La nueva ley del aborto se limita a recuperar la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de autorización de sus progenitores. La otra medida revolucionaria que ambicionaba el texto impulsado por Irene Montero, se ha eliminado. Ya no se castigará a las agencias y empresas que promocionan la "explotación reproductiva de mujeres", que es como califica la ministra de Igualdad a la gestación subrogada.
Así lo admitió Montero, al ser preguntada por si el anteproyecto preveía o no la persecución a las empresas y agencias de gestación subrogada en el extranjero: "Es verdad que los borradores incluían más medidas, pero las leyes se tienen que negociar en el seno del Gobierno".
Las reuniones que, a última hora, se celebraron la semana pasada entre los ministerios económicos, el de Justicia y el de Igualdad han provocado este cambio. Porque el departamento de Montero tenía la intención de poder perseguir legalmente la actividad de estas agencias o empresas. Sin embargo, el texto finalmente sólo "prohibirá la publicidad de esta actividad, que ya es ilícita en España desde la ley de 2006".
El Gobierno aprueba la nueva ley del aborto
Tampoco se incluye en la norma la rebaja del IVA para los productos de higiene íntima femenina, como planteaban los borradores de Igualdad que hicieron llegar a otros ministerios. "El compromiso es que lo negociemos en la Ley de Presupuestos Generales para el año que viene", aclaró Montero. "Y el caso es que, para eso, nos queda ya poco tiempo", añadió para intentar defender su postura.
A su lado, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, había introducido el asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, presumiendo de los "innumerables avances de este Gobierno en materia de Igualdad en comparación con los recortes de los Ejecutivos del Partido Popular".
Isabel Rodríguez, ministra Portavoz, entre Luis Planas (Agricultura) e Irene Montero (Igualdad), en Moncloa.
En ese sentido, Rodríguez no dejó pasar una sola oportunidad de arremeter contra los populares, incluso desempolvando casos de hace ocho años, a propósito de los audios del excomisario Villarejo con la ex secretaria general Cospedal: "El PP debería pronunciarse sobre esto, callar no hará desaparecer la corrupción que motivó la moción de censura". Entretanto, Luis Planas, titular de Agricultura, trataba de llamar la atención sobre sus leyes de pesca y decretos para el sector lácteo.
Compresas y condones gratis
En realidad, todos los demás aspectos que aborda la norma aprobada en primera vuelta en este Consejo de Ministros son asuntos más o menos relacionados con la reproducción, la maternidad, la educación y la salud. Entre ellos, las más llamativas son las del reparto gratuito de "productos de salud menstrual" y de "métodos barrera anticonceptivos" en institutos, centros de salud, prisiones y organismos públicos.
De hecho, según fuentes del Ministerio de Igualdad, la promoción de estos métodos de anticoncepción masculina se aborda, precisamente, "para que ésta no sea sólo una responsabilidad de las mujeres".
La lucha contra la llamada "pobreza menstrual" se enfoca, así, en la financiación de los productos de higiene femenina -como tampones, compresas o copa menstrual - en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, y organismos públicos.
Son estos productos, precisamente, los que están siendo motivo de una de las polémicas entre el lado socialista y el de Unidas Podemos en el Gobierno.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado incluir en la nueva ley del aborto la bajada del IVA al 4%, aunque es un compromiso que forma parte de los acuerdos de coalición e iba en el mismo programa electoral del PSOE. La titular de Igualdad, Irene Montero, y toda el ala morada del Ejecutivo, defienden por su parte que esta promesa "hay que cumplirla ya".
Otra de las batallas entre ministros del PSOE y de Unidas Podemos es la de la supuesta "estigmatización" a la que sometería a las mujeres el establecimiento de "una baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes".
El asunto principal es quién paga esos días de ausencia laboral. La norma prevé "que será financiada 100% por el Estado" como solución para los empresarios. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no aclara si eso le satisface como solución.
También las mujeres que se sometan a un aborto tendrán "derecho a una baja incapacitante", al tiempo que se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.
Anticoncepción
También prevé el anteproyecto la "distribución gratuita" de la píldora del día después en los centros de salud, así como en los servicios de salud sexual y reproductiva. Fuentes del Ministerio de Igualdad recuerdan que, hoy en día, este producto cuesta 20 euros en farmacias, aunque algunas Comunidades Autónomas ya prescriben este anticonceptivo de emergencia de forma gratuita en los centros de salud
En todo caso, el texto es todavía un anteproyecto, provoca divisiones dentro del Gobierno y, como se ve, aborda decenas de cuestiones que nada tienen que ver con lo que le da nombre. La primera lectura del articulado en el Consejo de Ministros de este 17 de mayo le pone el cartel de "riesgo" a esta norma, porque podría no llegar a tiempo de ser aprobada en esta legislatura.
Los innumerables aspectos que tocan competencias de otros ministerios prometen alargar el proceso interno en el Gobierno. Hasta que se convierta en proyecto de ley, la norma deberá pasar por las alegaciones del resto de departamentos ministeriales (Sanidad, Justicia, Educación, Derechos Sociales...), de las Comunidades Autónomas (titulares de muchas de las competencias que se abordan), y de los órganos consultivos (como el CGPJ y el Consejo de Estado, al menos).
Como se ve, la anticoncepción ocupa un capítulo especial de la nueva ley impulsada por Irene Montero. Así, las fuentes de su departamento añaden que el texto establece que "las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social", después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.
Educación sexual obligatoria
Igualdad pone el foco en la educación sexual y establece su obligatoriedad en las principales etapas educativas. Para ello, "se formará en educación sexual y menstrual a profesores y también a funcionarios de prisiones y trabajadores públicos".
Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y "una línea de atención telefónica".
La nueva ley garantizará el aborto en la Sanidad Pública y pone especial énfasis en la "cercanía del domicilio" de las mujeres con el objetivo de "acabar con los desplazamientos a cientos de kilómetros" que cada año realizan cientos de mujeres para interrumpir su embarazo.
El anteproyecto del Gobierno "elimina los tres días de reflexión" hasta ahora obligatorios antes de abortar. Además, acaba con la entrega de información sobre las alternativas y ayudas en el caso de seguir adelante con el embarazo, a no ser que la mujer lo solicite.
La ley "garantizará la objeción de conciencia como un derecho individual". Ésta será regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia, es decir, con un registro al que deben apuntarse los sanitarios que no quieran participar de estos procedimientos. El objetivo es que siempre se pueda "garantizar personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo". En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor, lo será "tanto en la sanidad pública como en la privada".