Moncloa se desmarca de los espionajes admitidos por la directora del CNI durante su comparecencia en la comisión de gastos reservados del congreso -conocida como "de secretos oficiales"-. "El Gobierno ni sabe, ni puede ni debe saber a quién se ha investigado, en ningún caso", explican a este diario fuentes de Moncloa.
Paz Esteban, secretaria de Estado y jefa de los servicios secretos, ha comparecido este jueves a las 9.30 horas en la primera reunión de la citada comisión, recién constituida al calor del estallido del caso Pegasus. En su comparecencia ha revelado los nombres de hasta 18 políticos, líderes y activistas del independentismo que fueron investigados por el Centro Nacional de Inteligencia.
Estos datos se han conocido por lo revelado por alguno de los diez portavoces, que debían guardar reserva de todo lo conocido en las cerca de cuatro horas de sesión. Y según estas filtraciones, la directora del CNI ha reconocido que entre las 18 personas a la que se espió, con autorización judicial, está el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Lo que no ha podido o querido aclarar Paz Esteban es el origen del espionaje con el programa Pegasus a Pedro Sánchez y a Margarita Robles, según ha desvelado luego la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Y es que ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Defensa estaban entre las personas sobre las que los servicios secretos pidieron autorización motivada al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, que se encarga de los asuntos del CNI.
Según las citadas fuentes de Presidencia, "es la separación de poderes" la que opera en la reserva del o la responsable del CNI para que estas informaciones no lleguen al despacho del presidente del Gobierno. El argumento de Moncloa se apoya en que, al tener que pedirse la "autorización judicial correspondiente" para cada actuación de los servicios secretos, es el juez el que puede y debe conocer los detalles: "Cada uno a su trabajo", concluyen.
Sin embargo, el artículo 1) de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, dice explícitamente: "El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".
Comisión Delegada del Gobierno
También cabe recordar que la misma norma establece la creación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
Un organismo cuya misión es, no sólo "velar por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de inteligencia". También le corresponde "proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro Nacional de Inteligencia".
Sin embargo, esta comisión lleva más de un año sin reunirse. La última vez que lo hizo, tal como confirman a este diario fuentes de varios Ministerios, Pablo Iglesias aún era vicepresidente segundo del Gobierno.
Es decir, desde que Sánchez y Robles fueron espiados mediante la infección con Pegasus de sus móviles oficiales, o desde que Marruecos ordenó el asalto de Ceuta, ambos hechos ocurridos en mayo de 2021, el Gobierno no ha controlado al CNI... como tampoco lo ha hecho el Parlamento desde el inicio de la XIV Legislatura hasta este jueves.
Protesta de Aragonés
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha emitido esta tarde un comunicado oficial en el que afirma que "es inaplazable la asunción de responsabilidades" por el "espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo".
Aunque, esta vez, no aclara si estas responsabilidades van más allá de la directora del CNI, Paz Esteban, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que el independentismo ha centrado su ofensiva.
Aragonés exige la "desclasificación inmediata" de todos los documentos del CNI relativos al espionaje a 18 líderes independentistas, entre los que se encuentra él mismo, para "poder ejercer el derecho de defensa". Es decir, para poder ejerce acciones judiciales contra los responsables de este espionaje.
El comunicado oficial difundido esta tarde por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
"Estamos ante una vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas con las que se han relacionados", indica la nota del presidente de la Generalitat.