Ciudadanos y el Partido Popular han presentado este viernes un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Govern catalán que elimina el 25% del castellano en los colegios y que tiene el respaldo del Gobierno central. 

Se trata del primer gran acuerdo de la era Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas. Ambos mantuvieron una reunión a principios de junio, antes de las elecciones andaluzas, para avanzar en esta cuestión después de la ley aprobada por el Parlament que impide ejecutar la sentencia del TSJC que fija una cuota de, al menos, un 25% de castellano en las aulas de Cataluña. 

Tanto Edmundo Bal como Cuca Gamarra llevan varias semanas trabajando en este recurso de inconstitucionalidad. En el equipo de Arrimadas hay "mucha satisfacción" por este acuerdo. 

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, fue Inés Arrimadas la que tomó la iniciativa ofreciendo al PP, que no tiene grupo propio en el Parlament, sumarse al recurso de Cs frente al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y que el Feijóo contara con ellos para poner marcha, vía sus grupos parlamentarios en el Congreso, el recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

Invade competencias

En el escrito presentado al Constitucional, de 20 folios, se destaca, entre otras cuestiones, que el decreto invade competencias estatales y que ninguna comunidad autónoma puede decidir expulsar una lengua cooficial de su sistema educativo. 

Informan estas fuentes que el recurso no pone en cuestión la competencia autonómica de la enseñanza, pero sí se deja claro que esa competencia no puede confundirse con el uso de las lenguas cooficiales.

Otro de los puntos versa sobre la vía utilizada por el Parlament para sortear el 25% del castellano en Cataluña, el decreto. El uso del decreto, según argumentan PP y Cs, se utiliza para situaciones extraordinarias y de urgente necesidad, algo que no se ajusta con esta cuestión, ya que no existe urgencia porque el curso escolar comienza en septiembre y siempre es así. Por tanto, este decreto se redactó con un solo objetivo: sortear la sentencia del TSJC.

En el documento las dos formaciones incluyen también las declaraciones del conseller de Educación, Josep González-Cambray, que aseguró que el Govern no iba a cumplir la sentencia porque "la sentencia del TSJC es imposible de ejecutar". 

Fue el pasado 8 de junio cuando el Parlament aprobó, con los votos de PSC, ERC, Junts y 'comuns, aprobó la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en la que se deja claro que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular, y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes.

Esta iniciativa llegó al pleno después de que el TSJC, a principios de mayo, ordenara a la Conselleria de Educación la ejecución, en un máximo de 15 días, de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

El Gobierno apoya el decreto

Tras varios avisos del TSJC al Govern para aplicar esta norma, este miércoles el Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el Parlament que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas. También se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite. 

Además, se abre la puerta a revisar el reglamento del Senado para que los parlamentarios puedan utilizar todas las lenguas cooficiales en sus intervenciones en la Cámara Alta. El Gobierno también va a solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso y facilitará la incorporación de miembros de la Generalitat en las delegaciones a foros internacionales que traten políticas lingüísticas.

Ante esta situación, y a poco más de un mes para el inicio del curso escolar, el TSJC pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el decreto y las dos leyes con las que el Govern trató de "bloquear" el 25% de castellano obligatorio en las aulas.

En un duro auto fechado este jueves, los jueces consideran que "la voluntad" del Gobierno catalán y del Parlamento regional fue, de forma "inequívoca", la de "bloquear la aplicación de la sentencia" que consagra el 25% de español en las aulas. 

"Y, con ella, la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables", concluye el tribunal, que sospecha que esta actuación pueda constituir un "fraude de ley".