Cuando un presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre un escándalo, algo se rompe en una legislatura, explica un veterano diputado. Pedro Sánchez tendrá que ir al Pleno cuando quiera la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, porque todos los partidos, salvo los del Gobierno así lo han decidido.

En dos semanas, de forma casi inadvertida, los partidos han forzado dos comparecencias de Sánchez para hablar de dos temas muy incómodos: el giro del Sáhara y todas las circunstancias del caso Pegasus, es decir, el presunto espionaje a independentistas y la intrusión en el móvil del presidente y la ministra de Defensa.

Los acontecimientos han querido, además, que ambos asuntos tengan un nexo inesperado como es la posibilidad de que detrás del espionaje a Sánchez esté Marruecos, precisamente el Estado con el que ha firmado un acuerdo en contra de la gran mayoría del Congreso.

En esos dos temas, además, Sánchez está sólo en el Parlamento. No le apoyan en ninguno de los dos ni sus socios de coalición (Unidas Podemos), ni los partidos que facilitaron la investidura y con los que pretende sacar adelante sus iniciativas parlamentarias en lo que queda de legislatura.

Además, todo ese panorama se complica aún más porque el “caso Pegasus” ha provocado una batalla interna notable entre ministros socialistas. Y lo hacen abiertamente, porque mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende con firmeza a la directora del CNI, desde la Moncloa se explica que el futuro de Paz Esteban durará lo que dure su investigación interna y sus explicaciones sobre el escándalo.

Robles explica que la seguridad de los teléfonos de los ministros es competencia de la Secretaría general de Moncloa, que ocupaba entonces Félix Bolaños, y Presidencia no deja lugar a dudas de que la seguridad es competencia del Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende del CNI.

Así, la portavoz Isabel Rodríguez ha explicado a Carlos Alsina en Onda cero que las comunicaciones dependen de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que el asunto de la ciberseguridad recae sobre el Centro Criptológico Nacional, que depende a su vez del Ministerio Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia.

Viaje a Barcelona

Miembros del Gobierno, además, cuestionan el viaje que hace dos domingos hizo el ministro Bolaños a Barcelona para dar una explicación a la Generalitat de Cataluña y anunciar una investigación en el CNI que pone este organismo de Defensa en el ojo del huracán.

Y, a su vez, las palabras de Robles en el Congreso el pasado miércoles preguntándose qué tiene que hacer el Estado frente al independentismo no gustaron nada en los responsables de Moncloa que negociaban con los independentistas su apaciguamiento.

Fuera de ese foco ha quedo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a ser responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde el inicio del escándalo se encargó de dejar claro que ni la Guardia Civil ni la policía nacional disponen del sistema Pegasus.

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