El Gobierno saca la Ley de Memoria con sus socios, que tildan la Transición de "legalización del fascismo"

La Ley de Memoria Democrática ya es una realidad. El Gobierno la ha aprobado con la llamada mayoría de la investidura: PSOE, Podemos y gran parte de los nacionalistas. Feijóo y Abascal han reiterado que la derogarán si relevan a Pedro Sánchez en La Moncloa.

El debate, bronco como pocos se recuerdan, ha desbordado a la presidencia del Congreso, que ha sido incapaz de controlar los gritos de los diputados mientras los oradores iban pasando por la tribuna.

Un buen resumen podría ser este: los independentistas han lamentado la Transición, el Gobierno ha celebrado su ley, Vox ha dicho que Franco inició la reconciliación entre españoles y el PP ha acusado a Moncloa de haber olvidado a las víctimas de ETA. Todo ello en un Congreso patas arriba, con diputados que chillaban y se señalaban.

Bildu, que desbloqueó la mayoría necesaria mediante un pacto con el Gobierno, ha exhibido sus argumentos antes que el Ejecutivo y la oposición. Bel Pozueta, diputada abertzale, se ha congratulado por haber arrancado a Sánchez la creación de una comisión que estudie las "violaciones de derechos humanos" hasta diciembre de 1983, cuando Felipe González ya llevaba un año en la presidencia.

"Damos un paso más", ha dicho para después atribuirse la "corrección" y la "reescritura" de la norma. La conexión era evidente. Poco después, Mertxe Aizpurua, líder de Bildu en la Cámara, mantendría en el pasillo una larga conversación con Rafael Simancas, secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes.

"Se quiere trasladar la idea de que con la Constitución empezó un periodo de paz y un Estado de Derecho. Pero muchos sabemos que la Transición ni fue modélica ni trajo la democracia. No acabó con la herencia del franquismo", ha asegurado en la tribuna la diputada independentista vasca.

Ese razonamiento resume el mensaje de los socios con los que PSOE y Podemos han sacado adelante la ley. "La Transición no fue la reconciliación, sino la legalización del fascismo". Palabras de Carolina Telechea, de Esquerra Republicana.

"¡Acojonante! ¡Acojonante!", gritaban algunos diputados de la oposición que no estaban en el uso de la palabra. Ha intervenido entonces Guillermo Díaz, que sería ovacionado por sus compañeros de Ciudadanos, pero también por los diputados de PP y Vox.

"Esta ley te protege jurídicamente si te mataron los franquistas, pero no si te mató ETA. Prohíbe el homenaje al bando franquista, pero no a los asesinos de ETA. Ustedes eligen víctimas y asesinos en función de su utilidad en el presente", ha dicho Díaz.

Ha puesto como ejemplo a Paco, de siete años, asesinado en Guernica durante la guerra; y a Fabio, de dos años, asesinado por ETA en Erandio: "Está prohibido el homenaje a los asesinos de Paco, pero miembros de la banda que asesinó a Fabio redactan hoy la Ley de Memoria Democrática".

El encargado de expresar la postura del PP ha sido Jaime Mateu, que ha recordado al Gobierno que tuvo que enterrar a su padre y su hermano, asesinados por ETA: "Me recorre un escalofrío de indignación. El Gobierno se ha atornillado al banco azul pagando el precio de esta indignidad. O se está con las víctimas o contra ellas".

Mateu ha criticado que la Ley de Memoria, que estudia las violaciones de derechos hasta diciembre de 1983, deje a un lado los asesinatos de ETA, más de trescientos en ese periodo.

Cuando ha salido a la tribuna Enrique Santiago, el líder del Partido Comunista y miembro de Unidas Podemos, le han gritado algunos parlamentarios de Vox: "¡Paracuellos! ¡Paracuellos!". En referencia a la matanza perpetrada en el Madrid de la República durante la guerra.

Santiago ha afirmado que España "por fin atenderá las reclamaciones de Naciones Unidas sobre reparación de víctimas" y, con la vista puesta en la banca de la derecha, ha espetado: "La generosidad de las víctimas permitió la convivencia aunque ellas no vieran reconocidas sus derechos".

Jaime Mateu, justo antes, había pedido a la coalición y sus socios nacionalistas que verbalizaran, en directo, su condena a los crímenes de ETA. Santiago le ha respondido con este otro ruego al PP: "Condenen los crímenes del franquismo".

Entonces, Alberto Casero, visiblemente alterado, le ha gritado desde su escaño algo así como: "¡Yo sí condeno! ¡Sí los condeno! ¡Pero condena tú los asesinatos de ETA!". Algunos de sus compañeros le han pedido calma. Santiago no le ha contestado.

Cuando Francisco José Contreras, de Vox, se ha dirigido al hemiciclo, han abandonado sus escaños los diputados de ERC, Bildu y gran parte de Podemos. El Congreso se ha vaciado ostensiblemente. Mientras, lo vitoreaban sus compañeros de partido antes de que empezara. Irene Montero, que ha pasado por delante de la escalinata, le ha llamado "fascista".

Contreras hablado de las víctimas del Frente Popular, en concreto del obispo de Barbastro, "al que le cortaron los testículos y lo dejaron morir desangrado". También de Melquíades Álvarez, que fue presidente del Congreso y asesinado en la zona republicana.

A juicio del diputado de Vox, fue Franco quien trajo la "reconciliación" a España: "En 1964, cuando conmemoró los veinticinco años de paz, el enfoque no fue sectario. No se enfatizó la victoria, sino la paz. Igual que con el Valle de los Caídos, que es un monumento a los caídos de ambos bandos".

Estas palabras han suscitado el ruido y los gritos de diputados de la izquierda, pero también la incredulidad de varios parlamentarios del PP, que se miraban enarcando las cejas.

Cuando ha sido el turno del PSOE, Iván Espinosa de los Monteros se ha acercado a sus diputados para pedirles silencio: "¡No entréis en las provocaciones!". Pero muchos de ellos ya habían estado gritando durante el debate.

Valentín García, socialista, ha definido al PP como el partido de "los siete ministros de Franco" y ha dicho no encontrar diferencias entre la organización actual y la Alianza Popular de Manuel Fraga.

Por último, Félix Bolaños ha leído varios párrafos de la ley para criticar a la derecha por "manipular" su contenido. Ha agradecido "especialmente" su trabajo a "los grupos que han colaborado". "Va a hacer más digna nuestra democracia. Sitúa las políticas de memoria en línea con los países de nuestro entorno", ha concluido el ministro de la Presidencia.