Antes de este lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez era sospechoso de espiar masivamente a independentistas catalanes. Ahora, el presidente aparece como una víctima más del sistema Pegasus. Y una de las novedades es que ahora está en cuestión la eficacia del CNI y, por tanto, la continuidad de su máxima responsable, Paz Esteban.
Fuentes del Gobierno aseguran que la situación de la responsable de los servicios secretos es "incómoda", por la inseguridad creada debido a que se desconoce quién entró en esos teléfonos, qué información fue extraída y, sobre todo, quién la tiene ahora en sus manos.
Otras fuentes gubernamentales, no obstante, eximen de responsabilidad a la directora del CNI sobre el fallo notable de seguridad respecto a los teléfonos del presidente y la ministra. Sí admiten que ella es la cabeza visible de la comunidad de inteligencia española.
El organismo que ahora ha determindo que esos teléfonos han sido infectados es el Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende del CNI y que tiene entre sus misiones garantizar la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos.
Donde antes había una sospecha de utilización de los aparatos del Estado, ahora hay un fallo de seguridad que ha permitido que se pueda espiar el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Todo ello a falta de que concluya la investigación sobre los terminales de otros miembros del Gobierno y autoridades.
El Ejecutivo y la directora del CNI preparan para este jueves a las 9:00 horas la comparecencia de la responsable de los servicios secretos antes la comisión de secretos oficiales del Congreso, tras una rápida investigación interna.
En esa comparecencia, se pretende que la representante del Gobierno acuda con autos judiciales y datos para probar que el espionaje no se hizo por la condición ideológica de los independentistas, sino por presuntas relaciones con el llamado Tsunami Democràtic y con Rusia, y siempre con autorización judicial.
Según el Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia no espió a tantos como señalaba el estudio de Citizen Lab, departamento de la Universidad de Toronto.
Ahora, la duda es quién pudo además entrar en los móviles de los altos representantes del Gobierno.
Petición de destituciones
Los socios de Pedro Sánchez, dentro y fuera del Gobierno, habían pedido estos días la cabeza de responsables políticos, apuntando directamente a la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El presidente no estaba dispuesto a entregarla porque habría sido admitir la responsabilidad en el espionaje, porque afectaría al núcleo duro de su Gobierno y le debilitaría notablemente, porque Robles le cubre una parte del electorado y de la opinión pública y porque desde hace años tiene una relación especial con ella. Y es que ella fue de los pocos que le apoyaron cuando fue expulsado de la secretaría general del PSOE.
La directora del CNI, Paz Esteban, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Cabía la opción de entregar la cabeza de la responsable del CNI. Según The Objetive, en el Gobierno se lo llegaron a plantear en la Moncloa la pasada semana.
Pero antes de este lunes, esa solución hubiera sido claramente contraindicada para Moncloa, ya que habría sido tanto como reconocer la culpabilidad del Gobierno y de los servicios secretos en el espionaje a los independentistas. Sólo hubiera servido como un cortafuegos muy débil para salvar a la ministra de Defensa, que seguiría siendo objetivo político de los socios de Sánchez, y con mayor motivo, una vez admitida esa culpabilidad con la destitución de Paz Esteban.
Pero ahora algunas cosas han cambiado en la Moncloa, porque el descubrimiento de que los móviles de Sánchez y de Robles fueron espiados con el sistema Pegasus pone en duda la misma eficacia del CNI y supone una evidente grieta de seguridad.
Fuentes del Gobierno aseguran que la investigación sobre el espionaje a los independentistas se ampliará para conocer esa grieta de seguridad. No parece razonable que el terminal del presidente del Gobierno no fuera revisado periódicamente o que careciera de medidas de seguridad estrictas.
La destitución de Paz Esteban, tras comparecer en la comisión de secretos, podría venir explicada ahora como consecuencia de ese error, tras aprobar un protocolo que extreme las medidas de seguridad de las personalidades del Estado más expuestas.
Un miembro del Gobierno asegura que desde Moncloa siempre les dijeron que los móviles oficiales que utilizan, proporcionados por el Estado, eran "impenetrables".
Sorprendentemente, la ministra Robles habló el miércoles en el Congreso de "hackeos" de móviles de ministros, pese a que entonces no se ha procedido al examen que ha detectado el espionaje en el suyo y el del presidente del Gobierno. "Cuando se han hackeado organismos como el SEPE en España, impidiendo que los trabajadores pudieran cobrar, y cuando ha habido también hackeos de teléfonos de ministros no la he oído a usted decir nada. No la he oído a usted decir nada", le dijo la ministra de Defensa a una diputada, sin aclarar a qué se refería.
Ministros espiados
En verano de 2020, el móvil del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue pirateado e inutilizado, tras recibir un sms con un enlace en el que debía pinchar. Ésta es una práctica llamada como phishing y relativamente frecuente.
Otros miembros del Gobierno recibieron mensajes similares, pero no resultaron afectados. Por ejemplo, la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
El caso fue investigado por el CNI, nunca se dio información sobre el resultado de esas pesquisas, pero a los afectados se les dijo que era fruto de la acción de un particular.
Paz Esteban fue nombrada directora del CNI en febrero de 2020. Desde 2017, había sido secretaria general del centro.
El cargo de responsable del CNI (antes llamado Cesid) está sujeto a polémicas. En 1995, fue destituido Emilio Alonso Manglano por escuchas indiscriminadas e ilegales; en 2009, fue Alberto Saiz Cortés el que dimitió tras revelarse el presunto uso personal de medios públicos; y su sucesor, Félix Sanz Roldán, está relacionado con el presunto acoso a Corinna Larsen, examante del rey emérito, que se juzga en Londres.
Tampoco es nuevo el espionaje a miembros del Gobierno. Por ejemplo, en 1991, la entonces ministra portavoz, Rosa Conde, reconoció en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que, en los primeros días de mayo, había sido detectado un micrófono en su automóvil oficial.