El IPC disparado al 8,3% en abril, justo en el año siguiente a que España indexara de nuevo las pensiones a la evolución de la inflación, ha levantado las alarmas en Bruselas. Así de claro lo dejó en dos ocasiones, la semana pasada y la anterior, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

Primero, advirtiendo de que la Comisión vincularía la entrega del siguiente paquete de 12.000 millones de los Fondos de Recuperación a que el Gobierno español "garantice la sostenibilidad de su sistema de pensiones", en la presentación de las nuevas previsiones para este año y el que viene, a la baja, sobre todo para España.

Y después, al publicar el informe del semestre europeo, en el que hacía dos llamadas explícitas a que la tercera pata de la reforma de las pensiones garantice su "sostenibilidad fiscal".

Concretamente, el informe del Consejo económico de la UE, firmado por Gentiloni, recordaba que la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy preveía una disminución del gasto. Sin embargo, la indexación de nuevo de las pensiones con la inflación, decidida por Pedro Sánchez, "puede resultar en un gasto muy superior al previsto, ya que la presión inflacionista sigue siendo alta".

En este sentido, el Ejecutivo comunitario insistía por segunda semana consecutiva en que España debe aprobar en plazo la última parte de la reforma de las pensiones pactada por la UE, cuyo objetivo es "mejorar la sostenibilidad fiscal". Y advertía de que del cumplimiento de este compromiso depende el pago del siguiente tramo de fondos Next Generation.

La reforma debe completarse para finales de año, a la vez que se deben aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

En lo político, las cuentas públicas del año que viene son las que más preocupan a Sánchez. Hay pocos incentivos para que sus socios se las quieran aprobar. En un año electoral -municipales y autonómicas en mayo, generales en diciembre-, es más que probable que Unidas Podemos ponga reparos a la negociación y que ERC se quiera apartar del "Gobierno del Estado" para marcar perfil combativo.

Tres ases escondidos

En todo caso, en Moncloa cuentan con tres ases bajo la manga. El primero, que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, "tiene mucho prestigio en Bruselas, confían en él", confiesa un miembro del Gobierno.

El segundo, que "la reforma fiscal sigue en la agenda del Ejecutivo" y ése puede ser un estímulo muy potente para lograr un acuerdo con Unidas Podemos. Desde el inicio de la coalición de Gobierno, los de Pablo Iglesias primero y de Yolanda Díaz después han centrado en esa negociación anual su visibilidad como "útiles para la gente, arrancando medidas sociales al PSOE".

Y el tercero, que esa subida de impuestos, si no viene por el acuerdo para los PGE, vendrá por la retirada de estímulos vigentes por la guerra de Ucrania. "El Pacto de Toledo mandató al Gobierno para acabar la legislatura cubriendo los gastos impropios de la Seguridad Social con 24.000 millones", advierte este ministro en conversación con EL ESPAÑOL. "Por ahora, hemos puesto 18.000... y hay que poner lo demás", explica.

Pero la clave es de dónde saldrán esos dineros. "La segunda parte del año va a ser muy importante para saber si se modera o no la inflación, y para ver cómo se proyecta en el crecimiento económico del año siguiente", explica la citada fuente. Y es que Moncloa aún tiene esperanzas en que el IPC medio de 2022 no sea tan alto como dicen las previsiones, que lo cifran entre el 6,4% y el 7%.

Según los datos oficiales, ofrecidos por el propio Ejecutivo el año pasado, el gasto anual en pensiones alcanzó en 2021 el 12% del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, alrededor de 156.000 millones de euros. Si finalmente se cumple ese cálculo, el gasto en pensiones subiría otro punto del PIB. Es decir, que la revalorización de las pensiones aumentaría su monto en 12.480 millones para el año que viene.

O subida, o fin de la bajada

"En realidad, da igual que se diga que las aportaciones fiscales contribuyen a pagar las pensiones, porque el dinero sale del mismo sitio", concluye este ministro. "El sistema de cotizaciones necesita del impulso de los Presupuestos, y eso lo mandató el Congreso de forma unánime: ¿Cuáles son los ingresos para que pagar las pensiones y otras cosas sea posible? Lo veremos en función de la economía".

Es decir, que la opción de la "reforma fiscal" sigue ahí... pero sería aún más fácil que la "excepción ibérica" dé resultado.

Todo depende de "cómo funcione el tope al precio del gas", que todavía no está aprobado definitivamente por Bruselas. A pesar de todos los anuncios, más de dos meses después de anunciarse el "triunfo de la excepción ibérica", Madrid y Lisboa siguen esperando el sí del colegio de comisarios. "Quizá sea este miércoles", anuncia más como un deseo otro miembro del Ejecutivo español.

Si con esa medida Sánchez logra contener, de verdad, los precios de la electricidad, retirará las bajadas de impuestos -también criticadas por "poco selectivas"-, y la subvención a los combustibles. Es decir, volverá a subir los impuestos que había bajado. 

El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero calculaba el coste anual de esas iniciativas, precisamente, "en 12.000 millones"... un dato curiosamente similar al dinero que le hará falta para pagar unas pensiones disparadas por el IPC.

"Si sube así la inflación, el Gobierno subirá así las pensiones", afirma cada miembro del Ejecutivo al que se le pregunta. "Pero habrá que convencer a Gentiloni de que es una cosa puntual y que es sostenible", reconoce el único ministro que entra en detalles a preguntas de este diario.

"Ahora mismo, no está previsto que el año que viene los impuestos de la electricidad sigan bajados", concluye este miembro del Gobierno. "Pero si la situación energética se mantiene, habrá que mantenerlos"... y entonces, la tercera pata de la reforma de pensiones llegará con la siempre postergada "reforma fiscal", una subida de impuestos "para hacer nuestro sistema fiscal más progresiva y justo".