Feijóo propone que en el Pacto de Estado de Defensa conste que la OTAN defenderá Ceuta y Melilla

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, remitirá esta semana al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios su propuesta de pacto de Estado sobre defensa y seguridad, en la que pide que la OTAN proteja todo el territorio español, incluyendo las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El documento, elaborado ante la celebración de la Cumbre de la OTAN que Madrid acogerá a finales de junio, también reclama que la Alianza Atlántica refuerce la seguridad en su flanco sur, en colaboración con los países del norte de África.

En tercer lugar, propondrá que la OTAN estreche su colaboración con los países del Pacífico y América Latina, en la defensa de valores como "democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y las libertades públicas".

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El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha indicado en rueda de prensa que su partido quiere brindar así al resto de grupos políticos una suerte de Pacto de Toledo en materia de seguridad y defensa, para "lanzar al mundo", ante la Cumbre de la OTAN de Madrid, el mensaje de que "España es un socio fiable".

El objetivo de Feijóo, ha dicho González Pons tras el Comité de Dirección del PP, es que la política de defensa "no sea nunca más partidista, ni esté al albur de quien gobierne en España, ni de sus socios".

González Pons no ha ahorrado críticas al presidente Pedro Sánchez por la crisis diplomática abierta con Argelia, tras su cambio de posición "unilateral" respecto al Sáhara Occidental.

A su juicio, Pedro Sánchez ha demostrado que "trabaja contra el prestigio internacional de España. Ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a Marruecos y Argelia en que España tiene un Gobierno que no es de fiar. Estamos al mismo tiempo a merced de Marruecos y Argelia", ha añadido.

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"Pensábamos que la política económica de este Gobierno es la más dañina para los intereses de España, pero la exterior le ha empatado", ha argumentado. Los populares ven a Sánchez enfrentándose al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Banco de España y a la OCDE para negar las malas previsiones económicas, en una "pelea en el barro con las matemáticas y la estadística. Ahora también se enfrenta a cabezazos con la lógica internacional", ha apostillado González Pons.

Por otro lado, también ha anunciado que antes de un mes el PP remitirá al Gobierno una propuesta para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la Ley Orgánica actual, con la condición de que Pedro Sánchez se comprometa a reformar luego el sistema de elección de los jueces.

González Pons ha apuntado que dicha reforma debe garantizar la "independencia" del Poder Judicial y ha explicado que el PP se ha reunido con todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales -incluyendo la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, afín al PSOE- para escuchar y recoger sus aportaciones.

"La situación ya es de tal gravedad", ha apuntado González Pons, "que ya no basta con una simple renovación, no basta con que PP y PSOE se sienten en una salita en Moncloa y cambien cromos". 

Renovar el Constitucional

El PP quiere dar un paso más: será una "negociación con publicidad" que debe incluir un compromiso de reforma de la Ley para que "esta situación no vuelva a darse más". Los populares piden al Gobierno de Pedro Sánchez un compromiso de "regeneración" para "devolver a la Justicia el prestigio, el reconocimiento y la transparencia que los dos grandes partidos le hemos retirado en los últimos tiempos".

El vicesecretario de Relaciones Institucionales ha sugerido que la posibilidad de acuerdo en esta materia se romperá si el Gobierno decide designar unilateralmente a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional.

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A su juicio esta fórmula no está contemplada en la Constitución (según la cual, el TC se renovará por tercios) y podría acarrear a España consecuencias "políticas y económicas" por parte de la Unión Europea, que vigila estrechamente el cumplimiento del Estado de Derecho por parte de sus miembros.

Antes que hacer una renovación parcial del Constitucional no prevista en la Carta Magna, y que sería "cuestionada por Bruselas", el PP pide a Sánchez que devuelva las competencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los cuatro magistrados según lo previsto por la Constitución: dos designados por el Gobierno y dos por el CGPJ.

"El CGPG ya se encuentra en crisis, el Gobierno no debe extenderla al Tribunal Constitucional", ha argumentado González Pons, "el legado que Sanchez va a dejar es unas instituciones destrozadas. Después va a haber que pensar en unos nuevos pactos de la Moncloa" para devolver el prestigio a las instituciones del Estado, ha apuntado.