La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha reconocido hoy que este organismo espió, con autorización judicial, al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y a otros 17 líderes independentistas.
Esteban ha expuesto estos hechos ante los portavoces de los grupos parlamentarios, en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Secretos Oficiales, que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas.
Paz Esteban no ha podido aclarar el origen del espionaje con el programa Pegasus al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, según ha desvelado luego la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Muestra los autos judiciales
Al respecto, la directora del CNI ha indicado que técnicamente va a resultar imposible determinar el origen de dicha intrusión, que se produjo en los meses de mayo y junio de 2021.
En su comparecencia, Paz Esteban sólo ha reconocido el espionaje por parte del CNI a 18 líderes independentistas, siempre con autorización del magistrado de enlace del Tribunal Supremo, para investigar vínculos con los disturbios violentos del Tsunami Democràtic y con el Kremlin.
En la comisión, la directora del CNI ha realizado primero una larga exposición de lo sucedido, y ha permitido a los portavoces parlamentarios examinar, durante unos 10 minutos, los autos judiciales que autorizaron estas intervenciones electrónicas. Luego ha respondido a sus preguntas.
Entre estos 18 espiados por el CNI con orden judicial se encontraría el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (según ha desvelado TV3 tras la Comisión). Según el informe del centro Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que destapó el escándalo, el espionaje a Pere Aragonés a través de su teléfono móvil se produjo en 2019.
Vínculos con el Kremlin
En aquel momento, como vicepresidente de la Generalitat, Aragonés era un interlocutor habitual del presidente Pedro Sánchez y del actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El líder de ERC jugó en aquel momento un papel clave para configurar la actual mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno.
Otro de los espiados por el CNI con autorización judicial sería el actual jefe de gabinete de Carles Puigdemont en Waterloo, Josep Alay, quien se encuentra imputado en el caso Volhov tras haber mantenido contactos con varios agentes vinculados a los servicios secretos del Kremlin.
En cuanto al resto de independentistas -hasta medio centenar- que según el instituto Citizen Lab también fueron espiados con el programa Pegasus, la directora de CNI ha señalado que estas escuchas no fueron realizadas por el organismo que dirige.
Paz Esteban ha cuestionado además algunos aspectos del informe elaborado por el centro Citizen Lab, cuya publicación en The New Yorker fue el detonante del escándalo.
Respecto al espionaje a este medio centenar de independentistas, Paz Esteban ha planteado dos hipótesis: el origen pudo ser "un país extranjero u organismos del Estado al margen de la ley", según ha asegurado luego a los periodistas el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Los 10 portavoces de los grupos parlamentarios han sido obligados a dejar sus teléfonos móviles en el exterior de la sala donde se ha celebrado la comparecencia, pero sí han tenido oportunidad tomar notas sobre la documentación aportada por Paz Esteban, según han revelado algunos de los presentes, informa Europa Press.
Una vez concluida la reunión a puerta cerrada, que se ha prolongado durante casi cuatro horas, los portavoces del PSOE (Héctor Gómez), PP (Cuca Gamarra), Vox (Iván Espinosa de los Monteros) y Ciudadanos (Edmundo Bal) se han mostrado satisfechos por las explicaciones de la directora del CNI, al considerar que la actividad del Centro se ha desarrollado en todo momento de acuerdo con la Ley, y con autorización judicial.
En cambio, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que sale "más intranquilo". Sigue considerando muy "grave" lo sucedido, exige responsabilidades políticas y reclama que se desclasifiquen todos los documentos sobre el espionaje. Podemos ya ha decidido usar esta polémica para desestabilizar al Gobierno del que forma parte.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado que su grupo reclamará de nuevo una comisión de investigación en el Congreso para aclarar el espionaje a los independentistas y se ha reafirmado en exigir responsabilidades, que ya no limita al Ministerio de Defensa y el CNI, sino que hace extensivas al Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
"Comisión sin secretos"
De hecho, Rufián ha espetado a la directora del CNI durante la comisión, que su situación en "insostenible". Según el relato del portavoz de ERC, Paz Esteban ha explicado a los portavoces que "no puede hablar sobre el sistema Pegasus".
"Ha sido una comisión oficial sin misterio y sin secretos" ha señalado Rufián ante los periodistas, "se ha dicho lo mismo que ya se había filtrado a los medios" respecto al espionaje a 18 líderes independentistas, realizado por el CNI con autorización judicial.
Algo que a su juicio demuestra que en España el Estado "espía a políticos, periodistas y abogados, por sus ideas".
Pero Gabriel Rufián se ha mostrado aún más "intranquilo" por las hipótesis planteadas sobre el espionaje al otro medio centenar de independentistas: una nación extranjera u "otros organismos del Estado que también tengan capacidad de espiar con parásitos como el Pegasus", ha indicado el portavoz de ERC.
Si ha sido una nación extranjera, como Rusia o Marruecos, ha apuntado, "significaría que se ha producido una terrible brecha en la seguridad nacional", lo que a su juicio exige depurar responsabilidades políticas.
Pero Rufián tampoco descarta la segunda hipótesis: que el espionaje haya sido realizado por "organismos del Estado incontrolados, que habrían actuado al margen de la Ley". En este caso, considera que las responsabilidades deben hacerse extensivas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (cuyo teléfono también habría sido intervenido con el sistema Pegasus).
Mientras sus socios independentistas ponen contra las cuerdas al Gobierno, PP, Ciudadanos y Vox respaldan la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
"No tenemos ningún genero de duda sobre la actuación del CNI", ha dicho la portavoz del PP, Cuca Gamarra, "que ha sido cuestionada por todos los movimientos independentistas, algunos de cuyos dirigentes han sido condenados por nuestro Estado de Derecho por delitos de sedición".
Por su parte, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha vuelto a criticar la decisión del PSOE de meter a grupos independentistas como Bildu y la CUP en la Comisión de Secretos Oficiales: "Los enemigos del Estado, conociendo los secretos del Estado".
Durante la Comisión, Bal ha pedido a la directora del CNI que "se mantenga firme, ante los ataques que recibe de Podemos y de socios del Gobierno".
"No se puede acusar sin pruebas", ha puntualizado luego el portavoz de Ciudadanos en rueda de prensa, quien ha advertido que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, puede haber cometido un delito al desvelar los detalles ofrecidas por la directora del CNI.
Al respecto, ha recordado que el artículo 598 del Código Penal prevé una pena de entre uno y cuatro años de cárcel para quien revele información que esté clasificada como reservada o secreta.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, impulsó la semana pasada una resolución para constituir esta Comisión, prescindiendo de la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara que estaba en vigor hasta ahora, con el fin de dar cabida a los socios independentistas del Gobierno. Esto ha permitido a grupos como Bildu y la CUP acceder a la Comisión en la que se airean los secretos del CNI.
Comisión de Gastos Reservados
De este modo, los 10 diputados que han podido escuchar las explicaciones de la directora del CNI son Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (VOX), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Edmundo Bal (Cs), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botrán (CUP).
Durante la Comisión de Defensa celebrada el miércoles, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, invitó a la ministra Margarita Robles (de la que depende orgánicamente el CNI) a dimitir "no solo por su dignidad, sino también por la del Gobierno". De este modo, Podemos se ha sumado desde el interior del Ejecutivo a la campaña de los partidos independentistas para cobrarse la cabeza de la titular de Defensa por el escándalo de espionaje con Pegasus.
Entre los 65 líderes independentistas supuestamente espiados con este software de fabricación israelí se encuentran cuatro diputados: Ferrán Bel (PDeCAT), Miriam Nogueras (Junts), Jon Iñarritu (EH Bildu) y Albert Botrán (La CUP). También el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y sus tres últimos antecesores en el cargo (Carles Puigdemont, Quim Torra y Artur Mas), así como tres de los abogados de los condenados en el juicio del 1-O: Gonzalo Boye, Jaume Alonso Cuevillas y Andreu Van den Eynde.
Así lo sostiene al menos el reportaje publicado por The New Yorker, basado en un informe del grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que los independentistas utilizan para acusar de espionaje al Estado.
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