Llop elude una citación de Bruselas para responder sobre el CGPJ: ofrece comparecer más adelante

Es más, según fuentes oficiales consultadas por EL ESPAÑOL, Moncloa no mandará a ningún representante a pasar un examen que, previsto para el pasado mes de julio, ya se retrasó dos meses con la esperanza de que, a la vuelta del verano, se pudiera celebrar "en otras circunstancias", según las fuentes consultadas en la Eurocámara. Es decir, que PSOE y PP hubieran llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o incluso para un Pacto de Estado por la Justicia.

Entonces, el partido de Alberto Núñez Feijóo preparaba este documento. Así parecían haber quedado en las conversaciones entre el ministro Félix Bolaños y el interlocutor popular, Esteban González Pons. Pero PSOE y Unidas Podemos no esperaron a la propuesta e impulsaron una contrarreforma urgente de la Ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, caducado un par de semanas antes, y se rompieron (una vez más) las negociaciones.

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Este lunes, en la última reunión celebrada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) de la Eurocámara, ninguno de sus vocales sabía aún si el Ejecutivo de Pedro Sánchez había siquiera respondido a la convocatoria, enviada antes del receso veraniego.

Según ha podido confirmar este diario por varias fuentes, el pliego incluía ya un orden del día detallado, con las preguntas que le plantearían a la ministra los 14 miembros del subcomité.

Bajo el nombre de Grupo de seguimiento sobre Democracia y Derechos Fundamentales (DFRMG, por sus siglas en inglés), el subcomité está formado por dos representantes de cada grupo político. De hecho, a él pertenecía en nombre del EPP (Partido Popular Europeo), hasta hace unos meses, Roberta Metsola, ahora presidenta del Parlamento de Bruselas.

"Poco respeto"

La reunión está convocada a puerta cerrada, para respetar la libertad del debate y "no hacer espectáculo de asuntos que son graves", en palabras de uno de sus integrantes. El mismo que lamenta "el poco respeto a la dignidad del Parlamento Europeo que demuestra el Gobierno español" al no responder a la citación. "Es muy poco hábil, sobre todo teniendo la Presidencia del Consejo en menos de un año", añade.

Pero alguien sí sabía que Llop no acudirá. En realidad, la ministra ya había contestado a la presidenta de la subcomisión, la liberal Sophie in 't Veld, con copia al presidente de la comisión, Juan Fernando López Aguilar (también socialista, y exministro de Justicia), a través de una carta a la que ha tenido acceso este periódico.

"Lamentablemente, no me va a ser posible intervenir ni manera presencial ni virtualmente", aducía la ministra en la misiva. Pero no explicaba las razones para desatender la convocatoria, sólo 24 horas después de la apertura solemne del Año Judicial, que este miércoles revivirá el bloqueo de las instituciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP.

Eso sí, la ministra se ofrecía a comparecer "en una fecha próxima", aunque cambiando las condiciones. Es decir, no ante el foro que la convocaba, sino ante "todos los miembros de la comisión LIBE". Además, aducía que "no todos los ámbitos" que se le inquirían "son competencia" de su Ministerio.

Fuentes de su departamento explican a este periódico que, efectivamente, se "mantienen conversaciones" para dar las explicaciones pertinentes, pero en una comparecencia más al estilo de las comisiones parlamentarias españolas, ante los 67 miembros titulares. Y siempre que "se acuerde entre las dos partes". Fuentes del Parlamento Europeo señalan que esto no será antes del mes de diciembre.

Tres suspensos

Dirigentes del PSOE hacen hincapié, en conversación con este periódico, en que "el Gobierno no tiene nada que ocultar" y que por eso prefiere "una comparecencia a puerta abierta". Pero otra eurodiputada de LIBE, la liberal Maite Pagaza, critica estos "enredos e imposturas" que se prolongan por "casi cuatro años" y han merecido "las continuas amonestaciones de la Comisión Europea a España".

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Este examen a nuestro país es el que inaugura el curso político en la Eurocámara, que es la encargada del control y debate político posterior a la publicación del informe firmado el pasado 13 de julio por Didier Reynders, comisario de Justicia.

En aquel documento de evaluación sobre el Estado de derecho en España, Bruselas volvió a sacarle los colores a nuestro país. Desde que, al inicio de esta legislatura comunitaria, la Comisión tiene el mandato de examinar a los Estados miembros de la UE, nuestro país ha suspendido todos los exámenes.

En el último informe, se señalaba (de nuevo) la necesidad de reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, algo que requeriría que su mandato no coincida con el del Gobierno de turno. Precisamente, este martes Sánchez felicitaba en Moncloa al nuevo titular del cargo, Álvaro García Ortiz, designado por él mismo en sustitución de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, de quien era su mano derecha.

Pero el informe hacía especial hincapié en el bloqueo a la renovación del CGPJ y a la negativa del Gobierno a cambiar la ley para que al menos la mitad de los miembros, los vocales jueces, sean "elegidos por sus pares".

Precisamente, fuentes de toda solvencia de la comisión LIBE recuerdan a este periódico que Moncloa "ya sabe que leyes como las que se hicieron en los años 80 hoy no serían admisibles".

La referencia a la reforma de 1985 es clara. Entonces, el primer gabinete del socialista Felipe González cambió el sistema de elección de los miembros del gobierno del Poder Judicial para que todos sus integrantes fueran elegidos por el Parlamento.

"Hoy la Comisión y el Parlamento tenemos atribuciones para vigilar y sancionar", recuerda la citada fuente. "Y aunque las deficiencias españolas no son sistémicas, el bloqueo sostenido está minando la credibilidad de las instituciones españolas". De hecho, López Aguilar incide en que "el único culpable de este bloqueo es el PP, que quiere volver al poder con el Consejo intacto... una mayoría conservadora que responde la composición parlamentaria que no existe desde 2015".

Sin embargo, el popular Javier Zarzalejos recuerda a EL ESPAÑOL que "las maniobras del PSOE y Unidas Podemos que llegaron incluso a presentar un proyecto de ley para rebajar las mayorías parlamentarias y asaltar el CGPJ, nos habrían puesto al nivel de Polonia y Hungría". Es decir, ante "un procedimiento de sanción grave por incumplimiento de los principios y valores fundacionales de la UE".

En este contexto, son varios los miembros de LIBE que no se creen el supuesto deseo de transparencia del Gobierno, al preferir una comparecencia pública de Llop. Y señalan como prueba el ocultismo de Moncloa al desatender la citación del Parlamento Europeo, "sin mandar siquiera un secretario de Estado" este jueves a Bruselas.