190 diputados apoyarían la rebaja de la sedición que Pedro Sánchez negociará discretamente con ERC

Tiene el texto de la reforma terminado, tiene los votos necesarios (hasta 190 de 176 necesarios) y tiene el compromiso sellado este miércoles en la Mesa de diálogo con Cataluña de "su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", es decir, antes de final de año.

Sólo le falta elegir el momento oportuno para el interés del Gobierno, porque esa tramitación parlamentaria puede tener contraindicaciones para Pedro Sánchez en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, según admiten fuentes del Ejecutivo.

El acuerdo sellado este miércoles no habla expresamente de esta reforma legal, pero la consellera Laura Vilagrà sí lo ha incluido en la agenda legislativa a abordar en las próximas reuniones de la mesa antes de final de año. Es decir, como se ha hecho antes de esta reunión, habrá una negociación discreta entre Moncloa y Generalitat para llegar a la reunión formal de la Mesa con un acuerdo cerrado después del verano.

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Hace casi dos años, el presidente del Gobierno encargó al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, abordar la reforma de estos tipos de Código Penal. Era la vía alternativa a los indultos, se presentaba con el eufemismo de "armonizar la regulación de esos delitos" con la de otros Estados europeos y suponía rebajar las penas previstas para evitar el ingreso en prisión de los imputados, tanto los enjuiciados como los fugados de la Justicia, incluido Carles Puigdemont.

El contenido

La propuesta supone graduar las penas y los hechos tipificados en función de la violencia utilizada, las consecuencias o la participación de autoridades, según fuentes del Gobierno.

El ministro Campo, experto en estos delitos, puso a trabajar a su equipo en la reforma y preparó varias alternativas, hasta que cerró una propuesta concreta.

Hace poco más de un año, Sánchez entendió que no era conveniente políticamente abordar esa reforma por las contraindicaciones políticas y electorales. En julio de 2021, además, Campos fue sustituido por Pilar Llop y la propuesta de reforma fue guardada en un cajón cuando ya estaba concluida y perfeccionada.

Se da la circunstancia de que Llop respondió sobre estos delitos en su examen oral de oposición a jueza hace años. Es decir, el texto está listo si el Gobierno quiere abordarlo.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó este miércoles en rueda de prensa, tras la reunión de la Mesa de diálogo, que "no hay mayoría suficiente" para sacar adelante esa reforma.

Sin embargo, con un simple cálculo y con las propias declaraciones públicas de los portavoces parlamentarios, puede concluirse que esa reforma legal podría llegar a 190 votos, aunque sólo se precisan 176 de la mayoría absoluta como Ley Orgánica que es.

Le quedaría al Gobierno negociar con los grupos los detalles, porque algunos son partidarios de eliminar esos delitos, mientras que el Gobierno no quiere suprimirlos, sino adecuarlos a otros estados europeos.

Más votos que los PGE

Han mostrado su disposición a abordar la reforma ERC, Junts, PDeCAT, Más País, PNV, Bildu, Compromís y, obviamente, Unidas Podemos y PSOE. A falta de conocer la opinión de BNG, CUP, Teruel Existe y Coalición Canaria, sólo estarían en contra PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y Navarra Suma.

Si fuera así, sería de las reformas legales con más apoyo parlamentario de la legislatura. Más incluso que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (189 votos a favor) y de 2022 (casi los mismos, 188).

Otra cosa es la ya mencionada oportunidad política que, según el acuerdo anunciado ayer por el Gobierno y la Generalitat, debe resolverse antes de final de año. Por eso, ahora se inicia la negociación discreta sobre la reforma de esos delitos.