El Gobierno de Sánchez abusa de una vía para legislar que evita trámites, informes y garantías

Esto ocurre cada vez más en esta legislatura y como en ninguna otra anterior. En las últimas semanas, se ha repetido esta situación en asuntos de especial trascendencia, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder renovar el Tribunal Constitucional y con la norma que regulará los nuevos impuestos que se aprobarán contra las empresas energéticas y los bancos, entre otras.

¿Qué se consigue por esa vía? No es inocente la decisión, porque utilizando esta vía, el Gobierno consigue agilizar notablemente la tramitación y aprobación de las reformas legales y, además, evita trámites como que haya que solicitar informes no vinculantes a organismos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, entre otros.

De esa forma, se garantiza la rapidez y no tendrá informes contrarios a sus propuestas legales. Ese trámite de consulta está previsto precisamente para evitar errores en las normas e incorporar otra mirada a los textos que elabore el Gobierno.

No hay obligación de incorporar las sugerencias, pero se exige que los proyectos de ley pasen dos veces por el Consejo de Ministros y antes por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es donde se discuten realmente los proyectos de ley.

Al tramitarlo como proposición de ley del Grupo Socialista, se evitan esos trámites y esas garantías.

En el caso de la norma que aplicará los nuevos impuestos a empresas energéticas y bancos, es previsible que los afectados presenten recursos ante los tribunales. Para defender esas normas en dichos procedimientos, el Estado no podrá invocar ninguno de esos informes, ni las empresas que recurran podrán utilizar hipotéticas objeciones de esos órganos consultivos.

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En este caso, ha sido muy evidente que el texto ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda y remitido por el Gobierno al Grupo Socialista para su presentación en las Cortes con el de Unidas Podemos. Tan evidente como que Hacienda celebró un encuentro con periodistas para explicar la norma, mientras la presentaban en el Registro del Congreso los portavoces del PSOE y Unidas Podemos.

Es decir, hay una utilización de medios del Estado en favor de los grupos, mientras que el resto de partidos con representación parlamentaria deben usar sus limitados recursos para elaborar sus proposiciones de ley.

La ley establece tres vías de impulso del proceso legislativo: el Gobierno con proyecto de ley, los grupos con proposiciones y los parlamentos autonómicos con proposiciones. Además de las iniciativas legislativas populares.

Esta distinción está claramente establecida en los artículos 87, 88 y 89 de la Constitución y se desarrolla en la Ley del Gobierno y en el reglamento del Congreso.

Informes no vinculantes

Si el Gobierno utiliza la vía prevista para los grupos se produce una especie de fraude de ley, en el sentido de que no se incumple la ley, pero se logra un efecto diferente al exigido por el legislador, que prevé un camino más largo para mejorar el resultado.

En el análisis que los letrados del Congreso hacen de esos artículos de la Constitución se explica que "el artículo 26 de la Ley del Gobierno regula la elaboración de los anteproyectos de ley, cuya redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. Se debe sustanciar una consulta pública, a través del portal web del departamento competente en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas".

Ese trámite no se cumple cuando el Gobierno usa la vía de impulso legislativo prevista para los grupos parlamentarios.

También el Reglamento del Congreso en sus artículos 109 y 124 diferencia las dos vías que el actual Gobierno confunde habitualmente.

Rajoy y Zapatero

En anteriores legislaturas era muy extraño que el Gobierno utilice la vía de las proposiciones de ley para normas elaboradas por los ministerios. Se utilizó cuando eran normas pactadas por numerosos grupos parlamentarios, por ejemplo, el pacto antitransfuguismo o las medidas contra la violencia machista. Pero era extraordinaria esta situación.

En el caso de los nuevos impuestos, la proposición de ley la firman dos grupos (PSOE y Unidas Podemos), pero los dos están en el Gobierno, en cuyo Consejo de Ministros y Comisión de Secretarios de Estado están representados ambos.

En lo que va de legislatura, el Grupo Socialista ha presentado 22 proposiciones de ley y sobre asuntos tan trascendentes como la eutanasia, que fue finalmente aprobada y que no tuvo el trámite de garantías del proyecto de ley.

En la legislatura del 2011 al 2016, cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PP presentó sólo cinco proposiciones de ley y una de ellas fue retirada. Es decir, en menos tiempo, el Gobierno del PSOE ha usado esa vía más de cinco veces más que el de Rajoy.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero usó esta vía 13 veces entre 2008 y 2011, pero siete de ellas estaban justificadas porque eran pactos con otros partidos suscritos en el Congreso. Es decir, también muchas menos veces que el actual Gobierno.

Más evidente fue en la legislatura de 2004 a 2008, en la que el PSOE sólo presentó cuatro proposiciones de ley y siempre por acuerdo con otros grupos. Es decir, no usó nunca las proposiciones de ley para legislar desde el Gobierno.