"¡A prisión!": Podemos pide 10 años de cárcel para el banquero que 'cobre' el impuesto a sus clientes
Ione Belarra anunció la propuesta durante los cursos de verano de la Universidad Complutense, foro patrocinado por el Banco Santander.
22 julio, 2022 02:44Unidas Podemos ha presentado este jueves su propuesta para la introducción de un nuevo delito de “repercusión de precios” en el Código Penal. La formación ya ha enviado al Partido Socialista, su socio de gobierno, este proyecto legislativo por el que se castiga con penas de hasta diez años de prisión a las empresas que trasladen a sus clientes la subida impositiva.
Pedro Sánchez dio a conocer en el Debate de la Nación una serie de medidas económicas entre las que se incluye este nuevo impuesto, temporal, sobre los “beneficios extraordinarios” de las energéticas y la banca.
No obstante, el anuncio provocó una discusión pública en el que se plantea la posibilidad de que las empresas aumenten sus precios a consecuencia del nuevo tributo.
De hecho, el último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL detectó que un 51% de los españoles está en contra del gravamen a los bancos. No por una simpatía repentina respecto a estas entidades, sino por el temor de que el anuncio de Sánchez acabe afectando a sus bolsillos.
Ante tal preocupación, el grupo socialista en el Gobierno ya expresó que los nuevos tributos incluirían la "prohibición expresa" de trasladar la subida impositiva a los precios. La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contaría con "todas las funciones para que vigile y aplique sanciones" en caso de que fuera necesario. Sin embargo, desde el PSOE no han manifestado la intención de tipificar esta falta como delito fiscal, y mucho menos de modificar la ley penal.
Unidas Podemos, por su parte, defiende la necesidad de incluir en el Código Penal “un nuevo delito de repercusión artificial en los precios de modificaciones impositivas”. Así lo ha comunicado este jueves Pablo Echenique, portavoz del grupo en el Congreso, quien ha definido este posible incremento de los precios como “una práctica contraria al interés general”.
El mismo Echenique dio a conocer la idea el pasado martes a través de sus redes sociales, en las que incluyó unas declaraciones de Ione Belarra, secretaria general del partido, durante los cursos de verano de la Universidad Complutense. Evento que, para mayor inri, está patrocinado por el Banco Santander, afectado por las propuestas de la formación morada.
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Durante su intervención, Belarra defiende la necesidad de “mano dura” ante “quienes abusen y ataquen al interés general”, e introduce la idea de la creación de este nuevo delito fiscal. Además, afirma que la pena se vería agravada en el caso de “empresas de sectores estratégicos”.
La diputada y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 considera que este nuevo delito fiscal "manda el mensaje correcto", y sentencia que "no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general". Además, concluye su discurso asegurando que en Unidas Podemos piensan "proteger a la ciudadanía cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles".
Echenique compartió el vídeo de Belarra junto a un explícito comentario: “Si ante un aumento de los impuestos los directivos deciden repercutir la subida a los precios, a prisión”.
Proponemos un nuevo delito en el código penal por repercusión artificial a los precios.
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 19, 2022
Si, ante un aumento de los impuestos a las grandes energéticas y a la banca, sus directivos deciden repercutir la subida a los precios ➡️ a prisión.
Por atentar contra el interés general. pic.twitter.com/cYU6YELByG
La idea se ha materializado este jueves en una propuesta legislativa que Unidas Podemos presenta ahora al Gobierno, y en la que se plantea la introducción del título 284bis en el Código Penal. Si Sánchez considerara la petición de sus socios adecuada, quedará incluida en la propuesta de impuestos que el gobierno presentará en las próximas semanas.
El nuevo artículo recoge multas de doce a veinticuatro meses, y penas de cárcel de uno a cinco años para “administradores de entidades” que alteren sus precios a causa de “modificaciones del sistema tributario”. Asimismo, incluye penas de entre dos y diez años de prisión, y multas de dos a cinco años cuando la compañía se dedique a un “sector estratégico”.