El discurso que Pedro Sánchez estrenó el sábado al anunciar sus medidas contra la inflación, y con el que pretendía erigirse en claro referente de la izquierda, ha quedado emborronado por su reacción a la tragedia de la valla de Melilla.
El presidente del Gobierno, que se reivindicó constantemente como defensor de "las clases medias y trabajadoras" y de "los más vulnerables", que se dijo víctima de "determinados poderes económicos" y de sus "terminales políticas y mediáticas", justificó al mismo tiempo la actuación de los agentes marroquíes en la frontera.
"La Gendarmería marroquí se ha empleado a fondo en tratar de evitar este asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad", manifestó.
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Sánchez habló del "extraordinario trabajo" de las Policías española y marroquí en este asunto, defendió la necesidad de "repeler el ataque" y evitó hablar de los muertos. "Si hay un responsable de todo lo que parece que ha sucedido en la frontera son las mafias que trafican con seres humanos", aseguró. Sus palabras chocan con la imagen que quiso transmitir de un Gobierno "que trabaja para la clase trabajadora" y "molesta a algunos poderes".
A medida que han pasado los días ha crecido la indignación por lo ocurrido. Estamos ante la peor tragedia registrada en la frontera con Marruecos, por encima de la de El Tarajal, en febrero de 2014, cuando murieron 15 migrantes ahogados en la playa al tratar de entrar a nado a Ceuta.
Entonces, el PSOE exigió la creación de una comisión de investigación en el Congreso para que dieran explicaciones "los responsables políticos del Ministerio" del Interior. Gobernaba el Partido Popular.
Ahora, la cifra oficial de muertos es de 23, pero las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno elevan el número a 37, y denuncian que Marruecos ha excavado fosas para enterrar los cadáveres sin identificarlos y sin practicarles una autopsia. Las imágenes de los vídeos que se han ido conociendo son espeluznantes.
Silencios y críticas
Nadie en el Gobierno ha matizado las manifestaciones del presidente Sánchez desde el sábado. Algunos de los socios del PSOE sí han expresado su indignación. Uno de los más rotundos ha sido Íñigo Errejón, de Más País: "Es horrible que el Gobierno felicite a la Policía marroquí", ha manifestado en redes sociales.
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado por su parte la solicitud de una comparecencia urgente del presidente del Gobierno, al tiempo que calificaba sus declaraciones de "inaceptables y reprobables". También reclama el cese de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La parte morada del Gobierno ha sido mucho más tibia. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha limitado a solicitar "aclarar" los hechos, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha mostrado "conmocionada". "El respeto a los Derechos Humanos debe guiar siempre nuestra política exterior", ha dicho en Twitter.
Desde Podemos e Izquierda Unida han lamentado los hechos, pero ambas formaciones ponen la pelota en el tejado de la Unión Europea. Para Podemos es necesaria una investigación de Bruselas por las "graves vulneraciones de Derechos Humanos por parte de las autoridades migratorias". Para IU, el responsable también es la UE por "anteponer su relación con la dictadura marroquí a los Derechos Humanos".
El programa del PSOE
Podemos fue mucho más duro con Sánchez con la crisis del Open Arms, pero la polémica por no dejar atracar al barco en un puerto español para atender a los inmigrantes que transportaba se produjo en la primavera de 2019, en plenas negociaciones para intentar cerrar un acuerdo de investidura.
Un año antes, la izquierda sí festejó como un triunfo el atraque del Aquarius en Valencia y el desembarco de 630 inmigrantes que habían sido rescatados en alta mar. El barco había sido rechazado por Italia y Malta. En ese momento Pedro Sánchez llevaba dos semanas en el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
En sus últimos programas electorales, el PSOE ha dedicado una especial atención a la inmigración. El más ambicioso, el de 2016, cuando estaba en la oposición. En él abogaba por revisar "el sistema de tratamiento de la persona extranjera que pretende cruzar irregularmente la frontera y que es interceptada en el intento".
Los socialistas exigían acabar con las "devoluciones en caliente" y la retirada de las concertinas. Las devoluciones en caliente siguen realizándose, pero el Gobierno las denomina ahora "rechazos en la frontera". Sí se ha procedido a la retirada de las concertinas y su sustitución por elementos "más seguros y menos cruentos", en palabras de Marlaska, hecho que se presentó en su día como una victoria sobre la política del PP en materia de inmigración.
Pero la polémica sobre los criterios de Interior en materia de inmigración y derecho de asilo persiste. El mes pasado trascendió que Argelia condenaba a muerte a un activista que había sido deportado por España pese a la oposición de Amnistía Internacional y de otras organizaciones humanitarias. Una historia que aún no ha escrito su último capítulo. Igual que la avalancha y muerte en la valla de Melilla del pasado viernes.
[España rechaza el asilo al militar y activista argelino Mohamed Benhalima y tramita su deportación]
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