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La comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia no se reúne desde hace más de un año
Calviño, su presidenta, no la ha convocado desde que Iglesias abandonó el Gobierno, pese a la crisis con Marruecos o las alarmas sobre ciberseguridad.
4 mayo, 2022 02:52Noticias relacionadas
La función de la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos de Inteligencia es "velar por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de inteligencia", según consta en el artículo 6) de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, hace más de un año que no se ha reunido este órgano, tal como ha podido confirmar este periódico en varias fuentes del Gobierno.
De hecho, sólo ha celebrado dos reuniones desde el inicio de la legislatura, ambas con la primera composición del Ejecutivo de coalición.
La presidenta del órgano jamás lo ha convocado, a pesar de las crisis internacionales que se han tenido que afrontar, con informes de Inteligencia compartidos con socios y aliados, como la guerra en Ucrania.
Tampoco las amenazas a la integridad territorial -entre ellos, el más grave, el asalto a Ceuta de 10.000 personas procedentes de Marruecos- han motivado su convocatoria.
Ni siquiera los ataques de ciberseguridad sufridos en los últimos meses, como el hackeo del SEPE, que inutilizó los servicios de empleo en toda España durante semanas el año pasado, lo han merecido.
CNI sin control democrático
Efectivamente, ni el Ejecutivo ni el legislativo han controlado al Centro Nacional de Inteligencia en toda la legislatura. El Congreso, de hecho, ha dejado sin supervisión parlamentaria al CNI desde el fin de la legislatura que inició en 2016 Mariano Rajoy en el Gobierno.
![Mertxe Aizpurua (Bildu) entrega su voto secreto a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, para la comisión de secretos.](https://s1.elespanol.com/2022/05/04/espana/politica/669943025_224031883_1024x576.jpg)
Mertxe Aizpurua (Bildu) entrega su voto secreto a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, para la comisión de secretos.
Este jueves, a las 9.30, se celebrará la primera reunión de la Comisión de Gastos Reservados -conocida como "de secretos oficiales"- después de que el estallido del caso Pegasus obligara al Gobierno a activar "todos los resortes" para tratar de demostrar que no tenía "nada que esconder" ante las acusaciones de los más de 60 políticos, líderes y activistas separatistas supuestamente investigados con el programa espía de origen israelí.
Sólo después de una triquiñuela legal de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, rebajando por iniciativa propia la mayoría de tres quintos de los diputados a una mayoría absoluta, se dio cabida a los portavoces de ERC, Junts, Bildu y la CUP, que no habrían reunido los 210 votos necesarios desde el año 2004, cuando el Congreso aplicó las mayorías reforzadas en consonancia con la muy garantista ley del CNI.
"Era por causa de los vetos cruzados", explica un ministro del Gobierno, en conversación con este diario. "Era la lógica parlamentaria y de seguridad del Estado", explicó la secretaria general del PP, en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL. "La persona de Bildu elegida con los votos del PSOE tras el cambio de las normas está condenada por enaltecimiento del terrorismo, no debería estar ahí", añadía Cuca Gamarra.
Inconstitucional
Otra pirueta normativa es la que hizo que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos en su momento, acabara en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Tan rocambolesca que acabó siendo declarada inconstitucional.
La comisión, según el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, la forman Nadia Calviño, número dos del Consejo de Ministros, en funciones de presidenta; Margarita Robles, ministra de Defensa, como presidenta suplente; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda; José Manuel Albares, ministro de Exteriores; y Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior.
Además, acuden a la sus reuniones Óscar López, director de Gabinete del presidente; Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad; y Paz Esteban, directora del CNI.
Ese texto legal fue modificado posteriormente el 20 de julio de 2021, después de la última remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez.
Aquel día, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, la última modificación del texto legal anterior. Ya antes, la vicepresidenta Díaz había tomado "todas las responsabilidades" de Pablo Iglesias en el Ejecutivo de coalición, tal como había negociado el fundador de Podemos con el presidente. Pero aquel día entró a formar parte de manera oficial de la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos de Inteligencia. Aunque nunca ha ido.
De hecho, es que Calviño jamás ha convocado una sola reunión de este órgano, ya que ella misma entró a formar parte de él en la citada fecha. Y parte de su equipo incluso desconocía siquiera que forme parte de los miembros del Gobierno con acceso a los secretos oficiales de la seguridad del Estado.
En todo caso, su condición de vicepresidenta primera pesó más que el contenido de sus cometidos dentro del Ejecutivo. Y la jerarquía pesó más que la lógica operativa, que habría dictado que fuera Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, quien se hiciera cargo... salvo por los equilibrios entre socios de coalición.
![Yolanda Díaz, entonces ministra de Trabajo; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera; y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo..](https://s1.elespanol.com/2020/11/06/actualidad/actualidad_533958320_224031845_1024x576.jpg)
Yolanda Díaz, entonces ministra de Trabajo; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera; y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo..
Por la misma razón de categorías, en los meses que pasaron desde la salida de Iglesias del Gobierno, en marzo de 2021, hasta la crisis del 10 de julio que acabó con la VP1, Carmen Calvo, entre otros, Calviño pasó a ser VP2. Yolanda Díaz fue "relegada" a VP3, a pesar de que el acuerdo de coalición le otorgaba derecho a un puesto más alto.
"No tenía sentido que la ministra de Trabajo tuviese mando sobre su jefa, la ministra de Asuntos Económicos", explicó entonces un miembro saliente del Ejecutivo.
Y es que la presencia de Díaz en la comisión del Gobierno para el CNI obedece solamente a que antes estaba Iglesias, al que Sánchez coló -tras mucho empeño del fundador de Podemos- aprovechando una disposición adicional en el primer decreto ley de medidas económicas contra el coronavirus.
La redacción inicial del citado 399/ 2020 fue declarada inconstitucional y nula, precisamente por la chapuza del Consejo de Ministros, tratando de modificar una ley orgánica a través de un Real Decreto-ley, el 8/2020, de 17 de marzo.
"Chascarrillos de Corinna"
En todo caso, a pesar del galimatías que mantiene ahora mismo la ley del CNI sin artículo 6.2) -el que teóricamente fija la composición de la Comisión Delegada-, Iglesias sí que fue convocado a dos reuniones del organismo en los apenas 13 meses en los que fue vicepresidente segundo del Gobierno. Este vacío, de hecho, aún provoca, entre diversos juristas consultados, dudas sobre la legalidad del puesto de Díaz en el órgano.
Todo esto lo confirma con sorna Iglesias en su último libro, Verdades a la cara (Navona, 2022). En él, también se explaya en otra de sus confidencias habituales, que en esa comisión "nunca" se enteró "de cosas realmente importantes".
Muy parecido es el diagnóstico del último representante de Esquerra que estuvo en la comisión del Congreso. Joan Tardà, que fue portavoz de los republicanos en las últimas legislaturas, siempre ha explicado que "sólo se contaban chascarrillos de Corinna, la amante del emérito".