El plan de residencias del Ministerio de Ione Belarra afectará a menos del 30% de las familias españolas

Belarra obtuvo una victoria pírrica el pasado 28 de junio, al lograr que el Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobara, por un solo voto de diferencia, su documento de Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Unidas Podemos había anunciado que uno de los objetivos de este plan es "acabar con el modelo de macrorresidencias de ancianos": tras su entrada en vigor, las nuevas residencias que se abran tendrán una capacidad máxima de 75 plazas si se encuentran ubicadas en el medio rural, 90 plazas si están en zonas densidad media de población y 120 plazas si se encuentran en grandes ciudades.

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Sin embargo, el artículo 17.3 del Reglamento del Consejo Territorial de Servicios Sociales, aprobado el 1 de marzo de 2018, estable que sus acuerdos no serán de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que voten en contra.

Por tanto, sólo estarán obligadas a aplicar el plan de residencias de Ione Belarra las diez comunidades autónomas que votaron a favor de su aprobación, todas ellas gobernadas por el PSOE: Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.

En cambio, han quedado liberadas de aplicar este documento las nueve regiones que votaron en contra en el Consejo Territorial: Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Ceuta.

La iniciativa de Ione Belarra también recibió el rechazo de los sindicatos UGT y CCOO (por considerar que no asumió ninguna de sus propuestas de "mejora de la calidad del empleo") y de las cuatro grandes patronales del sector: AESTE, ASADE, CEAPS y Federación Empresarial de la Dependencia (FED).

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"Este plan se había anunciado como la gran iniciativa estrella del Ministerio de Derechos Sociales para esta legislatura", señala el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, "pero nace muerto, porque sólo se podrá aplicar en diez comunidades que apenas suman el 28,6% de la población. No puede considerarse precisamente un éxito".

La FED rechazó la propuesta, entre otros motivos, porque carece de una memoria económica que garantice su viabilidad: "Es un salto al vacío, porque desconocemos qué consecuencias va a tener su aplicación, es una irresponsabilidad", apostilla Fernández-Cid.

Ignacio Fernández-Cid, el presidente de la patronal de las residencias. EL ESPAÑOL

La ministra Belarra accedió a introducir algunos cambios en su plan, después de que la mayoría de las comunidades autónomas se opusieran a su aprobación, en el primer intento de sacarlo adelante en el Consejo Territorial.

En un principio, pretendía que el límite de plazas se aplique de forma retroactiva, tanto a las residencias ya existentes como a las que se encuentran en fase de construcción (que suponen otras 38.500 plazas), a las que se otorgaría un plazo de varios años para adaptarse.

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Finalmente, estas residencias no estarán sometidas al techo máximo de 120 plazas (o de 75, si se encuentran en pequeñas poblaciones), pero sí deberán adaptarse a otro de los criterios impuestos: deberán dividirse en unidades de convivencia de un máximo de 15 plazas, cada una de ellas dotadas con sus propios servicios, como salón, cocina y comedor.

La Federación de Dependencia denuncia que este modelo multiplicará los gastos de gestión y personal de los establecimientos, que además deberán acometer elevadas inversiones para adaptarse. 

Las comunidades autónomas abonan a las residencias concertadas una medida de 54 euros por plazas y día, cuando su coste real supera los 170 euros. La FED considera que el plan de Ione Belarra disparará en un 50% el coste real de las plazas: si hoy ronda los 2.000 euros al mes en las residencias privadas, puede dispararse ahora hasta los 3.000 euros.

Este incremento de costes amenaza la viabilidad de buena parte de las empresas del sector. La FED considera que el plan de Belarra intenta imitar el modelo de los países nórdicos, como Suecia y Noruega, que no sólo tienen un nivel de renta muy superior al de España, sino que destinan a dependencia entre 2 y el 3% del PIB (y nuestro país, sólo el 0.9%).

Garantizar la libre elección

El modelo de unidades de convivencia que busca reproducir el ambiente propio de un "hogar" está tomado de Alemania, donde estas unidades están formadas por 25 internos. "Nos parece un buen modelo", señala Fernández-Cid, "pero el Ministerio no ha hecho público ningún cálculo que acredite que será viable en España con sólo 15 plazas", lo que sume a las empresas del sector en la incertidumbre.

Los cambios introducidos por el equipo de Belarra le permitieron sumar los apoyos suficientes para aprobar el plan: Extremadura, que se había opuesto inicialmente al documento, pasó a apoyarlo. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García Page, es el único ejecutivo socialista que ha mantenido su rechazo al plan.

Una anciana, en el interior de una residencia de Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Derechos Sociales no aceptó una de las principales reivindicaciones de la Federación de Dependencia: garantizar la libre elección de residencia, independientemente de su modelo de gestión (pública, concertada o privada).

Hay ancianos que viven en la ciudad y que, a la hora de retirarse a una residencia, quieren regresar a su pueblo natal, o bien prefieren hacerlo en un centro situado en la costa, argumentan desde la FED. Si para ello tiene que recurrir a una ayuda pública, no podrá elegir el centro en el que va a ingresar, advierten desde la Federación.

Llega el 'baby boom'

En la actualidad en España hay 290.000 plazas privadas de residencias de ancianos. De ellas, 190.000 son concertadas (es decir, subvencionadas parcialmente por la Administración), mientras que las 100.000 restantes son completamente privadas.

Pero la Federación Empresarial de Dependencia mantiene una de sus principales críticas: este plan no va a ayudar a hacer frente al momento, cada vez más cercano, en el que la generación del baby boom acceda a la jubilación.

Según las estimaciones del sector, España tiene un déficit de 75.000 plazas para atender una población cada vez más envejecida, que va a ser más acuciante cuando los babyboomers intenten acceder a las residencias de ancianos. El encarecimiento del sistema que supone el plan de Ione Belarra, que amenaza la viabilidad económica de las empresas del sector, va a impedir atender el crecimiento de la demanda de plazas.