En Moncloa se trabaja con la perspectiva de "una guerra larga o muy larga" en Ucrania. Según los informes de inteligencia que recibe el Gobierno de Pedro Sánchez, eso significa "una contienda de años o de muchos años". Con las consecuencias económicas, sociales, energéticas, políticas y bélicas que eso conlleva para nuestro país en sí mismo y en tanto que socio en la UE y aliado en la OTAN.
Las tensiones bélicas cumplen 100 días pero no van a acabar en breve, a la vista del casi inexistente avance en las líneas de frente. Ucrania no está en disposición de ganar la guerra y expulsar al invasor, pero sí puede resistir, con la ayuda financiera y militar de los aliados -esencialmente, la UE, EEUU y Canadá-, pero eso cambia los paradigmas en los que se movían España y Europa para los próximos años.
La misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles su intención no sólo de que "Vladímir Putin responda por sus crímenes", sino de que "Rusia responda por sus atrocidades y pague la reconstrucción de Ucrania" cuando la contienda acabe. Y de que, entretanto, "Europa acelere sus reformas pendientes".
Ursula von der Leyen, durante su discurso en el congreso del EPP en Rotterdam.
Entre ellas, nuevas asociaciones comerciales con la vecindad sur (la África mediterránea de inicio, y la subsahariana de inmediato); la desconexión energética de Rusia "de cuya dependencia Europa debe librarse, primero con nuevos suministradores, como nuestros amigos americanos, y después culminando pronto nuestra transición climática"; y llevando a término "una auténtica unión geopolítica"... es decir, una política exterior y de seguridad común ágil, realista y resolutiva.
Ahí es donde entra, de lleno, la iniciativa española. Con Josep Borrell al frente de la vicepresidencia de la Comisión Europea como responsable de este ámbito, se están acelerando los trabajos. Pero todo pasa por acciones efectivas.
Para empezar, la puesta en marcha de la unidad militar de acción rápida de, al menos, 5.000 efectivos que contempla la Brújula estratégica -ya aprobada hace un par de meses-. Y después, con un proceso de toma de decisiones que pueda soslayar al actual capacidad de veto en el Consejo.
"UE de dos velocidades"
La Conferencia sobre el Futuro de Europa acaba de terminar, con la Presidencia francesa del Consejo. Ha sido una iniciativa que no recibió apenas atención en España, que pasa por ser uno de los países más europeístas de la Unión y, sin embargo, lo es más de corazón que de cabeza.
Porque en las conclusiones de esta iniciativa se incluye una posible reforma de los tratados por la que aboga el Gobierno de Pedro Sánchez. A España le conviene acabar con la regla de unanimidad en el Consejo y el presidente se ha ofrecido para impulsar los acuerdos necesarios.
En conversación con este periódico, un ministro del Gobierno español, se pone la venda antes de la herida. "Esa reforma queda lejos, pero sí se pueden dar pasos alternativos".
¿Y eso qué significa? "Una Europa de dos velocidades en la integración de la seguridad y las relaciones exteriores... somos varios los Estados miembros que apostamos por esta integración, y el que quiera apuntarse que lo haga".
¿Aunque eso rompa la unidad? "El euro ya se construyó así, y no rompió nada; al contrario, fue un estímulo". Y el ejemplo es que se siguen sumando países que están fuera. El último en adherirse, de momento, es Croacia. Lo hará el 1 de enero de 2023.
"Así podríamos tomar muchas más decisiones, y mucho más rápido", añade este ministro, implicado de lleno en la (aún incipiente) negociación. "Éste es un momento de cambio de orden mundial, y debemos ser capaces de protocolizarlo".
Ése es un mensaje muy similar al que Von der Leyen lanzaba este miércoles: "El 24 de febrero, vivimos un punto de inflexión" al comenzar la invasión de Ucrania, "y Europa debe aprender a responder".
El ejemplo húngaro
Por ejemplo, la presidenta de la Comisión se ha empeñado en lograr el embargo a la compra de combustibles fósiles a Moscú. La idea, inicialmente gritada en el desierto por Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y portavoz económico de los liberales de Renew, se está topando con el constante veto de Hungría.
En las primeras semanas de guerra, Viktor Orban se plegó al acuerdo en los cuatro primeros paquetes de sanciones a Rusia. Pero después ya había ganado su reelección por cuatro años más y volvió a pesar su amistad con Putin en su negativa al embargo. Y así, la necesidad europea de mantener una imagen de unidad -para no perder esa baza moral- ha influido en la ralentización de la iniciativa.
Ese ejemplo vale para otros focos de tensión, como los que afronta España en su flanco sur. La amenaza rusa desde el Sahel se suma a las tensiones entre Marruecos y Argelia -aliados respectivos de Washington y Moscú- y a los problemas de suministro de gas.
Madrid querría mayor implicación de la Unión en políticas no sólo asistenciales, sino proactivas para contener la escalada bélica entre ambos países y garantías de protección similares a las que se activaron con la agresión rusa a Ucrania. Pero para eso le hace falta que se supere la unanimidad como única vía para el acuerdo en políticas exteriores y de seguridad.
Otros cambios de calado
El resto de aspectos en los que Sánchez quiere acelerar las decisiones es el económico y el energético. En el primer punto, el presidente sobrevive gracias a la suspensión por cuarto año consecutivo de las reglas fiscales en la UE. En todo caso, ya abandonó la idea de la creación de un megafondo financiero para sufragar los gastos militares, de asistencia a refugiados y de transición energética.
Entre otras cosas, porque el comisario económico, Paolo Gentiloni, ya ha impulsado el Plan RepowerEU, con 300.000 millones de euros para la aceleración de la transición energética. Pero sólo ha consignado 20.000 millones del Presupuesto comunitario. El resto deberá salir de otras partidas. De hecho, peligra un 15% de lo asignado a la PAC (Política Agrícola Común) y de los fondos regionales, según fuentes consultadas en el Parlamento Europeo.
Y en el segundo punto, Sánchez todavía confía en que el compromiso al que llegó Von der Leyen en su visita a Moncloa del pasado 5 de marzo. Aquel día, la presidenta de la Comisión alabó su capacidad para tender puentes y lograr acuerdos pero, sobre todo, se comprometió públicamente a impulsar "las interconexiones energéticas" que precisa España.
La apuesta es recuperar el proyecto del Midcat, un gasoducto que aproveche la "enorme capacidad española" para el almacenamiento y regasificación del Gas Licuado que ya provee en masa EEUU a Europa... y que, en el futuro, esa misma instalación sirva para transportar el Hidrógeno verde, en cuya industria España va a invertir miles de millones de los fondos de recuperación.
Falta saber quién pagará esa infraestructura. El Gobierno Sánchez se agarra al compromiso de la presidenta de la Comisión para que sea la Unión Europea, "cuyos países miembros serían los principales beneficiarios", dice Teresa Ribera, en conversación con EL ESPAÑOL. Pero el comisario Gentiloni no lo tiene nada claro, y recuerda que fue el propio Ejecutivo de Sánchez el que desechó esta inversión hace tres años, cuando Bruselas se ofrecía a sufragarla...