España se va a convertir en el primer país de Europa en el que la videovigilancia de los mataderos va a ser una obligación para luchar contra el maltrato animal.
La propuesta legislativa, que fue aprobada este martes en el Consejo de Ministros, debe cumplirse antes del 2025 y convierte en obligatorio algo que, hasta ahora, era voluntario.
El Real Decreto estima que en España hay unos 700 mataderos que necesitarán de este sistema de videovigilancia, que tiene un coste medio de 4.500 euros y obliga a contratar un servicio de mantenimiento de los equipos.
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La finalidad última del Real Decreto de Videovigilancia en los mataderos es instalar cámaras que graben la actividad de estas instalaciones mediante un circuito cerrado de televisión.
El sistema debe estar instalado tanto en las zonas en las que haya animales vivos como en los muelles de descarga y en las salas de despiece, aturdimiento y ejecución del animal.
Imagen de archivo de un matadero.
Por tanto, sólo quedan libres de esta red de cámaras las zonas de espera de los camiones (se grabará la descarga) y los lugares de descanso de los trabajadores, como los vestuarios, aseos o comedores.
Según explica el borrador del Decreto, la descarga en matadero es "una etapa especialmente estresante del transporte" que requiere un manejo específico para minimizar este estrés y para evitar que los animales se lesionen. Por ello se vigilará esta zona aunque, en un primer momento, no estaba contemplada.
La norma, impulsada por el Ministerio de Consumo, tiene el aval de los veterinarios y avanza hacia un proyecto de etiqueta verde en el sector cárnico.
Etiqueta 'verde'
Hasta ahora, la normativa española y europea es de las más exigentes del mundo y, según el sector, se cumple por todas las empresas. Cuando se han conocido vídeos de malas prácticas en mataderos ha sido la propia industria cárnica la primera en denunciarlo.
Cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció su iniciativa durante una comparecencia en la Comisión del Congreso, puso en valor que se hacía "para cumplir la normativa que es demandada por el sector, por la patronal, por las asociaciones de la sociedad civil y que es absolutamente necesario para mejorar también el bienestar animal".
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La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), han insistido en que las empresas alimentarias, y las cárnicas en particular, son las primeras interesadas en el bienestar de los animales.
"Como prueba" de ello, Anice adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras en los mataderos para supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio.
Cumplir todos estos propósitos de bienestar animal no sólo es una forma de mejorar la imagen que se ha tenido socialmente de los mataderos. En muchos casos, se han puesto en marcha distintivos de 'Compromiso Bienestar Certificado'. Se trata de etiquetas que aportan calidad y distinción al producto en el lineal de supermercado.
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El más exigente de la Unión Europea es INTERPORC, que avala las buenas prácticas en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena de valor del porcino de capa blanca español, garantizando al consumidor que el producto se ha elaborado con las máximas garantías en estos aspectos.
Tal y como adelantó este diario, Consumo considera que, como término medio, será necesaria la "instalación de cuatro cámaras, la adquisición de un disco duro y sistema de grabación.
Estimación de las cargas administrativas anuales que deberán pagar todos los mataderos de España.
Además, el Gobierno también realiza un balance de otro tipo de gastos derivados de las obligaciones administrativas que tienen estos sistemas de vigilancia. Así, en una tabla resumen, apuntan a un coste de unos 612.500 euros en trámites administrativos entre el total de las 700 explotaciones a las que se dirige esta ley.
Correspondientemente, el gasto aproximado de poner este tipo de sistemas de vigilancia podría llegar a alcanzar los casi 7.000 euros en su primer año. Unos 875 euros de trámites administrativos anuales (que habría que pagar de forma periódica) y los 6.000 de instalar las cámaras.