El PP 'salva' al Gobierno y evita que los separatistas tumben la Ley de Seguridad Nacional

El Gobierno ha logrado sortear los vetos de ERC y Junts al proyecto de Ley de Seguridad Nacional gracias al PP, que ha puesto como ejemplo esta norma para llegar a pactos de Estado con el Ejecutivo.

El proyecto de Ley de Seguridad Nacional iniciará su andadura parlamentaria después de que este jueves PP, Vox y Ciudadanos hayan rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts, que creen esta ley es "un 155 encubierto para quitarnos competencias por la cara".

El diputado del PP Juan Antonio Callejas ha dejado claro que el rechazo del PP a las enmiendas "no es un cheque en blanco" y ha pedido al Gobierno que coja la mano tendida del PP para "negociar artículo por artículo" de esta ley. 

Desde Ciudadanos han lamentado que se hable ahora de Seguridad Nacional con el caso Pegasus aún candente. "¿Cree que alguien con mínimo sentido de Estado va a aprobar un proyecto de ley que pone en manos de los enemigos del Estado los secretos del Estado?", ha dicho su diputado Miguel Gutiérrez antes de rechazar las enmiendas de los nacionalistas.

Enmiendas totales de ERC y Junts

Con esta nueva Ley de Seguridad Nacional se permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad y estratégicos ante situaciones de crisis, como otra pandemia. Ante esto, ERC y Junts han presentado enmiendas a la totalidad para tumbar así el texto, ya que consideran que se trata de una violación de las competencias autonómicas y de los derechos fundamentales. PNV o EH Bildu también comparten esta opinión.

Desde el Gobierno el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido esta normativa desde la tribuna asegurando que es "imprescindible" y que únicamente pretende garantizar que los recursos estratégicos sean los adecuados y dotar al Estado de herramientas para que pueda anticiparse a las crisis, después de las lecciones aprendidas con la pandemia y ante la situación que estamos viviendo por la guerra en Ucrania. 

"Es un 155 encubierto"

Los republicanos querían que se derogara la Ley de Seguridad Nacional, en plena polémica por el espionaje. En su texto alternativo, los de Gabriel Rufián señalaban que se trata de un "texto jurídico especialmente inexplicable y confuso" porque interpreta la seguridad nacional "como un concepto constitucional" cuando en la Carta Magna "no se recoge tal concepto".

En la defensa de su veto, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha querido disipar las dudas que este miércoles surgieron respecto a la posibilidad de que los retirara. Y ha sido tajante: "Mantenemos las enmiendas y nunca aprobaremos una ley como esta".

"Estamos en contra de la ley de Seguridad Nacional por nuestra propia seguridad. No es más que un 155 encubierto para quitarnos competencias por la cara", ha dicho. 

A ERC le parece que el proyecto, que modifica la ley de 2015 aprobada con el Gobierno del PP, "compra el marco mental de la derecha", "sirve en bandeja de plata todos los recursos represivos para que lo usen Vox y PP cuando lleguen al poder" y concede a Moncloa la posibilidad de "centralizar" todas las competencias autonómicas.

"Fulmina" las competencias 

Miriam Nogueras ha sido la encargada de defender la enmienda a la totalidad de Junts a una ley que "fulmina" las competencias de Cataluña y que ha escrito "el lobo", en alusión a la derecha.

Con ella, "parece que estén preparando el camino y las herramientas para un futuro Gobierno de PP y Vox", ha añadido Nogueras que, además, ha hecho referencia al espionaje del Pegasus y ha asegurado que se está espiando a los independentistas "por lo que pensamos, no por lo que hacemos".

Ley de Seguridad Nacional

Fue el pasado mes de febrero cuando el Consejo de Ministros aprobó una modificación puntual de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que no afecta al contenido esencial y da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos, además de adaptarse a la experiencia vivida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

Con la nueva regulación, el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y se asegura que la movilización de los recursos se lleva cabo de forma "eficiente e integrada".

Se garantiza así que España tenga los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico necesarios para superar los problemas que puedan surgir en los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional.