El Gobierno alega que se investigó a Aragonès porque 'el bien último es la pacificación de Cataluña'

Eso sí, cuando las explicaciones se alargan, las fuentes gubernamentales admiten tácitamente que Pere Aragonès forma parte de los 18 nombres que este jueves se revelaron en la comisión de secretos oficiales al explicar que "el bien último a preservar" de estos trabajos "es tan importante como la pacificación de Cataluña".

Y que ése es también el objetivo del Govern y de Esquerra Republicana de Catalunya.

Que por eso se sentaron a la mesa de diálogo, negociación y pacto. Que la "estabilización política" de la región en la que se ha avanzado en estos años de Pedro Sánchez en Moncloa no se debe poner en riesgo. "No depende de nosotros una reinflamación, pero no nos vamos a dejar enredar". 

Enredar ¿en qué?, ¿por qué o por quién? Las fotos de todas las webs y las imágenes con las que abrían todos los telediarios ponían nombre al enredador: Gabriel Rufián, el miembro de la comisión que más habló con la prensa (con y sin cámaras, en on y en off), desvelando algunos de los contenidos de lo que había conocido, a puerta cerrada, en su condición de portavoz del Grupo Republicano.

Si se llama comisión de secretos oficiales a la de control de los créditos destinados a gastos reservados es por algo. Precisamente, porque lo que en ella se revela es secreto. No había más que ver a los diez diputados que entraban en la sala Mariana Pineda del Congreso dejando sus móviles en unos casilleros asegurados antes de cruzar el umbral. Porque lo que se revelaba ahí dentro afecta a la seguridad del Estado. 

Sin embargo, unos diez minutos antes de acabar oficialmente la comparecencia de Paz Esteban, directora del CNI, Rufián abandonaba la estancia. "¿Nos vas a atender?", preguntaron los reporteros. "Sí, ahora vuelvo".

¿Adónde iba el portavoz de Esquerra Republicana? A una conexión en directo con TV3, donde comenzó a revelar parte de lo que acababa de conocer alegando, eso sí, que todo era ya conocido porque el propio CNI lo había ido filtrando los días anteriores.

Después, efectivamente, regresó al pasillo donde la prensa buscaba la noticia, sumó datos a sus valoraciones y, al cabo de unos minutos, éste y otros periódicos ya publicaban el número de políticos, líderes y activistas independentistas que la jefa de los servicios secretos había admitido haber investigado.

"No me meto en política"

"Se me ha encomendado que les informe de secretos de Estado y yo cumplo", había dicho en su intervención. "Yo no me meto en política. Éste es el órgano de representación de la soberanía nacional, y vengo a cumplir una misión". 

En el transcurso de las casi cuatro horas de comparecencia, Esteban había aportado las autorizaciones judiciales signadas por el magistrado del Tribunal Supremo que controla su trabajo, documentos que los diputados pudieron revisar durante unos 10 minutos.

Ninguna fuente allí presente ha revelado el contenido. Sí han admitido haber visto esos papeles, pero ni uno solo de los miembros de la comisión consultados por este periódico ha confirmado o desmentido haber leído el nombre de Pere Aragonès, mucho menos las motivaciones alegadas por el CNI para intervenir sus comunicaciones. De modo que ni se les ha preguntado por la intensidad o el tiempo que el juez autorizó para investigarlo.

Pero dos cosas: una, que ni Moncloa ni lo que los periodistas solemos llamar "medios cercanos a" o "fuentes del entorno de"... nadie ha desmentido que el hoy presidente de la Generalitat haya sido protagonista de las pesquisas del CNI. Y dos, que alguien sí filtró las fechas de esa supuesta intrusión: el año 2019, cuando era vicepresidente del Govern, consejero de Economía y negociador jefe con Pedro Sánchez para su investidura tras las dos elecciones generales (28-A y 10-N) de aquel ejercicio.

Entonces, ¿el Aragonès vicepresident ponía en riesgo la "pacificación de Cataluña"? ¿O lo hacía el Aragonès conseller? ¿O acaso el Aragonès negociador del apoyo de ERC a que Sánchez comenzara una legislatura como presidente del Gobierno?

"Nada ideológico"

Fuentes jurídicas explican a este diario que el magistrado del Supremo es especialmente escrupuloso en sus autorizaciones para intervenir comunicaciones. "Se deniegan bastantes actuaciones, y se restringen otras tantas", advierten. 

En primer lugar, porque es una vulneración de derechos fundamentales, y el CNI debe argumentar su necesidad profusamente con indicios. Y en segundo lugar, porque las pesquisas de los servicios secretos no son judiciales, sino para "prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

Uno de los presentes en la comisión explicaba a este diario lo ocurrido en la sala Mariana Pineda: "Querían conocer qué escuchas, se les ha dado; querían los motivos, ahí los tienen. Las instituciones hacen su trabajo, nos defienden a todos de amenazas y cumplen la ley escrupulosamente... no ha habido nada ideológico en las intervenciones del CNI".

Es decir, que entonces aparecen sólo dos opciones: o el CNI tenía fundados motivos para necesitar confirmar que Aragonès suponía un riesgo para la independencia, la integridad territorial de España... o sus agentes lograron convencer al juez de que, sólo a través de él, se podía llegar a otra persona de interés para los intereses nacionales y la estabilidad del Estado.

Eso explicaría, pues, el comunicado del aludido, emitido este jueves pasadas las 20.00 horas y tras una jornada de silencio absoluto en el Palau de la Generalitat [consulte aquí el documento en PDF].

El tercer punto de la nota, redactada en primera persona del plural -para incluir a todo el Govern, pese a las peleas entre ERC y Junts-, dice: "Exigimos que se desclasifique inmediatamente la autorización judicial para conocer las motivaciones y poder ejercer el derecho de defensa".

Órdago visto

Y eso abre, de nuevo, dos opciones, vinculadas a las anteriores: o bien Aragonès lanza ese órdago porque sabe que el Gobierno no se atreverá, sabiendo que la información reventaría la mesa de diálogo y toda la "pacificación de Cataluña"; o bien, en realidad, no tiene nada que ocultar y el Gobierno, efectivamente, lo espió por motivos políticos.

Ambas alternativas son dinamita para Moncloa.

Tal vez por eso, el presidente del Gobierno ha encargado a sus dos negociadores en jefe que "recompongan las relaciones" con la parte nacionalista catalana.

Félix Bolaños, como ministro de la Presidencia y enviado para todo, debe tratar de remendar el entendimiento con el Govern. Héctor Gómez, como portavoz parlamentario y fabricante de las mayorías que han salvado las votaciones en el Congreso, habrá de buscar cómo recuperar los 13 síes de ERC.

"La agenda legislativa está cogida con pinzas", apunta un colaborador cercano a Sánchez. Efectivamente, las normas que hasta ahora han pendido de un hilo, como la Ley Audiovisual, la Reforma Laboral o el decreto económico de la semana pasada, todas han acabado saliendo adelante...

Y aunque ahora la tensión entre el presidente y sus socios pone en riesgo el año y medio que queda de mandato, esta fuente sugiere que Sánchez le verá ese órdago a Aragonès: "Es fácil, si quieren sufrir más escuchas, que le den el Gobierno a la derecha".