Hace ya casi dos meses que el Ministerio de Hacienda se puso manos a la obra con los primeros borradores de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Pero el escenario ha cambiado tras el 19-J.
Fuentes de Moncloa señalan que esas cuentas públicas seguirán siendo expansivas, como en los últimos años desde la pandemia. Ahora, dos días después del descalabro electoral en Andalucía y sólo pasadas 24 horas desde que el ala morada del Gobierno le instara a un giro visible a la izquierda, el PSOE acude al comodín de los impuestos: habrá reforma fiscal.
Lejos de la teoría que indica que en el último año de un Gobierno en minoría nadie le da los votos para aprobar las cuentas públicas y hay que prorrogarlas, Pedro Sánchez tiene un as guardado bajo su manda: ahora recurre a la siempre postergada reforma fiscal, que "sigue en la agenda del Gobierno".
Otras fuentes del Consejo de Ministros confirman a este periódico que Hacienda no sólo hará un guiño con el impuesto a las eléctricas, sino que prevé abordar otras subidas en la negociación de las cuentas públicas del año que viene.
Se trata de que el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, "no tenga excusas para marcar perfil propio". Y de que los aliados parlamentarios, esencialmente ERC y Bildu, tengan un incentivo claro que consolide lo que queda de legislatura.
"La segunda parte del año va a ser muy importante para saber si se modera o no la inflación, y para ver cómo se proyecta en el crecimiento económico del año siguiente", explica este miembro del Gobierno.
"Sigue siendo objetivo de este Ejecutivo tener un sistema fiscal más justo, y se hará en cuanto la situación lo permita y se acuerde con Bruselas". ¿Por ejemplo subiéndole la imposición a las empresas energéticas? En eso ya está el Ejecutivo, aunque permanece la discrepancia sobre el modo y los tiempos.
"Hará lo que sea"
Para el PSOE es clave este movimiento por varias razones. Para empezar, por lograr recuperar la iniciativa política, muy mermada desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP, que coincidió con la traslación definitiva a la economía de los "desequilibrios" acumulados por la gestión y los efectos de la guerra.
En ese sentido, fuentes de la dirección del PP dan por hecho que "Sánchez hará lo que sea por permanecer en el poder", lo cual en realidad no aporta nada al discurso de oposición. "Por ejemplo, ¿cómo piensa subir las pensiones un 8%? Subirá impuestos con la excusa de que hay que cubrir más gastos impropios... ¡pero es que eso es gasto consolidado!", advierten alarmados.
Y es que el objetivo final de Moncloa es asegurar que Sánchez llega al segundo semestre de 2023, cuando a España le toca la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Un evento que sólo ocurre cada 13 años y medio y que Moncloa prepara con mimo desde hace meses, de la mano de cuatro ministerios principales: Exteriores, Economía, Defensa y Transición Ecológica.
Además, en las filas socialistas se daba por descontado "el batacazo" en Andalucía. En el PSOE se advierte que lo que viene es "una oleada de derechas". Y que, para afrontarla, hay que ganar tiempo, esperar que -con suerte- escampe, y aprovechar nuevas circunstancias políticas que revitalicen al Ejecutivo. Incluso con una posible crisis de Gobierno: "Tenemos que cambiar algunas dinámicas", admite un alto dirigente socialista.
Y finalmente, porque para cumplir los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación con la Comisión Europea, España debe contar con unos PGE ahormados al Plan Anual Normativo del año que viene. Por eso, este mismo lunes, el BOE publicaba la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos.
Subida pero menos
En todo caso, esto no quiere decir que se vayan a abordar las subidas que marca el acuerdo de coalición "porque tenemos que acompasar la reforma fiscal a las circunstancias económicas". Y eso es lo que solivianta a Unidas Podemos, que siente cómo el compromiso "nunca se cumple".
Por ejemplo, la "profundización" en el mínimo del 15% al Impuesto de Sociedades, la eliminación de "todas las exenciones y ventajas fiscales" a las grandes empresas, la subida de dos puntos y de cuatro en el IRPF a "las grandes rentas" de más de 130.000 euros y a las de más de 300.000, la "armonización territorial" de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones...
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Los morados utilizan las negociaciones presupuestarias como los hitos en los que "arrancar compromisos al PSOE", y según fuentes cercanas a Ione Belarra, la única opción de que haya cuentas para 2023 es "que el PSOE se retrate".
Desde el lado socialista, se aclara que "no tiene que ser ni cien ni cero", sino retoques impositivos "sobre aquello que más pueda aportar" a las arcas públicas en un momento de necesidad "para fortalecer los servicios públicos" y mantener las medidas protectoras contra los efectos de la guerra. A nivel de los consumidores y de las empresas.
Por ejemplo, en el Gobierno "no se ve que el año que viene los impuestos de la electricidad sigan rebajados", porque se confía en el tope al gas, si bien en sus primeros días no logra los efectos deseados. "Pero si la situación energética permanece, habrá que mantenerlos en mínimos".
Experiencia de años pasados
De momento, las cuentas de los años pasados no se han cumplido ni de lejos. Las medidas sobrevenidas para hacer frente a la Covid, primero, y al alza incontrolable de los precios de la energía, han destrozado previsiones de gasto. Y la Comisión ha lanzado serios avisos en esa materia, tanto como en la "sostenibilidad de las pensiones".
Sólo le ha funcionado al Gobierno la recaudación fiscal, impulsada radicalmente por una inflación desbocada al 8,7%... lo que no es en sí ninguna buena noticia.
Así, si no hay cuentas propias de 2023, prorrogando las de 2022, será (aún) más difícil cumplir objetivos. Y para darle credibilidad ante Bruselas, el último Programa de Estabilidad enviado a la Comisión incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.
"El objetivo es seguir creando empleo, y cumplir con el programa de estabilidad, así que la reforma fiscal la acompasaremos al momento económico", explica este ministro, en conversación con EL ESPAÑOL. "Iremos acometiendo medidas que sean las más adecuadas en cada situación, porque la coyuntura es muy volátil y cuesta hacer previsiones".
La prueba de las pensiones
Eso sí, lo que está claro es que todos los ministros tienen la orden de no poner en duda la subida de las pensiones a final de año en función del IPC con el que se cierre el mes de noviembre.
"Es lo que marca la ley y la vamos a cumplir", repiten como un mantra aprendido... a pesar de que desde hace meses el Ministerio de Inclusión trabaja en modelos distintos para cuadrar esas cuentas.
Uno de ellos, según las fuentes gubernamentales consultadas, es utilizar sustituir cotizaciones por los ingresos fiscales. Según el Ejecutivo, "todo el sistema tributario se dedica a financiar el Estado del bienestar. Y las pensiones forman parte de él".
De modo que, "como el compromiso con el Pacto de Toledo es llegar a los 24.000 millones de cobertura de los gastos impropios", esto supone más de 6.000 millones que sacar de la reforma fiscal. "O puede ser que de la vuelta a los impuestos normales sobre la energía", apunta este ministro.
Es decir, lo que advertían más arriba las fuentes de la dirección del Partido Popular: "El dinero sale del mismo sitio, y el sistema de cotizaciones necesita del impulso de los Presupuestos".
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