El temblor que ha provocado la decisión del Tribunal Supremo de confirmar las condenas a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía ha terminado por sentirse en Varsovia, capital de Polonia. Allí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este miércoles su agenda institucional en el marco de la XIV Cumbre Hispano-Polaca.
Tras una serie de encuentros que han culminado a media tarde con la rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, el líder del Ejecutivo se ha pronunciado por primera vez desde que se conociera la sentencia del alto tribunal. Como era de esperar, se ha sumado a la defensa férrea de la Moncloa y el PSOE a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, asegurando que "pagan justos por pecadores".
El también secretario general de los socialistas ha asegurado que respeta la resolución judicial, aunque lo ha hecho a la par que ha puesto el foco en el voto particular de dos magistrados y en el desconocimiento del contenido de la sentencia: "Hasta septiembre no podremos tener una lectura clara".
Defensa a Griñán
Sin embargo, Pedro Sánchez sí ha querido ahondar en la principal tesis del partido, que exculpa a los dos expresidentes socialistas de toda implicación en el mayor fraude de ayudas de la democracia española. "Hay que recordar que Chaves y Griñán no han sido acusados de lucrarse, haberse llevado un céntimo de euro o haber financiado ilegalmente a organizaciones políticas", ha argumentado durante su comparecencia.
Concretamente y sobre la magnitud de los ERE fraudulentos, el dirigente socialista los ha resumido a un "mecanismo que ayudó a cientos de trabajadores", restando importancia al asunto. Ha condenado, no obstante, a quienes se aprovecharon de estas malas prácticas durante una década en la administración autonómica.
Aunque, contradiciendo la verdad judicial de los hechos, el presidente ha afirmado que "ni Chaves ni Griñán tuvieron algo que ver". Por ello considera que "están pagando justos por pecadores".
Posible indulto
De cara a un posible indulto, el jefe del Ejecutivo no ha descartado tal posibilidad. Aunque también ha evitado referirse a "hipotéticos de futuro", asegurando que "no se puede especular" con ello. Sánchez ha manifestado su respeto por los pasos que vayan a dar ahora las defensas de los condenados, dejando claro que el Gobierno siempre actuará acorde al "marco de la ley".
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Por su parte, desde Andalucía, se ha pronunciado en esta misma línea la expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien fue la sucesora de Griñán en la Presidencia y consejera en su gobierno.
También ha defendido "la honestidad e integridad" de los expresidentes y ha confiado en que el Tribunal Constitucional haga "justicia". Susana Díaz se comunicó con ambos ayer y ha insistido en que Griñán es un hombre "honesto" y para ella siempre ha sido "un ejemplo de integridad y honestidad".
No obstante, cree que la sociedad debería pensar en este país cómo una sentencia del TS, después de doce años y de una instrucción tan larga, salga con tres magistrados a favor y dos magistrados en contra y "una contestación tan importante".
Cambios en Ferraz
Al margen de este asunto, durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, también se ha preguntado a Sánchez por otras cuestiones de política doméstica, como los recientes cambios en la Ejecutiva de Ferraz. El presidente ha evitado responder a si dichas remodelaciones se van a extender, nuevamente, al Ejecutivo.
Ya en clave internacional también han sido destacadas sus palabras sobre el acuerdo alcanzado en la UE para reducir el consumo de gas de cara a un posible corte de suministro ruso. Sánchez celebra el consenso, aunque envía deberes a los socios comunitarios: “Aumentar las interconexiones con España”.
El presidente cree que los términos del pacto alcanzado denotan “unidad y solidaridad”, y pone el foco, sobre todo, en que España asuma menos recorte gasístico que el resto de Europa (un 7%). En ese aspecto, aboga por reducir la dependencia energética de otros países de Rusia sin perjudicar a “empresas y familias españolas”.