Sánchez apoya la norma que elude el 25% del español y Aragonès rechaza la unilateralidad

El encuentro ha durado una hora y 45 minutos y termina con el compromiso de seguir trabajando discretamente para avanzar en nuevos acuerdos, dentro de los términos aprobados este miércoles y que han sido discutidos en las últimas semanas de forma reservada por representantes de ambas instituciones. 

Entre la literatura del acuerdo se deduce que el Gobierno acata y no recurrirá la norma que elude la obligación de usar el 25% de castellano en las aulas y abre la puerta a reformar los delitos de rebelión y sedición para sacar el conflicto de la "vía judicial".

Textualmente, el acuerdo habla de "la apuesta por avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario. Estos avances se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales". En esa referencia entraría la reforma del Código Penal.

Añade que "ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones".

Sobre la desjudicialización, el acuerdo incluye el compromiso de que  “la actividad política se haga dentro del ordenamiento democrático vigente”, más la “mejora del marco normativo con diálogo”. Añade que “se renuncia a acciones que saquen la política fuera de reglas del juego democráticos”, pero “han de ser “representativos de mayorías amplias y transversales de Cataluña”, es decir, “grandes mayorías”.

Este punto puede entenderse como la renuncia expresa a la unilateralidad.

El ministro Félix Bolaños no ha especificado si el acuerdo incluye la reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y rebelión y se ha limitado a explicar que las reformas se harán con las mayorías parlamentarias necesarias.

“Estamos dispuestos a armonizar la legislación española con las europeas y la voluntad del Gobierno es avanzar y si en algún momento hay mayoría para abordarlo se hará”, ha explicado.

Esa mayoría existe con el bloque de investidura y el Gobierno no descarta intentar en el futuro esa reforma que afectaría a los imputados por el proceso. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, elaboró una reforma de los delitos de rebelión y sedición que luego el Gobierno guardó en un cajón. Es decir, sólo tendría que activar este cambio legal.

Sin embargo, la representante de la Generalitat, Laura Vilagrà, sí ha explcado que antes de final de año deben ponerse en marcha reformas legales, sin expecificar si entre ellas está la reforma del Código Penal.

Sobre la lengua, el acuerdo habla de “protección, impulso y reconocimiento de la diversidad lingüística como riqueza” y se deduce que el Gobierno no llevará al Tribunal Constitucional las normas sobre el catalán aprobadas en el Parlament, incluida la que entierra la obligación de que  el 25% de las clases sean en castellano.

Se concreta en “fortalecer la lengua desde la perspectiva pedagógica, derechos y libertades”, garantizando “el pleno dominico del catalán y castellano de todos los estudiantes”, pero con reforzando la “autonomía de cada centro, sometido a control constante y principio de legalidad”.

Esa perspectiva lingüística estará en las leyes y las instituciones, por ejemplo, mejorando el uso de las lenguas cooficiales en el Senado, haciendo que en el Parlamento Europeo el catalán sea lengua de uso en el pleno. También garantizando la presencia de representantes de la Generalitat en foros internacionales con dimensión lingüística.

Este acuerdo es extensible a euskera, gallego y otras si lo solicitan gobiernos con lenguas oficiales.

Desde el estallido del llamado caso Pegasus, el Govern de Pere Aragonès había "perdido toda la confianza" en el de Sánchez, e hicieron falta dos reuniones previas de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, con Laura Vilagrà, consejera del mismo ramo en la Generalitat, para que se pudiese escenificar una cumbre entre los dos presidentes, primero el 15 de julio, y esta cita ahora.

No hay que olvidar que uno de los líderes independentistas espiados por el CNI, tal como quedó admitido en la comparecencia de la exdirectora de "la Casa" ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, fue el propio Aragonès. Fuentes de su entorno exigieron "garantías de no repetición", y así quedó reflejado en el documento sobre "metodología" para las siguientes reuniones de la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo. 

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La delegación del Gobierno de España ha estado encabezada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y ha estado integrada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

La delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya estaba compuesta por la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, e integrada por el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent; el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Todos pertenecen a ERC, porque Junts rechaza participar en la mesa de diálogo.

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