El Gobierno espera que en septiembre esté ya en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería que dará más facilidades para que los extranjeros puedan trabajar en España, según fuentes del Ministerio de Inclusión Social.
Esa reforma ha superado ya los filtros internos del Gobierno y ha sido comunicada a los empresarios y los sindicatos en tres reuniones tripartitas. Tras las críticas iniciales de los sindicatos, el Gobierno logró también su visto bueno.
El ministerio de José Luis Escrivá prevé que se apruebe a finales de julio en el Consejo de Ministros, para que entre en vigor a principios de septiembre.
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La norma responde a la petición de organizaciones empresariales que cifran en casi 100.000 los puestos de trabajo vacantes en sectores como agricultura, hostelería, construcción y transporte terrestre. La intención es que puedan ser cubiertos con extranjeros que ya residen en España, pero que tienen dificultades burocráticas para trabajar o personas que vengan expresamente a nuestro país para ocupar esos puestos de trabajo.
El Gobierno creará la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería para facilitar y agilizar el proceso burocrático.
La reforma del reglamento no es una regularización, pero sí recorta los requisitos para trabajar prácticamente en todas las situaciones posibles, es decir, incluyendo migrantes regulares o irregulares.
Incluso, facilita el trabajo de estudiantes extranjeros de masters o cursos en España. Una directiva europea de 2016 permite que compatibilicen esos estudios con trabajos, pero hasta ahora se les exigían tres años de residencia para trabajar.
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Según el Gobierno, esa limitación impedía en la práctica que esos estudiantes pudieran trabajar, lo que hacia perder talentos al no poder compatibilizar los estudios con el trabajo desde su llegada a España, como sí ocurre en otros países europeos.
Otra de las medidas incluidas se refiere a facilitar que puedan venir a España emprendedores extranjeros para iniciar aquí sus proyectos. Las exigencias burocráticas son en este momento tan duras como que en 2021 únicamente tuvieron autorizaciones para trabajos por cuenta ajena 285 personas extranjeras.
Se trata de que puedan iniciar sus propios negocios en España con menores trabas burocráticas sin ser grandes inversores.
Renovación de permisos
Para los trabajadores por cuenta ajena, ahora la renovación de los permisos de trabajo para extranjeros es de un año, más dos y otros dos posteriores para pasar a ser trabajadores de larga duración. Con la reforma, seguirá siendo un año inicial de permiso de trabajo, pero con renovación de cuatro años, es decir, que a los cinco tenga ya permiso de trabajo de larga duración.
Para los migrantes en situación de irregularidad también se eliminan trabas burocráticas para que puedan trabajar. Para ello, se reduce de tres a dos años el tiempo de estancia acreditada para poder trabajar y se retoca el concepto de arraigo.
Se introduce el arraigo para la formación de tal forma que una persona con dos años de permanencia y que haga formación durante un año prorrogable, podrá tener contrato de trabajo para cubrir las vacantes en agricultura, construcción, transporte y hostelería. La reforma copia los llamados “tolerados” de Alemania que ya son 700.000 personas.
Sobre el arraigo laboral se adecúa a la doctrina del Tribunal Supremo de marzo de 2021 para que cualquier persona que pueda acreditar un trabajo tenga derecho a una segunda oportunidad.
Para el arraigo social ya no se exigirá un contrato de un año, ya que eso ha desaparecido con la reforma laboral. También se amplía el arraigo familiar.
La reforma retoca la llamada migración circular, es decir, personas que trabajan en España menos de nueve meses y que tienen que retornar a su país. Esta autorización en lugar de año a año, tendrá duración de cuatro años y luego podrá seguir prorrogando otros cuatro.
Un ejemplo práctico del cambio normativo es el de una trabajadora marroquí temporera de la fresa que ahora tiene que renovar año a año su permiso de trabajo y desde septiembre tendrá un visado por cuatro años.
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