El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha recomendado a los exdirigentes del PSOE que han pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la Ley de Memoria Democrática que se la lean. "Me da pena que de esas personas que han firmado ninguna haya tenido a bien leerse la ley", ha dicho este martes en una entrevista en 'Espejo Público', en Antena 3.
Bolaños ha sido preguntado por el documento promovido desde la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición, en el que se cuestiona con dureza la norma que será aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados -asegura que trunca el pacto constitucional de 1978- y que contará con el voto favorable de EH Bildu.
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Entre los firmantes, José María Múgica -hijo del socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996-, el expresidente del Senado Javier Rojo y exministros de Felipe González como Julián García Vargas, Julián García Valverde o Javier Sáenz de Cosculluela. También exdiputados o el actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.
A todos ellos, Bolaños les recuerda que la Ley de Memoria "condena la dictadura; homenajea a las víctimas de los dos bandos; pone en valor la Constitución como pilar fundamental de nuestra democracia y defiende la vigencia de la Ley de Amnistía y el valor de nuestra Transición. Además, ha zanjado, "nos lo piden los organismos internacionales".
El pacto con Bildu
En su carta, los socialistas críticos no parecen estar de acuerdo con la anterior afirmación: "No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica. (...) La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución".
Por esto, los firmantes exigen "al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la Ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia".
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Otro hecho que les preocupa es el papel en la confección de la ley de EH Bildu, "que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas". "No aceptamos -defienden- que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas".
En efecto, la norma investigará crímenes ocurridos hasta 1978, pero un grupo de expertos analizará "técnicamente" las supuestas vulneraciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando González ya llevaba más de un año en Moncloa.