Moncloa no ha pedido aún el móvil a todo el Gobierno a la semana de descubrir el espionaje a Sánchez

La "muy grave" brecha de seguridad y el enorme retraso en su detección, más de 11 meses, provocaron una rápida reacción de los servicios de Moncloa. El lunes 2 de mayo, a primera hora, la Abogacía del Estado presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional y se convocó a la prensa de urgencia a Moncloa.

"Este Gobierno se caracteriza por su transparencia, el hecho es muy grave y queremos que se esclarezca todo lo ocurrido", dijo entonces Félix Bolaños.

A Pedro Sánchez se le habían extraído 2,6 GB y 160 MB de información en dos incursiones, con fecha de 19 y 31 de mayo, en plena crisis con Marruecos por el asalto a Ceuta y la presencia del líder polisario Brahim Ghali en España. A Margarita Robles, apenas 9 GB de datos.

¿Quién? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Para qué?... y lo peor, ¿qué información se robó de las dos personas de más alto rango político en la cadena de mando de la seguridad exterior? "No lo sabemos, y probablemente, no lleguemos a saberlo", explicaron fuentes de Moncloa. "Pero someteremos a examen los dispositivos de todo el Consejo de Ministros de inmediato y después, lo ofreceremos a otras instituciones".

Sin embargo, tal como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, al habla con algunos miembros del Gobierno, Moncloa no ha contactado con todos siete días después de descubrir la vulnerabilidad de los aparatos del presidente y de la ministra de Defensa.

"Qué pasa con nosotros"

El hecho de no haber sido contactado, en estas circunstancias, ha provocado estupefacción. En su entorno se preguntan por qué, "qué está pasando con nosotros".

El orden jerárquico ha puesto por delante a las vicepresidentas y a los titulares de Interior y de Exteriores -los únicos confirmados por este periódico-. Pero más allá de eso, la cuestión es si tiene sentido que una amenaza tan grave como la de que un ministro del Gobierno de España pueda estar siendo espiado, no haya provocado una reacción más diligente desde Presidencia.

Es la Secretaría General de ese departamento la responsable de la seguridad de las comunicaciones del Ejecutivo. La persona que ocupa ese cargo es Francisco Martín Aguirre, quien sustituyó al hoy ministro Bolaños después de la remodelación del pasado mes de julio.

Tal como ha podido confirmar este diario, el pasado viernes 29 de abril, la ministra de Defensa contactó con los servicios de ciberseguridad de su propio departamento. La motivación fue el llamado caso Pegasus, cuando éste era sólo el de los independentistas catalanes. Robles presume de tener un solo teléfono, un modelo de 2009, de hecho y aunque -prudentemente- no lo utiliza para comunicaciones oficiales, quiso tomar la iniciativa.

Esa madrugada, le confirmaron la intrusión, y avisó de inmediato al gabinete del presidente. El sábado 30 de abril, se movilizó Moncloa: se le retiró el aparato a Pedro Sánchez, se llevó a los servicios del CCN, se hizo un volcado completo del mismo, se analizó y ya de noche, dio positivo.

El informe completo de ambos dispositivos llegó a Moncloa el domingo 1 de mayo: se ordenó redactar la denuncia y se decidió la convocatoria de prensa del día siguiente.

Unos sí, otros no

"El proceso es así de farragoso", explicaban fuentes del Gobierno al inicio de la semana. El pasado miércoles, este periódico informaba en exclusiva de que el CCN ya habían detectado nuevas infecciones con Pegasus en los móviles de otros miembros del Gobierno. Al día siguiente, era el diario El País el que ponía el primer nombre: Fernando Grande-Marlaska, aunque su entorno lo desmentía: "La noticia no es cierta, no tenemos resultados".

Pero si Moncloa calificó la brecha de seguridad de "muy grave" y prometió "transparencia", aun a costa de ser el primer Gobierno del mundo que convoca a la prensa para confesarse vulnerable e incluso da detalles de sus fugas de información, ¿por qué aún no sabemos nada nuevo?

La explicación podía ser la que ofreció el martes la ministra portavoz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez advirtió de que el Ejecutivo esperaría a tener "un informe completo". Es decir, de las tres vicepresidentas y los 19 ministros... porque se tarda entre 24 y 36 horas en rastrear cada aparato en su totalidad, y Pegasus "tal como entra, sale. Además, apenas deja rastro", explicaban fuentes de Moncloa.

Pero la realidad es que Moncloa no ha llamado a los 22 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. "No será la ciberseguridad la que preocupa en Presidencia", comentan fuentes del entorno de uno de los no contactados, que no terminan de creerse la versión oficial de todo el llamado caso Pegasus.