Sánchez se tambalea por el 'caso Pegasus': sus socios no le creen y sus ministros se señalan entre sí

Por supuesto, la oposición menos: Edmundo Bal (Cs) anunció una batería de preguntas porque, "por supuesto, no nos creemos nada" de lo contado... mientras fuentes liberales se preguntan si es peor que sea verdad o que el Gobierno mienta.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo (PP) ironizaba este lunes con la "casualidad política no menor" de que se haya comunicado el espionaje al presidente precisamente esta semana.

Este martes, puede perder la mayoría en la junta de portavoces, en la que se puede forzar su comparecencia en pleno para dar explicaciones; el miércoles, la ministra Margarita Robles comparece en comisión; y el jueves a las 9:00 horas se inaugura la de secretos oficiales con un aquelarre a la directora del CNI, Paz Esteban, ante representantes de la CUP, Bildu, Junts y ERC. 

Y es que además, su propio Ejecutivo está dividido. Ministro a ministro, todos a los que les toca una parte mayor o menor del caso Pegasus -Interior, Defensa, Presidencia...- hacen por exculparse y, en algún caso, señalar al de al lado. 

No se buscaba Pegasus

Fuentes del Ejecutivo, por ejemplo, revelan a este diario que sólo el estallido del escándalo hizo que los servicios de seguridad del Gobierno incluyeran la semana pasada las huellas de este software espía en las revisiones habituales a los dispositivos de los miembros del Consejo de Ministros.

La noche del viernes al sábado, dio positivo el teléfono de Margarita Robles y la ministra de Defensa, al ser informada, avisó a Pedro Sánchez. Al día siguiente, se sometió a control el dispositivo del presidente: también positivo.

Pero no es el mismo responsable de seguridad el de un departamento que el del otro. Y los protocolos tampoco son los mismos. "Se están modernizando", apuntan fuentes de Moncloa... hace dos semanas, en Tallin (Estonia) los expertos españoles quedaron en última posición entre 32 países en los ejercicios Locked Shields 2022. Una especia de maniobras conjuntas de ciberguerra en las que participó el CERT (Computer Emergency Response Team) del Mando Conjunto del Ciberespacio junto a expertos militares, policiales y corporativos.

El Centro Criptológico del CNI tenía algunos de sus técnicos en esa contienda. Es el mismo organismo que este sábado, tras clonar el móvil del jefe del Ejecutivo y someterlo a horas de pruebas, certificó que en mayo de 2021 hubo dos intrusiones en el dispositivo. Una primera, en la que le fueron robados 2,6 gigas de información, y una segunda, con apenas 130 megas sustraídos.

Al teléfono de Robles sólo le fueron descargados por un atacante desconocido, un mes después, en junio, nueve megas de datos.

"Sabemos el volumen, no qué tipo de información fue robada", admite Moncloa. Fuentes del Gobierno, además, reconocen que no hay esperanzas fundadas de saber quién entró, cómo lo hizo, qué se llevó, para quién lo robó, por qué intereses… sólo sabemos cuándo ocurrió.

Si el Ejecutivo se defendía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hace dos semanas -al estallar el escándalo- afirmando que "la intrusión con ese software espía no es ninguna novedad" es que -como es evidente- conocía que ya Roger Torrent (ERC) denunció una infección similar hace dos años. El entonces presidente del Parlament de Cataluña fue espiado en 2020. El caso lo investigan los tribunales. Pero la comisión rogatoria enviada a Israel no ha dado ningún fruto. Tampoco se espera ahora. Tal como informa EL ESPAÑOL este martes, la Audiencia Nacional le otorga "escaso recorrido" al caso.

Pero si el Gobierno era consciente de todo esto, es más, si el CNI dispone de esta tecnología -como han admitido fuentes del  Ejecutivo-, ¿cómo es que nunca se detectara la infección de los aparatos de Sánchez y Robles? ¿Por qué ahora sí? ¿E posible que no se revisara la posible intrusión con este programa en el teléfono de los miembros del Consejo de Ministros?

Creer o no creer

Si nos creemos esta versión, la seguridad del Estado ha estado comprometida hasta este sábado, fecha que consta en el informe que acompaña la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Abogacía del Estado. Y durante al menos 11 meses, los 2,6 gigas robados a Sánchez han estado (y siguen estando) en manos de un enemigo de España. O de su Gobierno.

El relato, así contado, es increíble, preocupante y peligroso. Para los socios morados de la coalición que gobierna nuestro país, "inasumible".

Pero si no nos creemos esta versión de fuentes oficiales, quizá sea peor. Porque el Gobierno estaría mintiendo en un asunto de seguridad del Estado por motivos políticos.

Y por eso, en el ámbito político, nadie cree que lo explicado por Moncloa sea la verdad. O al menos, no toda la verdad... "si es que no hay alguna cosa más, por ahí colada, que la verdad". Cada uno con sus matices, desde el Partido Popular a Unidas Podemos, todo el arco parlamentario exige explicaciones, dimisiones, aclaraciones y medidas urgentes.

Para Feijóo, no sólo es "preocupante" esta brecha de seguridad, sino que el hecho de que se haya anunciado precisamente esta semana es una "casualidad política no menor". Fuentes cercanas al presidente popular señalan a este diario que "podría parecer que Moncloa ha querido presentar como víctimas a las dos siguientes personas en la cadena de mando", tras haber puesto hace una semana el foco en el CNI y su directora, "para salvarlas".

Bronca interna 

Desde la dirección del socio minoritario del Gobierno se acusa de manera más o menos explícita a Robles, cuya posición es "insostenible" para el fundador y exvicepresidente, Pablo Iglesias, y a quien señalan sus sucesoras Yolanda Díaz, como socia de Sánchez, y Ione Belarra, al frente del partido, cuando exigen "la asunción de responsabilidades políticas"... ya que el CNI es la única institución que no ha desmentido tener Pegasus entre sus herramientas de trabajo.

Y es que hace ya dos semanas que el entorno más cercano de Fernando Grande-Marlaska desmintió con rapidez que la Policía Nacional o la Guardia Civil cuenten con ese software para sus pesquisas policiales o como autoridad judicial. Aquellos desmentidos, el mismo día que la portavoz Isabel Rodríguez se afanaba por quitarle hierro al escándalo sentaron muy mal en Defensa. No era la primera vez que afloraba la rivalidad entre los titulares de ambos departamentos.

En las últimas horas, otras fuentes del Gobierno han vuelto a deslizar la posibilidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí hayan operado, siquiera ocasionalmente, con Pegasus.

En todo caso, si las explicaciones dadas este lunes por Moncloa buscaban, aparte del confesado "ejercicio de transparencia" un rédito político con los socios parlamentarios, tampoco eso lo ha logrado el equipo de Sánchez.

Bronca externa

Pocas horas después de revelar el Ejecutivo que no sólo los políticos, líderes y activistas separatistas de ERC, Junts, la CUP, Bildu, Òmnium y la ANC habían sido espiados, sino que también el presidente y su ministra de Defensa habían visto comprometidos sus secretos, Oriol Junqueras ponía en duda la credibilidad del Gobierno.

Más allá de estar inhabilitado para la política activa a causa de su condena por sedición y malversación, el presidente de Esquerra Republicana dio en la llaga: "¿Qué credibilidad puede tener nada de lo que diga el Gobierno después de traicionar nuestra confianza?", se preguntó en una comparecencia pública.

ERC es el socio preferente del Ejecutivo en el Congreso. Sus 13 votos han sostenido la llamada "mayoría de legislatura" hasta ahora.

Y es la formación que ya hizo caer a Sánchez una vez, rechazando sus Presupuestos en 2019; la que estuvo a punto de repetirlo, votando 'no' a su reforma laboral en febrero; y la que consumó su castigo la semana pasada, rechazando el decreto de medidas económicas que sólo salvó el apoyo de Bildu... la formación heredera de Batasuna cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, advirtió que apoyaba el texto legal "por responsabilidad con la ciudadanía del Estado, no por el Gobierno".

Eso sí, después de obtener un asiento en la comisión de secretos oficiales. 

El castigo de Esquerra no será sólo "torpedear votaciones" porque no han "rodado cabezas" en el Gobierno después de publicarse en The New Yorker el informe de Citizen Lab, el instituto de la universidad canadiense que revelaba el supuesto espionaje a más de 60 líderes separatistas. También es desnudar la poca credibilidad de este relato incompleto y, en todo caso, alarmante de Moncloa.

La cabeza que exige Esquerra es, de nuevo, la de Margarita Robles. De manera explícita y como precio para volver a plantearse el apoyo a Sánchez después de que la ministra de Defensa arremetiera contra los partidos independentistas en la sesión de control del pasado miércoles: "¿Qué se supone que debe hacer un Gobierno cuando se ataca al Estado, sus instituciones y su Constitución?", se preguntó en alto ante la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

La argumentación de Robles se ganó el aplauso de la oposición, pero no el de una gran parte de la propia bancada socialista. De hecho, desde el mismo banco azul del Ejecutivo se le criticó directamente por haber sido "demasiado beligerante" sólo 72 horas después de que Félix Bolaños hubiera gastado tanto capital político, viajando a Barcelona un domingo, para dar explicaciones a la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà.

Aunque el propio Bolaños también ha recibido pullas por esa visita, considerada por algunos compañeros del Gobierno como "innecesariamente autoinculpatoria" para el Ejecutivo y, en todo caso, "inútil" vistos los nulos réditos.

Credibilidad

Sánchez se reconoció débil, mostrándose víctima ante sus socios, porque a él también le espían. Lo que le dio más carta de naturaleza al relato "aún no demostrado" del independentismo, "pero que ya nos ha ganado", según un miembro de su Gobierno. Y no logró más que lealtad irónica del PP.

Sánchez publicitó esta brecha de seguridad, de manera opuesta a lo que hizo Boris Johnson y Emmanuel Macron cuando a ellos les ocurrió, para demostrar su transparencia. Y sólo puso en duda la seguridad del país que acogerá la próxima cumbre de la OTAN, en pleno conflicto con Rusia... mientras la ciberguerra es uno de los escenarios predilectos de Moscú.

Sánchez prometió desclasificar documentos, una investigación interna en el CNI, otra del Defensor del Pueblo, entregó la comisión de secretos, admitió que lleva 11 meses sin saber quién le robó ni qué, puso una denuncia ante la Audiencia Nacional... y mientras sus ministros se cruzan reproches, todavía no le creen ni los suyos ni los rivales.