Podemos, ERC y Bildu piden una comisión de investigación contra "la cloaca mediática"

Unidas Podemos ha logrado el apoyo de ERC, Bildu y el resto de los principales socios del Gobierno en el Congreso para firmar conjuntamente la solicitud de una comisión de investigación sobre "la trama mediática de las cloacas del Estado".

El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, firma el documento presentado en el registro de la Cámara Baja. Junto a él, constan los líderes de la izquierda independentista Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Néstor Rego (BNG), Mireia Vehí (CUP), el nacionalista valenciano Joan Baldoví (Compromís) y el portavoz de la escisión menos frentista de la vieja Convergència, Ferran Bel (PDeCAT).

La propuesta, firmada por “más de 50 escaños”, llega al Congreso sin el apoyo del PSOE. Según ha trasladado a los medios Pablo Echenique, los de Sánchez “no se ven en condiciones de apoyarla”, aunque la formación morada espera que, llegado el momento de la votación, “les hagamos cambiar de opinión”. 

La creación de esta comisión tiene que ser ratificada por el pleno del Congreso con más síes que noes, por lo que los votos a favor del PSOE resultan imprescindibles para la aprobación de este proyecto. 

El texto reconoce que ya ha habido dos comisiones de investigación sobre "las cloacas parapoliciales" en el Congreso de los Diputados. Pero, según reitera Echenique, "nunca se ha permitido investigar la pata mediática, una pata fundamental de esta trama".

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La comisión de investigación pretendería averiguar la "relación directa" entre una supuesta "trama mediática dedicada a publicar y difundir noticias falsas, algunas de ellas previamente elaboradas por estructuras parapoliciales presentes en el Estado" y esta llamada "policía patriótica" que los firmantes atribuyen directamente al comisario Villarejo y a su connivencia con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Según los firmantes, esta "relación espuria" tenía, como "finalidad última", subvertir el orden natural del funcionamiento democrático e "intervenir en el normal desarrollo de los procesos electorales".

Para Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, la "trama" se dedicó a "generar noticias falsas para promover el desprestigio público, la persecución judicial y el descrédito político de determinados partidos, sus dirigentes y sus cargos públicos". Y después a manejar a una red de periodistas dispuestos a publicar estas fake news "a sabiendas de que eran falsas".

Así, los socios del PSOE en el Congreso califican esta supuesta connivencia de "un ataque en toda regla a nuestra democracia". Es más, llegan a poner como ejemplo del "resultado" de "la difusión de noticias falsas con fines políticos" el asalto al Capitolio en Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

La propuesta registrada este jueves en la Cámara Baja se apoya en el “derecho de la ciudadanía” a conocer “el alcance de estas prácticas de intoxicación mediática”. 

Así pues, se plantean objetivos como “conocer al detalle” las informaciones publicadas en medios “provenientes de personas vinculadas a las estructuras parapoliciales”, o plantear medidas que “defiendan nuestra democracia de la amenaza que suponen las noticias falsas con fines políticos”.

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La Comisión, según el documento, estaría formada por tres representantes de los grupos parlamentarios con más de cien diputados, dos de cada grupo con entre ocho y cien escaños, y un representante de cada uno de los restantes.

Según esta distribución, el único partido que contaría con tres representantes sería el PSOE, otorgándole, pues, una ventaja en las votaciones. Los siguientes tres partidos en número de escaños (Partido Popular, VOX, y el propio Unidas Podemos) contarían con dos representantes cada uno, a pesar de las diferencias en número de diputados: 88 el PP, 52 Vox y 33 UP.

De esta forma, los grupos parlamentarios firmantes contarían con nueve representantes en la Comisión, mientras que el bloque opositor, formado por PP, Vox y Ciudadanos, estaría integrado por 6 miembros. Tan solo la suma del PNV (un representante) y el PSOE podría arrebatar la mayoría a los promotores de la propuesta.

Este comité tendría “un plazo de tres meses desde su constitución”, con posibilidad de prórroga. No obstante, las conclusiones se habrían de emitir “antes del fin del primer periodo de sesiones parlamentarias del 2023”.