La crisis en el seno del gobierno autonómico de Cataluña es total. Sólo un hilo fino mantiene unidos a ERC y Junts, y es precisamente el único punto por el que, además, compiten: el independentismo, la apuesta por la secesión, la hegemonía separatista. Dos motivos han terminado de saltar las costuras esta semana: la Mesa de diálogo y el llamado caso Borràs.

Líderes de Junts como el expresident Quim Torra llamaron a la "ruptura" del Govern tras la decisión de la Mesa del Parlament, este jueves, de suspender a Laura Borràs como diputada y presidenta del Parlament.

El motivo aducido por sus socios de ERC, además de por los Comuns y el PSC y la CUP -mayoría en la Mesa de la Cámara- es que la presidenta del partido fundado por Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española, ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.

Las acusaciones más virulentas no tardaron en cruzarse entre los dos partidos que lideran el independentismo. Junts, la herencia burguesa de la vieja Convergència, no comparte espectro ideológico en nada más ni con Esquerra ni con la CUP (antisistema).

Tras una hora y 45 minutos, la Mesa del Parlament votó la suspensión de Borràs en su ausencia. La afectada había salido de la sala para no participar en la votación, por obvio conflicto de intereses. El resultado: cinco votos a favor de PSC (2), ERC (2) y CUP (1) y el voto en contra de la representante de JxCat, Aurora Madaula.

"A cambio de nada"

Así, ya sólo la apuesta por la ruptura con España los mantiene unidos en la coalición de Gobierno... salvo porque fuentes de Junts señalan que ya ni eso ocurre, "tras la renuncia expresa a la unilateralidad de ERC" en la Mesa de diálogo con el Gobierno de España, celebrada este miércoles en Madrid.

"No se puede entender de otra manera el texto que signaron en Moncloa", explica a este diario un diputado de Junts.

Joan Ignasi Elena, Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, Laura Vilagrà, Miquel Iceta, Natàlia Garriga, Yolanda Díaz y Roger Torrent, en Moncloa. Efe

Uno de los dos documentos que salieron de la tercera reunión de este foro -que aunque se supone que reúne a los dos Gobiernos y lo inauguró un president de Junts, el ya citado Torra, sufre el boicot de este partido- fue el Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías. Y en él se proclama el compromiso "de conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos".

En opinión de los dirigentes de Junts, aunque se incluya "también la eventual mejora" de esos procedimientos, se insiste en el texto en que se hará siempre "en base a los procedimientos de reforma establecidos" en las leyes vigentes, en el Estatut y en la Constitución, se entiende.

"Además es que renunciaron a cambio de nada", expresa este diputado. "¿Qué es eso del Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana", se pregunta, "si esa ley ya la había votado el PSC?". Para los dirigentes postconvergentes, "es vender como un logro algo que ya existía... el PSOE ya lo asumía como propio".

"¿Qué es desjudicializar?"

Por otro lado, y a pesar de que JxCat no cree en que la mesa "vaya a tener ninguna utilidad, porque para negociar algo hace falta que haya voluntad de ceder", sus líderes se preguntan "cuándo apareció el concepto ése de la desjudicialización". Y, añaden, "qué significa". 

Según explican, con conocimiento porque Junts fue fundadora de esa Mesa, "el foro se constituyó para negociar la autodeterminación y la amnistía... y ahora, ERC nos quiere vender el logro de algo que no se buscaba, la desjudicialización". En Junts quieren conocer si, de verdad, se va a retirar la Abogacía del Estado y la Fiscalía de "los cientos de juicios que siguen pendientes por persecución al independentismo".

De hecho, este mismo jueves, el parlamentario Josep Pagès aprovechaba la comparecencia de Álvaro García, designado como nuevo fiscal general del Estado, en el Congreso. En la sesión de audiencia, Pagès preguntó expresamente al sucesor de Dolores Delgado si frenará "la persecución" a los encausados separatistas.

Josep Pagès, diputado de Junts per Catalunya, en la tribuna del Congreso. EP

El candidato a la Fiscalía evitó contestar: "No puedo hablar de temas que están judicializados. Ni de los futuros indultos o no, ni de los cambios legislativos, que no nos corresponden. Siguiendo la ley, no nos equivocamos", se limitó a reponer.

En su intervención, Pagès le expuso su propio ejemplo, como acusado, procesado, absuelto... y vuelto a imputar por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del referéndum ilegal del 1-O. El diputado, profesor universitario de derecho, formaba parte junto a otros cuatro académicos, de aquella especie de junta electoral de la consulta, que verá su juicio de hace un año repetido por orden excepcional de la Audiencia de Barcelona, tras salir absueltos.

"¡Ya es suficiente!", expresó Pagès, refiriéndose a "eso de la desjudicialización del conflicto", acordada en la Mesa de diálogo. "Nos mantienen en una situación de auténtica inseguridad jurídica".

Las fuentes consultadas en Junts preguntan en alto a sus compañeros de ERC en el Govern y les ponen este caso, que data de la semana pasada, para preguntar si "esto que hace el Estado se parece en algo a la desjudicialización" que se firmó en Moncloa.

Aragonès: "No mezclar"

Así, si ya había poca confianza entre socios, ésta se podría haber agotado. Aun así, el president Pere Aragonès negaba que la suspensión de Laura Borràs afecte de algún modo al futuro del Govern. "No tengo información de ningún miembro del 'Govern' que crea que no hay que seguir trabajando con la misma confianza", alegaba el líder republicano.

"Lo que necesita el país es un Govern estable que pueda seguir trabajando", afirmó Aragonès en una declaración pública... en la que no dejó pasar, tampoco, la oportunidad de señalar el victimismo de la acusada: "Mezclar un juicio por corrupción con la lucha por la independencia de Cataluña, desde mi punto de vista, no es aceptable. Más allá de la retórica, están los hechos; se ha aplicado el reglamento de Cataluña como está previsto para casos como éste", añadió, en referencia ala votación de la Mesa del Parlament.

"No se puede intentar mezclar carpetas. Se juzgarán en el juicio delitos vinculados a la corrupción. No se puede intentar tapar eso con el argumento de la lucha por la independencia de Cataluña. De hecho, la independencia la queremos para construir un país con instituciones libres de corrupción", concluyó.