles, que incluso cambiaron de nombre (antes era el Centro Superior de Información para la Defensa, Cesid). Fue la ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Después de algunos casos verdaderamente bochornosos del pasado, se hizo una ley rigurosa y garantista para que España se homologara con los países de su entorno en el control judicial de los servicios de información", aclara López Aguilar.

Y es que el exministro añade que todos los Estados tienen "el derecho y el deber" de defenderse, que todos cuentan con este tipo de servicios y que España "es una democracia avanzada con todos los controles"... salvo, y ahí radica el paradójico problema del caso Pegasus que aprovecha el independentismo, el parlamentario.

Espiando a los socios

Desde el inicio de la legislatura no se ha alcanzado consenso para la constitución de la Comisión de Gastos Reservados en el Congreso, la más conocida como "comisión de secretos oficiales". Para ello, hace falta el acuerdo de 210 diputados y, en realidad, habría bastado con los del PSOE y el PP y sus aliados regionales (N+, Foro...).

Pero los socialistas no pueden dejar fuera a Unidas Podemos, y los morados no aceptan marginar a ERC y Bildu: los abertzales son línea roja para el Partido Popular -el de antes, con Pablo Casado, y el de ahora, con Alberto Núñez Feijóo- "y eso hace imposible que la ministra de Defensa dé explicaciones en donde toca, en la sede de la soberanía".

Fuentes del PSOE alegan que el problema lo tiene el PP, porque los socialistas no vetan "ni siquiera a Vox".

Pero los populares acusan al partido de Pedro Sánchez de hipocresía, pues hasta ahora había un acuerdo tácito de ambos para dejar las cosas como estaban... sin acusarse mutuamente de haber favorecido esta irregularidad. "Ahora, quieren salvar a Sánchez con una nueva cesión a sus socios, los mismos a los que también tiene que investigar porque no se fía de ellos", y porque hace sólo cinco años "quisieron romper la unidad de España".

La realidad es que las revelaciones hechas en la revista estadounidense The New Yorker fueron recibidas con sorpresa y desazón en Moncloa. Primero, porque "no son nuevas", tal como argumentó la portavoz, Isabel Rodríguez. Y segundo, porque abundan en "esa especie de leyenda oscura que aún persigue a España" en Bruselas, según palabras de ese alto funcionario europeo citado más arriba.

En el caso de la investigación sobre Pegasus y otros programas similares de espionaje, el Parlamento Europeo tratará de esclarecer el uso de este software por Gobiernos de "los Estados miembros, incluidos, entre otros, Hungría y Polonia".

Y ahí es donde entra la posibilidad de que España sufra la "desinformación separatista", explica Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, y de que López Aguilar sea atacado por eurodiputados de estos países. "¡Como si el caso español pudiera ser equiparable!", lamenta.

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos y miembro de la 'comisión Pegasus' del Parlamento Europeo. EP

La comisión tratará de averiguar si esta "vigilancia intrusiva que vulnera los derechos y libertades reconocidos en la Carta [de Derechos de la UE]" se ha llevado a cabo sin controles "y evaluar el nivel de riesgo que ello supone para los valores reconocidos en el artículo 2 del Tratado [de la Unión Europea], como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos".

Podemos se desmarca

Ya nadie cree que España no haya utilizado este software, desarrollado en Israel y que sólo se vende a Estados democráticos y agencias de seguridad gubernamentales. Pero el Ejecutivo de coalición está atrapado, porque no puede explicarse sin incumplir la ley; no tiene foro para hacerlo, ya que no hay comisión de secretos en el Congreso; y eso lo utilizan sus socios, que a la vez son los supuestamente espiados, para amenazar al presidente con hacerlo caer.

El pleno de la Eurocámara aprobó el pasado 10 de marzo la constitución de esta comisión, cuando el caso Pegasus había quedado olvidado, al menos en España. Y eso que ya había estallado la polémica en el verano de 2020, cuando el entonces presidente del Parlament de Catalunya, el republicano Roger Torrent, denunció ante los tribunales la infección de su móvil con este "virus espía".

Por eso, Moncloa argumentaba hace ahora una semana que el escándalo "no era nuevo", que esas informaciones ya habían salido en el pasado... Es más, desde fuentes internas del Ejecutivo se insiste en que ésta era una práctica "heredada de las anteriores administraciones", es decir, de los Gobiernos del PP.

Pero lo cierto es que sí hay algo nuevo, que son las fechas, que ahora sí alcanzan hasta finales de 2020. Es decir, cuando Sánchez llevaba dos años y medio en Moncloa, y 11 meses de coalición con Pablo Iglesias.

Claro, que el entorno del exvicepresidente ya ha aclarado que "nunca supo nada". Y el de su sucesora, Yolanda Díaz, también afirma que ella nunca fue informada.