La Memoria Democrática no incluirá investigar los GAL pese a pactar Bildu y PSOE indagar hasta 1983

Una de las enmiendas a la futura Ley de Memoria Democrática pactadas entre el Gobierno y EH Bildu contempla investigar también "los supuestos de vulneración de derechos humanos" entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, cuando Felipe González ya llevaba un año al frente del Gobierno.

De este modo, la comisión técnica que se designará para tal labor extenderá el objeto de su análisis más allá de la muerte de Franco (1975). Desde el partido abertzale, celebran este "relevante avance" de cara a la "reparación a las víctimas del posfranquismo".

Sin embargo, la fundación de los GAL (los Grupos Antiterroristas de Liberación auspiciados por aquel Ejecutivo del PSOE) y sus primeros crímenes no serán investigados. Así lo han convenido PSOE y Bildu, pese a que antes de que finalizase 1983 fueron secuestrados, torturados y asesinados Lasa y Zabala. Y fue secuestrado también Segundo Marey. Y estas mismas fuerzas parapoliciales mataron a Mikel Goikoetxea, alias Txapela.

Fuentes de EH Bildu confirman a EL ESPAÑOL que los crímenes cometidos por los GAL no serán objeto de estas investigaciones, aunque los inicios de su actividad sean previos a 1984 y se encuadren en el intervalo que señala la norma. El PSOE ha pactado con su socio que la investigación no aborde la llamada guerra sucia.

"El tema del terrorismo de Estado va aparte, no en la de Memoria Democrática", subrayan desde la formación separatista, que pretende que el asunto sea debatido en el seno de la próxima Ley de Secretos Oficiales. Lo pactado ahora con el Ejecutivo afectará tan sólo a los supuestos abusos policiales de los primeros años de la Transición. El límite tiene que ver con la llegada del PSOE a la Moncloa.

Se trata de casos como los sucesos de Vitoria de 1976, que dejaron cinco manifestantes muertos tras enfrentarse a los agentes del orden. El ministro de la Gobernación era entonces Manuel Fraga, luego fundador de Alianza Popular. O los Sanfermines de 1978, cuando un joven murió al ser disparado por la Policía tras participar en una protesta en la Plaza de Toros a favor de la amnistía total de los presos.

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Asimismo, es probable que la investigación de los abusos policiales en el posfranquismo por parte de esta comisión técnica sí permita a Bildu volver a señalar al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, que ostentó este cargo entre 1976 y 1979. Posteriormente, también fue vicepresidente primero del Gobierno hasta 1982. Siempre con UCD, el partido de Adolfo Suárez.

A inicios de 2022, Bildu ya le señaló por los "crímenes y torturas cometidas en la década de los 70". Y pidió su comparecencia en el Congreso después de que Martín Villa, en un foro público, se reconociese como posible "responsable político y penal" de la denominada matanza de 1976.

Los GAL se inician en el 83

Finalmente, la enmienda pactada con el grupo independentista vasco añade una disposición adicional a la futura norma que reza lo siguiente: "El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas".

Pero, históricamente, el inicio de la actividad de los GAL sí se encuadra en el intervalo temporal al que aludirá la futura ley. El acta fundacional de estos grupos antiterroristas, entregada por el exlíder de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está fechada a principios de julio de 1983. Dicho documento fue elaborado por el Cesid, el servicio de inteligencia militar, antecedente del actual CNI.

El primer atentado cometido por estos grupos parapoliciales ocurrió en octubre de ese mismo año, cuando secuestraron en Bayona (Francia) a dos jóvenes independentistas vascos próximos a ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Ambos fueron asesinados tras sufrir brutales torturas y sus cuerpos se encontraron años después enterrados en cal viva.

La intención de EH Bildu de investigar estos y otros asesinatos cometidos por los GAL no será en el marco de la Ley de Memoria Democrática, sino en el de la futura norma que modifique la regulación de los Secretos Oficiales. Dicho de otro modo: ha transigido en su negociación con el PSOE y lo ha librado de rememorar el peor de sus pasados.

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Por el caso Laza y Zabala fueron condenados el guardia civil Enrique Rodríguez, el exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el sargento Enrique Dorado y el cabo Felipe Bayo.

Otra de las primeras víctimas de la guerra sucia fue Segundo Marey, secuestrado también en 1983. Concretamente, en diciembre. En 1998, el Tribunal Supremo condenó a diez años de prisión por el caso Marey al exministro del Interior socialista José Barrionuevo, al exdirector de Seguridad Rafael Vera y al exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal.

Sin embargo, en un comunicado difundido tras anunciar las enmiendas pactadas con el Gobierno, Bildu sí aludió este martes a Lasa y Zabala. Lo hizo al celebrar que otro de sus acuerdos con el Ejecutivo central supone la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.

El edificio fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco y la residencia del gobernador civil de Guipúzcoa. Allí fue donde se torturó en 1983 a ambos jóvenes.

"Antes de ser asesinados y enterrados en cal viva por miembros del GAL", recuerda el partido nacionalista en el escrito. La cesión del inmueble está prevista antes de que se cumpla un año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que aún debe aprobarse en el Pleno del Congreso de los Diputados y viajar después al Senado.