No está claro a cambio de qué. Probablemente, Pedro Sánchez quiera que sea a cambio de nada. Pero es cierto que en esta sesión de control ha sido la primera vez en la que el presidente del Gobierno ha pedido "formalmente el apoyo del PP" al decreto de medidas contra los efectos de la guerra que se tiene que convalidar este jueves en el Congreso... y que sus socios habituales amenazan con rechazar como castigo por el llamado caso Pegasus.

Lo hizo al finalizar su intervención, en la segunda respuesta a la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso. Cuca Gamarra le había dado a elegir entre el apoyo de los populares y "entregarle los secretos de Estado a quienes quieren hundirlo". Porque ambos, PP y PSOE, saben que la dicotomía -quieran o no- se ha situado ahí.

De hecho, las cuatro vías de esclarecimiento del presunto espionaje a políticos, líderes y activistas del separatismo con el software Pegasus han sido nuevas cesiones de Moncloa a sus aliados parlamentarios: la última, la rebaja urgente -y unilateral por la presidenta Meritxell Batet- de las mayorías necesarias para conformar la comisión de gastos reservados en el Congreso para dar cabida a ERC, Bildu y hasta la CUP en la comisión llamada "de secretos oficiales".

El PP se mostraba este martes escandalizado, "completamente en contra" de esta decisión, en declaraciones de una exministra a este periódico. Y aun así, este miércoles, Gamarra seguía tendiendo la mano: "Deténgase siquiera un minuto a estudiar otras medidas que no sean las de su decreto", advirtió, "porque aún le queda margen, son 24 horas".

Este jueves se debe convalidar ese decreto. Pero el PP quiere que se tramite como proyecto de ley, para que se puedan discutir las iniciativas de su plan de choque económico, que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa la semana pasada y del que en Génova aún no se sabe "si Sánchez ha tenido ocasión siquiera de leer".

Quizá por eso, Gamarra le preguntó directamente al presidente su opinión sobre los informes del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), "que alientan la rebaja selectiva de impuestos, justo lo que le propone el presidente Feijóo"... presidente del PP, se entiende, aunque ya lo quieran bautizar así desde Génova, por si hay que ir acostumbrándose.

Viejos reproches (rebajados)

Y Sánchez, que no quiso responder a si cedería a la tramitación como proyecto de ley ni a si se había leído el plan de choque popular, sólo dijo que le parecía muy "riguroso y objetivo" lo que dicen ambas instituciones citadas por Gamarra.

Pero que el PP hace "o trampas o magia" porque propone bajar impuestos, bajar el déficit, bajar la deuda y mantener los servicios públicos "y cuando gobierna hace todo lo contrario: sube impuestos, sube el déficit, multiplica la deuda y recorta el Estado del bienestar".

El hallazgo dialéctico fue muy aplaudido por la bancada socialista, y fue la única concesión (rebajada, eso sí) a las batallas agrias que antes mantenía Sánchez con Pablo Casado. Como lo había sido la invectiva de la portavoz del PP, que le había recordado que fue él quien, como diputado del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, "votó a favor de bajadas en los sueldos de los funcionarios, la congelación de pensiones y recortes en ayudas públicas como el cheque-bebé".

El PP quiere ganar esta batalla a base de ofrecer su apoyo, y ésa es una nueva táctica para la que no parece estar preparado Sánchez. Pero quizá sea su única salvación, a la vista de los cruces de advertencias posteriores con Gabriel Rufián.

O con la petición de "rodar cabezas" que escenificaron todos los socios del PSOE este martes en el patio del Congreso que se sustanciaron, en la sesión de control, con un acoso a Margarita Robles, ministra de Defensa, responsable -por tanto- del CNI y víctima propiciatoria -tal vez, necesaria- para que Sánchez pueda contar con el apoyo a su decreto este jueves... y no decaigan la rebaja de 20 céntimos en las gasolineras, la del 60% en los impuestos a la energía, la ampliación del bono social eléctrico a dos millones de hogares.

Ése sí sería un fracaso total: perder los apoyos y tener que explicar a los ciudadanos que el porqué está en el politiqueo por un presunto espionaje.