Moncloa intenta cerrar el 'caso Pegasus' pactando la comisión de las 'cloacas' que exigen ERC y Podemos

No fue casualidad que la petición de crear esa comisión se presentara la semana pasada en el Registro del Congreso. Así, ERC y Unidas Podemos lograban que entrara en el calendario de la Mesa de este martes.

La iniciativa ya ha pasado el trámite de calificación y el martes de la semana que viene todos los grupos deberán retratarse en la Junta de portavoces. El PSOE tendrá que votar si acepta o no que el Congreso "averigüe la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado" en prácticas como las de "la policía patriótica" y los "espionajes a rivales políticos".

Sólo dos días después, el jueves 26, Sánchez comparecerá ante el Pleno para dar explicaciones sobre el escándalo Pegasus.

Es decir, los socios y aliados de Sánchez han programado una estrategia para marcar el ritmo y forzarle a "tomar medidas visibles de higiene democrática", según las fuentes consultadas. Y el PSOE se ve obligado a pactar para salvar la legislatura.

La semana pasada, durante la sesión de control en el Congreso, Sánchez ya dio a entender que su intención era acabar su mandato. No respondió a quién se espió o por qué había destituido a la directora del CNI. Se limitó a arremeter contra la oposición y a presumir de que llegó a Moncloa "producto de una moción de censura" que desalojó del poder "a los mangantes" del PP y acabó con "esas conductas".

De hecho, según el presidente, uno de sus méritos fue poner en conocimiento de la Justicia "todo lo relacionado con posibles delitos que se hubieran podido producir" en el seno del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, hoy procesado por la Kitchen.

Desclasificar, sólo al juez

Por eso, según fuentes del Gobierno, ahora "se está estudiando" el modo de lidiar con esta iniciativa. Y es que Unidas Podemos le ha dejado claro al PSOE que "lo hecho hasta ahora no basta". Para la vicepresidenta segunda y sus diputados, es necesario que el PSOE "tenga un gesto" claro que indique a sus aliados su verdadera voluntad de limpieza.

Y esto, por dos razones: la primera, porque "desde la llegada de Sánchez a Moncloa, hace ahora cuatro años, ni Interior ni Defensa han querido hacer nada para limpiar las cloacas del Estado", explican fuentes de los morados. Es decir, ni Fernando Grande-Marlaska ni Margarita Robles... dos de sus bestias negras en el Ejecutivo.

La segunda, porque "la legislatura tiene que durar, aún quedan muchos proyectos por sacar adelante", insisten, "y para eso hay que reforzar la mayoría de legislatura, es decir, entender y contentar a Esquerra", que es la base de la estabilidad de Sánchez.

Y éste puede ser el "gesto" pedido. Porque, recuerdan fuentes del Gobierno, esa comisión "puede celebrar sesiones a puerta cerrada" en caso de que se vayan a revelar secretos oficiales, tal como prevé la normativa. Algo que hasta ahora, ni se contemplaba entre las concesiones enumeradas este martes, por la portavoz, Isabel Rodríguez: "Investigación interna y comparecencia de la directora del CNI, comisión de secretos oficiales, investigación del Defensor del Pueblo, y denuncia ante los tribunales".

¿Y la desclasificación de las autorizaciones para investigar a Pere Aragonès que exige Esquerra? "Sólo si lo pide el juez", aclaró la portavoz. Y eso no contenta a ERC.

Fuentes de Moncloa admiten que "no está definido" lo que hará el PSOE en la Junta de portavoces del martes próximo. Y fuentes parlamentarias desmienten que la negociación esté ya abierta.

Pero lo cierto es que, hasta hace unos días, la negativa a aceptar esa comisión de investigación era total: "No es serio, que se atengan a las consecuencias", respondía un alto dirigente de los socialistas a preguntas de este periódico al conocer los términos en que estaba redactada la solicitud.

"Entramado 'parapolicial'"

Eso ha cambiado a la vista de los acontecimientos. La Mesa admitía a trámite este martes la solicitud de creación de la comisión de investigación sobre "la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial, con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados".

Ése es el nombre -tan largo- elegido por los grupos que Pablo Iglesias bautizó como "mayoría de legislatura" y que el presunto espionaje a 65 políticos, líderes y activistas separatistas catalanes y vascos, publicado por The New Yorker hace ya un mes reventó... incluso después de que Moncloa revelara que los móviles del presidente y algunos de sus ministros también habían sido violados.

Los 13 diputados de ERC, los cinco de Bildu, los dos de la CUP, los cuatro de Junts, los cuatro de PDeCAT, el de Compromís, el del BNG... los 34 de Unidas Podemos firmaron esa solicitud el pasado jueves, justo a tiempo de que entrara en las deliberaciones de la Mesa de este martes.

Con la rúbrica de Jaume Asens y Aina Vidal, el grupo de Unidas Podemos acusa a Sánchez en el escrito en el que solicita la comisión de "no contribuir a arrojar la luz exigible a un escándalo de tal magnitud" como el caso Pegasus.

"Inexistentes explicaciones"

Las "inexistentes explicaciones del Gobierno, amparadas por la Ley de Secretos Oficiales", aseguraban, son las responsables de "las especulaciones en torno a la autoría" del "espionaje masivo a instituciones -también al presidente del Gobierno-, activistas, políticos, abogados y periodistas". 

En todo caso, los socios de Sánchez contribuían, de algún modo así, a alimentar la confusión en torno al primer escándalo -el del supuesto espionaje a los independentistas- y al caso Pegasus 2.0, revelado por Moncloa al admitir que tardó casi un año en saber que los móviles del presidente y los ministros de Defensa e Interior fueron espiados y se les robó más de 10,4 gigas de datos.

Precisamente estas "especulaciones", alimentadas por "las ambigüedades declarativas de algunos miembros del Gobierno", permiten a los demandantes colegir que las "cloacas del Estado" pueden ser las responsables de todo el escándalo. Y por eso exigen esclarecerlo en esta comisión de investigación.

"Las altas instituciones del Estado se han visto envueltas en un sinfín de sombras de sospecha a raíz de las distintas irregularidades que han salido a la luz", alegan. Se citan en esta parte del documento nombres como el de los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, el del extesorero del PP Luis Bárcenas o la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Junto a ellos, se cita una trama de presunta extorsión con "grabaciones relacionadas con la Casa Real" u otra a Pablo Iglesias -a quien no se cita por su nombre, en este caso- el de la ex secretaria general del PP (y exministra de Defensa) María Dolores de Cospedal o el del exjefe de asuntos internos de la Policía Marcelino Martín Blas, "responsables políticos de la denominada operación Cataluña, entre otros".