El PSOE prepara el terreno para que Sánchez indulte a Griñán alegando que "no se quedó ni un euro"

Sin embargo, ahora con la confirmación de la sentencia, la respuesta oficial y pública del Gobierno ha sido apoyar a Chaves y Griñán y así lo ha hecho la ministra de Educación, Pilar Alegría, en su estreno como portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Continuando por el recurso en el que todos los partidos caen cuando se enfrentan a un escándalo propio: hacer referencia a los casos de los demás.

Y que lo único que se sabe, de momento, es que el fallo concita el acuerdo de tres de los miembros de la sala "y dos votos particulares en contra". Y es que el socialismo ha salido en tromba en defensa de la "honorabilidad", la "integridad personal" y la "honradez" de Chaves y Griñán.

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El sentimiento en el Partido Socialista y en Moncloa es de pesar por las condenas, sin poner distancia con los hechos. Todo, a pesar de que en su momento Pedro Sánchez impulsó la expulsión del partido y de sus cargos de los imputados por este caso. Lo hizo en contra de la opinión mayoritaria entre sus compañeros del PSOE y, especialmente, entre los socialistas más veteranos, que cuestionaron esa decisión del secretario general.

Y además, en contra del propio código ético del PSOE redactado en la primera etapa de Pedro Sánchez como líder socialista, que dedica uno de sus nueve apartados, precisamente, a la política respecto a los indultos.

Así, en el apartado 8.1) se lee: "Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género [...] así como por la comisión de hechos constitutivos de delitos graves".

Y no hay modo de argumentar que la malversación de fondos públicos, por la que está condenado Griñán, no es un "delito ligado a la corrupción" y además de carácter "grave".

Aun así, el empeño del PSOE es diferenciar entre una corrupción con "beneficio personal" y aquélla de la que ha sido hallado responsable el expresidente andaluz. Según argumentaron Pilar Alegría e Isabel Rodríguez: "Todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal".

Fuentes del equipo directivo del PSOE que acompañaba a Sánchez en 2014, al redactar aquel Código Ético -que sigue vigente- confirman que en aquel momento quedaban pocas fechas para la "consulta de cartón", el primer desafío independentista en urnas auspiciado por el Govern de Artur Mas, y que "Sánchez quería marcar posición" nada más llegar al cargo. 

"Por eso el punto 8 del documento entra en ese tema... igual que el punto 9 [sobre las incompatibilidades del ejercicio de la condición de expresidente] es un ataque directo a Felipe González", explican.

Miedo a la campaña

Hay otra variable en el caso, que es la incomodidad que provoca en el PSOE y en el Gobierno esta noticia justo cuando empezaba la "operación remontada", tras la nueva reestructuración de la estructura del partido.

Provoca la incomodidad de proporcionar una muleta argumental al PP para que se defienda cuando se le reprocha la corrupción y para el futuro pone a Sánchez ante una decisión difícil: indultar a los condenados, especialmente, a Griñán, el único que debe ingresar en prisión.

Fuentes del Gobierno consideran imposible aventurar una decisión y, en todo caso, ven muy difícil que se pueda tomar la decisión en esta legislatura, por los plazos necesarios y por el calendario electoral del 2023. En todo caso, la vía procesal puede beneficiar a Sánchez: hasta finales de septiembre no se espera la publicación de la sentencia; después debe darse traslado al tribunal sentenciador, lo que suele tardar un mes.

Ya prácticamente en noviembre, sería el momento en el que los abogados tramitarían sus recursos ante la ejecución de la pena, ante el Tribunal Constitucional en amparo y presentarían el expediente de solicitud de indulto. Y si la Audiencia suspende la ejecución de la pena a la espera de la resolución del indulto, fuentes de Moncloa confirman que "no hay plazos tasados para que haya una decisión u otra desde el Gobierno".

Sin embargo, si Griñán entra, efectivamente, en prisión, sí se podrían activar las prisas y los miedos en el PSOE. Prisas para que el Gobierno tomara una decisión y miedos a que el momento político no sea el adecuado.

El plazo para la tramitación de los indultos difícilmente baja de seis meses, es decir, se metería la decisión en el segundo trimestre del próximo año, justo en el momento en el que se haya iniciado la precampaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales.

A los candidatos en esas elecciones en las comunidades y los ayuntamientos les horrorizaría que en ese contexto la agenda política estuviera marcada por el indulto a los condenados por los ERE de Andalucía.

Inmediatamente después de esas elecciones se iniciará la campaña de las generales y no parece probable que ese sea el contexto para que el Consejo de Ministros apruebe un indulto. Y es que una vez solicitado el indulto, será necesario que el tribunal sentenciador y las partes personadas en el proceso, incluida la Fiscalía, se pronuncien sobre las peticiones. Ese trámite también puede demorar el proceso.

No obstante, las reacciones de apoyo a los condenados que se produjeron este martes dan idea de que entonces se producirá una notable presión interna al Gobierno para que lo conceda.

La posición del PP no ha sido en absoluto beligerante: ni la de Juanma Moreno, recién investido en su segundo mandato como presidente de la Junta de Andalucía, ni la de Alberto Núñez Feijóo, que descartó usar las condenas para "desacreditar al PSOE", si bien pidió la "depuración de responsabilidades". Pero en campaña, las cosas no serían iguales... y el PSOE sabe que el argumento de "el PP no ha depurado su corrupción", ahora está desacreditado.